La consejería de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, instó ayer al Ayuntamiento de Córdoba a «continuar para adelante con la tramitación del Plan Especial de la Carretera de Palma del Río», que contempla la legalización de más de la mitad de las naves levantadas de manera ilegal por el empresario Rafael Gómez en las antiguas instalaciones de la fábrica lechera Colecor.
Así lo manifestó, en declaraciones a los periodistas, la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, quien afirmó que «la voluntad política que mueve tanto a la Consejería de Obras Públicas, como a la Delegación en Córdoba de dicha área administrativa andaluza, es resolver este plan cuanto antes y en el marco de la legalidad».
Prisas de Aguilar
Premura en la que coincidió con el propio alcalde, Andrés Ocaña, que pidió la pasada semana llegar a un acuerdo «razonable para todos» con el fin de acabar con el «culebrón» de las naves.</MC> Sobre esta edificación pesa una sanción urbanística de 24,6 millones de euros.
Preguntada sobre la posibilidad de que la Junta llevara el asunto a los tribunales en caso de que la Gerencia Municipal de Urbanismo no tomara en cuenta las directrices del texto—como así ha ocurrido—, la ex regidora de Córdoba contestó con cierta suspicacia que «el documento es preceptivo y dice aquello que debía decir y plantear, pero es el Ayuntamiento quien debe proceder a la aprobación de este plan».
A lo que hay que añadir que los cambios de este segundo proyecto de reordenación urbanística de las naves de Colecor fueron negociados entre la Consejería y el gobierno local. La vía judicial se disipa por cuanto la consejera quiere dar carpetazo a este polémico asunto, que arrastra de su gestión anterior como alcaldesa, «cuanto antes». Un recurso judicial significaría volver a enmarañar este asunto, a pesar de que el informe de la Delegación en Córdoba es de tan contundente que una reacción así no resultaría contradictoria.
De acuerdo con el plan municipal, el empresario de Cañero mantendrá el 60 por ciento de su almacén de venta al por mayor y sólo demolerá 15.000 metros cuadrados. Hay que recordar que las naves se construyeron sin licencia en la etapa de Rosa Aguilar como alcaldesa y que nunca llegó a precintarlas pese a emitir varias órdenes de paralización.
PP no conoce el informe
Por su parte, el PP cargó ayer con</MC>tra el presidente de la Gerencia, Francisco Tejada, por «el oscurantismo, falta de respeto e higiene democrática» porque no ha hecho llegar al grupo popular en el Ayuntamiento el informe de la Junta sobre el plan.
Así lo denunció el concejal popular Luis Martín quien, además, manifestó que «la impresión que tenemos es que se está haciendo un engranaje con Obras Públicas, por eso Aguilar ha dicho que se siga para adelante».
«Es necesario conocer el informe y decidir si se va a adoptar o recurrir algún requerimiento del mismo», concluyó Martín.
