Si en algo se han puesto de acuerdo Junta y Ayuntamiento, pese a las suspicacias que despierta el polémico plan para legalizar las naves de Colecor —o lo que es lo mismo, PSOE e IU—, es en la consigna de zanjar esta patata caliente lo antes posible.
La máxima que impera en ambos partidos y que sus dirigentes no se cansan de repetir es que ha llegado la hora de finiquitar este asunto a ser posible con leves retoques que no distorsionen el espíritu del plan municipal, y dar así por muerto y enterrado este molesto tubérculo que, a más se mueva, más huele a podrido. A ninguno le conviene. A IU, porque el problema surgió bajo su gestión y le corresponde resolverlo, pero tampoco el PSOE desea que este tema siga acaparando titulares hasta más allá del invierno, con unas elecciones a la vuelta de la esquina donde aún juegan la baza de que el PP no saque mayoría y puedan sumar votos en un pacto. La pirueta del PSOE se explica por que cuenta ahora entre sus filas, como consejera de Obras Públicas —para mayor inri—, con la ex alcaldesa que dejó que el rumboso constructor Rafael Gómez levantara a plena luz del día los más de 40.000 metros cuadrados de naves sin que mediara un permiso. En manos de Aguilar está que esta patata caliente siga viva o cortar por lo sano, amparándose en que el informe de su delegado, Francisco García, no es vinculante.
Lo primero es harto improbable, teniendo en cuenta que ya ha dejado claro que agotará la vía —ripio habitual en ella— del consabido diálogo, como medio y fin en sí mismo antes de ir al juzgado.
Bajo ningún concepto conviene que Colecor se convierta de nuevo, como en 2007, en arma arrojadiza en la campaña electoral, con la erosión que ello produjo en la imagen de la regidora. Pero también el candidato «in pectore» de IU, Andrés Ocaña, huye de cualquier asociación con la figura, tan controvertida, de Rafael Gómez, quien aún tiene cuentas pendientes con el Ayuntamiento, que, tras el último fallo del TSJA, debe iniciar los trámites para cobrar la multa de 24,6 millones de euros que pesan sobre las naves de la antigua cooperativa lechera. El Alto Tribunal negó al empresario de Cañero la suspensión cautelar del pago, que solicitó mediante un recurso.
Multa y «Caso Malaya»
En este sentido, la Corporación local puede darle un balón de oxígeno al empresario para rebajar el importe de la sanción hasta en un 75% debido a que, paralelamente, ya está tramitando el plan especial que reordena los usos en todo el ámbito donde se encuentran las naves, y al que le seguirá la presentación de un proyecto de actuación específico para que logren el salvoconducto legal.
Por si fuera poco, el propietario de Arenal 2000 afronta este mes la recta final de su via crucis judicial por su imputación por un supuesto cohecho en la «Operación Malaya». El día 27 está citado a declarar en la Ciudad de la Justicia de Málaga, si bien el juzgado ya le ha devuelto la totalidad de la fianza que pagó en 2006 para dejar la cárcel.
