Lo más sustancioso que dejó ayer la reunión que mantuvieron los portavoces de IU, PP y PSOE fue la foto. No es habitual que cogobierno y oposición se sienten en torno a la misma mesa para negociar el expediente de ordenanzas fiscales. Hubo un amago de acuerdo al principio del mandato que terminó naufragando. Esta nueva intentona tampoco va por mejor camino, aunque en la primera toma de contacto unos y otros no cejaron en sus declaraciones de intenciones.
Pero una cosa es la forma y otro el fondo. En el fondo, gobierno y oposición mantienen posiciones contrapuestas respecto a los impuestos y tasas para el próximo año.
Al término de la reunión, el portavoz municipal del Partido Popular, José Antonio Nieto, aseguró que si se mantiene la subida actual propuesta por el gobierno de entre el 1,5 y 1,9 por ciento dependiendo de los tributos, su partido votará en contra del expediente de ordenanzas fiscales. Su apuesta pasa por la congelación de todos impuestos y un recorte más drástico de los gastos para no castigar más el bolsillo de las familias.
Presión fiscal
«Creemos que en cuatro años la presión fiscal ha subido casi 5 puntos, que es la diferencia entre las ordenanzas fiscales y el IPC», aseguró Nieto. Para el dirigente popular, «ya es hora de invertir esta tendencia y de que en lugar de aplicar subidas de impuestos, el Ayuntamiento sea más austero y responsable en la gestión de los servicios».
El edil del PP justificó su postura en que todos los alcaldes de su formación, salvo el de Granada, han optado por congelar impuestos y recordó que en Sevilla la subida será sólo del 0,8 por ciento.
No obstante, Nieto planteó la posibilidad de abstenerse en las ordenanzas siempre que se llegue a un punto intermedio de acuerdo, a mitad de camino entre la congelación y el 1,5 por ciento que promueve el Consistorio.
Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Rafael Blanco, defendió una subida media del 1,47 por ciento destacando que está por debajo del IPC hasta agosto (2%) y se mantiene el criterio de «progresividad». A su juicio, esta actualización es necesaria para mantener los servicios públicos y el empleo.
