IU no las tiene todas consigo para aprobar el plan que dará cobertura a las naves irregulares de Colecor, que prevé el derribo de 15.000 metros cuadrados y permite el uso como almacén de las instalaciones de Rafael Gómez. A las evidentes diferencias que mantiene IU con su socio, el PSOE, para pactar un documento definitivo tras las duras correcciones que ha solicitado la Delegación de Obras Públicas de la Junta, se suman las reservas del Partido Popular.
La oposición, al día de hoy, parece más proclive a una abstención que a un voto a favor, como sucedió con el anterior plan formulado por Gómez, que fue recurrido por la Junta y anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que obligó a hacer otro de hacerlo de nuevo.
El portavoz del PP en el Consistorio, José Antonio Nieto, aseguró ayer que ve «muy difícil» votar a favor del denominado Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, entre otras cosas, por que ni siquiera se le ha facilitado información por parte del gobierno local.
Nieto insistió en que el PP siempre ha defendido «el cumplimiento escrupuloso de la legalidad, que en Córdoba no se castigue la creación de empleo pero nunca a costa de saltarse la ley». Añadió, que si el proyecto que se presenta respeta la ley, «nos da garantías de que está en igualdad de condiciones con otros proyectos de la ciudad y permite la posibilidad de crear empleo, lo estudiaremos con todo el cariño, pero en estos momentos veo muy difícil que el PP pueda votar a favor».
El PSOE, también dividido
Fiel a su tono habitual, el portavoz de IU y presidente de Urbanismo, Francisco Tejada, se mostró esquivo ante las preguntas de los periodistas sobre este asunto, que sigue negociando con el PSOE. La formación socialista está dividida entre atender los requerimientos del informe preceptivo y no vinculante de la Junta o zanjar esta polémica con un nuevo «traje» legal, como ha defendido su secretario provincial, Juan Pablo Durán. Tejada se limitó a puntualizar que «se llevará a aprobación cuando estén concluidos los informes pertinentes». La Junta cree insuficiente la superficie a derribar y discrepa sobre los usos.
Preguntado por lo primero, el presidente de la Gerencia de Urbanismo realizó un hábil movimiento de cintura a la hora de explicar cómo se va a llevar a cabo ese plan limitándose a recordar que tiene que cumplirse lo que determina al respecto el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como una sentencia de 31 de enero de 2008 del TSJA que especifica cuál ha de ser el contenido del plan y su marco.
En este sentido, Tejada aclaró que la sentencia no determina, por ejemplo, cuántos metros cuadrados habría que derribar de las naves de Colecor, sino que más bien determina «lo que debe entenderse también por el concepto de ocupación histórica y si ésta es una limitación para un grado de ocupación determinado». Un aspecto que se presta a interpretaciones. De hecho, el plan municipal ha ampliado el ámbito de ocupación para que sean menores los metros a derribar.
