«No existe obstáculo alguno a que se tramite el nuevo Plan Especial Carretera de Palma con independencia de la sentencia que dicte el Tribunal Supremo». El tenor literal corresponde a un párrafo del informe técnico que el pasado martes sometieron a debate IU, PSOE y PP en el seno del consejo rector sobre la aprobación definitiva del plan que regularizará las naves ilegales de Colecor promovidas por Rafael Gómez.
Este posicionamiento técnico choca de bruces con el acuerdo político alcanzado en Urbanismo, que no es otro que dejar en suspenso la aprobación definitiva del plan especial sin apenas considerar las correcciones de la Junta de Andalucía y aferrándose a que Rafael Gómez retire un recurso de casación interpuesto en su día ante el Tribunal Supremo contra el auto del TSJA de finales de enero de 2008 que anulaba el primer plan especial de esa zona. Es decir, IU y una sola edil del PSOE (la otra representante en Urbanismo no acudió a la sesión por supuesta enfermedad), más la abstención del PP, apoyaron seguir adelante con el texto pero no dar la unción legal administrativa hasta tanto el empresario no retire ese recurso, que podría trastocarlo todo.
De entrada, un fallo favorable a Rafael Gómez supondría dar validez al anterior plan especial Carretera de Palma donde ni por asomo se planteaba derribo alguno. Generaría la duda de si el actualmente tramitado tendría o no validez. Asimismo, daría al empresario de Cañero la oportunidad de reclamar daños y perjuicios durante todos estos años al Ayuntamiento y la Junta, lo que en el seno del gobierno municipal se interpreta como una cantidad económica «casi igual o superior a la propia multa» de las naves, que asciende a 24,6 millones de euros. El choque con los argumentos urbanísticos de la Delegación provincial de Obras Públicas seguirían vigentes. no obstante. La maraña judicial sería de órdago y el caso Colecor entraría «en un callejón sin salida de difícil resolución», manteniéndose activo para temor de todas las fuerzas políticas en plena precampaña electoral como estamos, como ayer defendía una fuente jurídica próxima al asunto.
Aunque desde IU y la parte del PSOE de Capitulares favorable a su tesis están convencidos de que Gómez retirará el recurso —algunos creen que está pactado con la ya ex consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar y el alcaldable socialista Juan Pablo Durán— nada hay oficial al respecto que así lo indique. Si Gómez retira el recurso, el Ayuntamiento tendría vía libre para aprobar un plan especial que le obligaría a tirar 15.000 metros cuadrados (y no los más de 20.000 metros cuadrados que propone la Junta) pero le abriría la puerta a legalizar 40.000 metros cuadrados de naves para almacenaje industrial pero que en su día sirvieron de venta al por mayor, un claro uso comercial frente al industrial que ahora Urbanismo quiere fijar para que todo el plan pase el corte de la legalidad vigente. De este modo, la siguiente carambola sería la opción de rebajar en un 75% el importe del a multa, cuestión jurídica que no parece tan clara pues nunca hubo opciones de legalidad en el momento de la infracción, pero todo es posible con la telaraña de recursos del empresario y con la interpretación laxa, en algunos momentos, de la legislación sobre este tema por parte del Ayuntamiento.
En todo este rompecabezas de IU y PSOE tras una especie de parto de los montes con el citado plan especial entra en escena este posicionamiento técnico que tiene muy claro que no hay por qué contar con el empresario y se pude seguir adelante con el nuevo documento de planeamiento. Abre así una duda retórica sobre lo que pueda haber detrás de ese desmedido interés por que Gómez cierre la vía del Supremo con la cantidad de recursos ya interpuestos y perdidos.
«La conveniencia, oportunidad e iniciativa del Plan Especial de Carretera de Palma del Río hay que encuadrarlas en la potestad de la Administración Local de alterar el planeamiento urbanístico, y en concreto, la derogación de normas como institución del derecho», recoge el informe técnico al que ha tenido acceso ABC. «Un poder jurídico de carácter revisor, alterador e innovador».
Informe jurídico
Gran parte del grupo municipal socialista ha mantenido una prudencia inusitada a tenor de las dudas jurídicas que sigue destapando la resolución de este. No existe un pronunciamiento jurídico de la propia secretaria general del Consistorio, como tampoco hay constancia oficial de los pasos que vayan a emprender Rafael Gómez ante el enésimo recoveco de este asunto.
El informe técnico de la Gerencia de Urbanismo insiste en que las naves tienen uso de «industria de almacenaje» y no terciario-comercial de venta al por mayor o menor que el PGOU sí permite que se asienten en suelos no urbanizables como es el caso. Incluso en un punto como los terrenos de Colecor de carácter agroindustrial, con mayor superficie de la histórica que se fija, según Urbanismo, para poder compensar así con medidas ambientales, precisamente, la transformación de este ámbito. El Plan General, además, permite en este plan especial usos complementarios a los ya asentados.
