La decisión del promotor de las naves de Colecor, de entrada, es un serio contratiempo y puede condenar a dormir un largo tiempo el nuevo plan, que ha levantado las iras hasta de un grupo de profesionales de la ciudad entre los que se encuentran ex altos cargos del PSOE e IU. Hace falta un «plan B», puesto que la hoja de ruta diseñada para cuadrar el círculo contaba con el beneplácito de la retirada del recurso ante el Supremo. Ese largo tiempo es que el tendría que esperar el cogobierno para que, o bien se resolviera el de Arenal 2000 ante el Alto Tribunal, o bien, como se ha reseñado en el expediente, también se pronunciara sobre otro de Obras Públicas en el que pedía la ejecución de la suspensión del plan que anuló el TSJA.
Maraña judicial aparte, lo cierto es que cambia el escenario de las naves como de la noche al día, cuando más de uno suspiraba por la fotografía del mandato con la excavadora, el casco puesto y el derribo de nave y media del complejo levantado sin permiso alguno, aparentemente. Y viendo como las redes sociales en Internet van por delante, puede que el dolor de cabeza impida que la protección quepa en el cráneo.
En estos momentos, las naves de Colecor —con menos mercancía— son propiedad de Rafael Gómez. Sobre ellas pesa una hipoteca del Banco Popular que, según fuentes cercanas al empresario, se viene cumplimentando. En la escritura de propiedad del almacén hay un apunte del Ayuntamiento, que señaló este activo como uno de los posibles bienes a embargar para hacer efectivo el cobro de la multa de las naves, rebajado su importe a 24,6 millones.
Otro contratiempo: la aprobación del nuevo plan especial abría la puerta a una posible rebaja de la sanción que algunos expertos en derecho urbanístico ven imposible por cuanto la LOUA deja claro que si en el momento de cometer la infracción no podía legalizar la obra, no podrá disponer de esa bonificación del 75%. Pero hasta en ese pacto a varias bandas, todo era posible.
Si rebajar el importe es un destrozo para las arcas municipales que siguen computando la multa como un ingreso en el descuadrado presupuesto, que todo quede paralizado agrava aún más esa presencia fantasma como apunte contable que en más de una ocasión ha reprochado la Intervención Municipal del Ayuntamiento. Ítem más. El Área de Hacienda está ejecutando el cobro de la multa que ya ha agotado todos los canales administrativos; tendrá, pues, que tirar de bienes materiales —pendiente está la permuta de los suelos en Arroyo Molino y los cines de verano del Casco—.
La nueva consejera
Claro que, por otro lado, la maraña es espesa hasta el punto de que Gómez tiene otro frente judicial abierto por la presunta prescripción de la infracción. En marzo de 2009, un juzgado cordobés declaró caduco el procedimiento sancionador de la multa al pasar más tiempo del debido en su tramitación. En esas, Arenal 2000 reclamó que al haber comenzado sus trabajos en las naves en febrero de 2005, en marzo de 2009, cuando se cierra el expediente sancionador y se abre otro, ya habían pasado los cuatro años de rigor para que expire la infracción según la LOUA.
Y el contratiempo final. Aunque la ministra Aguilar ha dicho ya que la Junta seguirá la tramitación del plan especial ajustándose a la legalidad, su sustituta en la Junta, Josefina Cruz, tiene un perfil más técnico y más proclive a las tesis que el delegado provincial del ramo mantiene en Córdoba, con la consiguiente tensión interna que arrastra el propio PSOE, incluyendo la baja por enfermedad de la edil socialista Victoria Fernández cuando se votó el nuevo plan especial el pasado día 19. Y a todo esto, precampaña electoral.
