La posible candidatura del propietario de Arenal 2000 ha podido nacer del resentimiento. Rafael Gómez sigue sin entender cómo los responsables municipales con los que mantenía unas fluidas relaciones hasta 2005, especialmente con la ex alcaldesa y actual ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, se han trocado en sus enemigos políticos imponiéndole una sanción —«la más grande de Europa», según proclamó Aguilar—, por construir unas naves sin licencia. Instalaciones que el propio Ayuntamiento ha tratado por dos veces de regularizar a través de sendos planes que, por unas razones o por otras, han quedado en suspenso.
Gómez siempre ha confiado en que los tribunales le acabarían dando la razón en su contencioso con el Consistorio para eludir el pago de la multa de 24,6 millones. En este empeño, ha ido quemando todos los cartuchos legales que tenía a su alcance, bajo el asesoramiento jurídico de Mariano Aguayo. Pero el último revés ha sido encajado con cierto dramatismo incluso para alguien tan seguro de sus posibilidades de ganar como él, que ha hecho del riesgo su particular «modus operandi» empresarial.
La gota que ha colmado el vaso de su paciencia, y que le ha empujado a plantearse seriamente concurrir a las elecciones, ha sido la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Córdoba que desestima el recurso presentado por Arenal 2000 contra la sanción que le impuso el Consistorio por levantar las naves ilegales junto a la vieja cooperativa lechera de Colecor. Este tema fue recurrente en la pasada campaña y podría volver a contaminar la cita electoral de 2011 si Gómez consuma su órdago.
El último revés
La resolución judicial desarmó, una a una, los nueve argumentos expuestos por Arenal 2000 contra la multa municipal. Era la segunda que le ponía el Ayuntamiento y la segunda vez que Gómez la recurría. La Gerencia de Urbanismo tuvo que reactivarla después de que la primera sanción fuera archivara por otro juez en marzo del 2009 al encontrar «errores» durante su tramitación. Como consecuencia de ello, el juzgado dictó la caducidad del procedimiento seguido para la imposición de dicha multa.
Paralelamente, Urbanismo ha aprobado un plan para darle cobertura legal a las instalaciones derribando 15.000 metros cuadrados y facilitando el uso de venta al por mayor, en contra de los criterios de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Ésta ya consiguió tumbar en los tribunales un plan anterior presentado por el propio constructor con el visto bueno de IU y PP.
La Administración autonómica emitió un informe preceptivo y no vinculante que abogaba por tirar más metros (en torno a 20.000) y cuestionaba el uso comercial. Sin embargo, dicho plan no ha entrado en vigor porque Gómez ha preferido que el Supremo aún se pronuncie sobre el recurso que presentó contra el plan anterior, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En el pasado mandato, el PSOE halló en Colecor una veta para desgastar políticamente a Rosa Aguilar, antes de que ésta dejara la Alcaldía para ser consejera de Obras Públicas y de que el aparato socialista, con el candidato al frente, Juan Pablo Durán, se alineara con la ex consejera para facilitar la regularización de las naves.
