LAS riadas de las últimas semanas no sólo han perjudicado a los vecinos de zonas próximas al Guadalquivir o a sus afluentes. También han causado daños al campo y han ocasionado unas pérdidas bastante cuantiosas. La organización Asaja Córdoba se ha sumado al coro de voces que culpan a la Junta de Andalucía, y en concreto a la Agencia Andaluza del Agua, de las inundaciones que han marcado el mes de diciembre.
La patronal, una de las más importantes en el campo cordobés, lanzó ayer un duro comunicado contra la Administración autonómica, cuya gestión de los embalses calificó de «caótica», y a la que acusó de «improvisar» en el almacenaje del agua, con consecuencias funestas para las explotaciones agrícolas de la provincia.
«Sufrimos restricciones en verano con los embalses llenos, por una errónea cultura del ahorro», afirmó Asaja, que insistió en cargar contra los «improvisados desembalses a poco que llueva lo que es relativamente habitual en otoño». Estas precipitaciones, normales en Córdoba según la patronal agraria, se producen en una situación en que «los pantanos están llenos», por culpa precisamente de no haber desembalsado en invierno.
Mejor con la Confederación
Las consecuencias de esta política están claras, según la patronal: «Las riadas son inevitables y los daños en el campo se multiplican». Asaja no vacila en culpar a la Administración autonómica, pues recuerda que esta situación sólo se da desde que la gestión de los embalses la tiene la Agencia Andaluza del Agua, y no la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como pasaba hasta el 1 de enero de 2009. Se sumaba así a una tesis que han sostenido tanto el alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, como del PP de que las inundaciones son más frecuentes desde que la Junta de Andalucía recibió la transferencia de la política hidrológica.
Las consecuencias son «una catástrofe» que al campo cordobés le cuesta una pérdidas de 26 millones de euros, y que seguramente irán al alza, según las previsiones de la patronal agraria. «La falta de previsión y planificación ha provocado situaciones tan absurdas como restricciones en verano con embalses llenos y desembalses en otoño».
Las críticas a la actuación de la Junta de Andalucía no se circunscriben a la política de desembalses, sino también a la necesidad de «mantener debidamente limpios los cauces públicos». A su juicio, la filosofía actual debe sufrir un giro, pues está basada «exclusivamente en el ahorro», y más bien debería buscar una mejora que se base en el desarrolo del Plan Hidrológico Nacional o de un nuevo Plan de Infraestructuras Hidraúclias que establezca interconexiones entre cuencas, invierta en el recrecimiento de las presas y potencie las balsas y microembalses.
La lista es larga: los desbordamientos han comido terreno y arrastrado cultivos, lo que ha hecho perder cosechas de olivar y de cítricos y ha perjudicado a los ajos, cebollas y espárragos. No sólo ha dañado los productos del campo en sí, sino también caminos rurales que han quedado intransitables, lo que complicará a partir de ahora las labores de recolección de aceituna y de cítricos.
La patronal agraria reclama a los afectados que presenten «reclamaciones de daños, tanto en infraestructuras como en cosechas», pero también solicita de las Administraciones «medidas de apoyo reales y sin exclusiones».
