La «fusión fría» de Caja Rural de Córdoba se consumó ayer en Mérida. La entidad financiera que preside Manuel Enríquez se sumó ayer al Sistema Institucional de Protección (SIP) Ibérico que iniciaron el pasado otoño la Caja Rural del Sur y la Caja Rural de Extremadura. La operación cristalizará entre los próximos mayo y junio, cuando culmine el proceso para alumbrar la que será la segunda caja rural de España en volumen de negocio (11.380 millones de euros). La primera es Cajamar, una sociedad que lideran dos cajas rurales de Andalucía, las de Almería y Málaga, a las que se han unido algunas más en los últimos años.
Las tres entidades que han unido sus recursos informaron ayer al cerrar el acuerdo de que su intención «ha sido dar los pasos en pro de una integración que permita conseguir mayor dimensión, solvencia y eficiencia, preservando la personalidad jurídica de cada una de las entidades de ahí el término «fusión fría» para continuar con el arraigo territorial de las cooperativas de crédito en sus respectivas zonas de actuación, que se considera el punto fuerte del presente y pasado y que, al no tener duplicidad de redes de oficinas, se potenciará en el futuro». El presidente de Caja Rural de Córdoba declaró que la decisión se toma «después de un periodo de análisis y reflexión» y es «totalmente necesaria ante los posibles escenarios continuados de subida de la morosidad, bajada de márgenes, así como las crecientes exigencias de los socios y clientes, de los mercados financieros y del propio Regulador, siguiendo la normativa europea».
Manuel Enríquez destacó también que «el proceso de integración de balances que hoy iniciamos dará lugar a un grupo cooperativo, que continuará estando abierto a otras Cajas Rurales que compartan nuestros valores y visión de futuro, en aras de mejorar, aún más, nuestra solvencia y eficiencia».
Caja Rural de Córdoba lleva meses preparándose para la firma de esta fusión fría. Ya en su última asamblea anual, celebrada el pasado junio, la entidad aprobó sus cuentas con la vista puesta en el SIP. Entonces, Enríquez, que comenzará hoy una serie de reuniones con el personal de la caja cordobesa para transmitirle las novedades, recordó que la «fusión fría», que se llevará a cabo sin ningún tipo de ayuda pública y en la que se está trabajando desde hace dos años, «tiene el objetivo de fortalecer a todas las entidades» que forman parte de este proceso. El SIP permite a cada una de las entidades el mantenimiento de la autonomía de gestión de sus órganos de gobierno y no obliga a reducir las plantillas. Tampoco está previsto en ningún caso el cierre de oficinas, pues la intención es la contraria: potenciar la red comercial en un plazo corto y medio.
Los datos del cierre del ejercicio de 2009, los últimos disponibles, son favorables para Caja Rural, y en junio Enríquez los calificó de «francamente positivos». El beneficio neto se situó en los 4,77 millones de euros, frente a los 6,01 registrados un año antes, lo que supone una disminución del 20,6 por ciento. «Esta caída ha sido consecuencia de la crisis bestial que padecemos», subrayó el presidente de Caja Rural el pasado junio. El índice de morosidad se incrementó del 1,6 al 2,83 por ciento debido a que la mala coyuntura económica provoca que haya más impagos en los préstamos. Esta tasa se encuentra muy por debajo de la media del sector de cajas rurales (3,77 por ciento) y del entramado financiero (5,05).
