El Ministerio Fiscal decidió ayer retirar la petición de pena de prisión solicitada para I.M.M., administrador de la finca El Coscojal de Palma del Río y mantener la responsabilidad civil en el caso de la propagación de la brucelosis por el consumo de quesos entre 1998 y 1998 entre más de cien vecinos. El Ministerio Público también redujo a 10 meses la pena solicitada para R.R.L., encargado de la finca, acusado de un delito contra la salud pública por imprudencia.
En la última jornada del juicio, la representante de la Fiscalía relató en su informe final que los delitos contra la salud pública y por imprudencia están ahí y cree que han quedado suficientemente acreditados durante el juicio, alegando además, que la causa del retraso en el saneamiento de la cabaña ovina de la finca, admitida por un ex responsable de la Junta, no fue la causa directa del brote.
Responsables subsidiarios
La fiscal responsabilizó al encargado de la finca vivía en el cortijo, así como al propietario de la finca, que, a su juicio, debe responder como responsable civil subsidiario por no elegir a una persona adecuada para las tareas con el ganado. Es más, ahondó la fiscal, el cuidado y la prevención eran tarea de ambos.
Por su parte, el abogado de la acusación de la Asociación de Afectados por la Brucelosis de Palma del Río elevó a definitiva la calificación inicial de los hechos, en los que pide una indemnización de 2.000 euros por persona afectada y penas de prisión para ambos acusados por un delito continuado contra la salud pública.
Este letrado mantuvo en su escrito de acusación que la responsabilidad de que las cabras pasaran un año después del plazo estipulado el control sanitario de la cabaña recae en el titular de la explotación. La acusación de otros afectados apuntó que, aunque no hay prueba directa de que el queso se fabricara en El Coscojal, es obvio que salía de allí el queso contaminado y que tanto R.R.L. como el acusado ya fallecido A.F.F. tenían conocimientos suficientes para hacer quesos.
