Se movía por los distintos módulos del centro penitenciario como por las estancias de su casa, con total libertad. Y tenía demasiada «confianza» con algunos reclusos. Eso es lo que aseguran fuentes próximas a M.A.V., uno de los dos funcionarios detenidos la pasada semana por, supuestamente, introducir droga en la cárcel. Precisamente, esa relación tan especial con determinados reos fue la que puso en marcha las investigaciones, después de que ya hubiera llegado a oídos de los efectivos de la Guardia Civil que una red de narcotraficantes podría estar operando en prisión.
Junto a su compinche y los otros tres arrestados, internos del centro —uno de ellos con el tercer grado—, cada uno con un rol definido en la organización, tenían preparadas para vender 850.000 dosis de cocaína.
Críticas al subdelegado
Para APDH, este suceso «no es más que una demostración de lo que los familiares de internos y nosotros como asociación venimos denunciando desde hace años: el enorme descontrol de una administración pública, como es la prisión, y que ella misma se define como una pieza ineludible de la política de seguridad de un país y también de la política de intervención social».
Pero las críticas del colectivo no acaban ahí. A través de un comunicado, arremetió contra Instituciones Penitenciarias por no destapar el caso, puesto que «cuenta con medios, recursos públicos y cuerpos, como la Dirección, Seguridad o la Inspección Penitenciaria, para evitar actuaciones delictivas como ésta».
Este tipo de noticias «aumentan la desconfianza de quienes vemos fisuras en toda la estructura penitenciaria, en su funcionalidad y su servicio a la sociedad, por lo que la visión positiva de la Subdelegación de Gobierno en Córdoba frente a lo acontecido nos llama profundamente la atención».
Cabe recordar que el máximo representante gubernamental en Córdoba, Jesús María Ruiz, elogió las medidas de control del centro penitenciario.
«Desde nuestra asociación pedimos a los propios trabajadores que sean ellos mismos los que denuncien, que estén vigilantes a que ningún compañero incurra en hechos ilícitos a fin de velar por los derechos de las personas privadas de libertad y para evitar que el cuerpo de funcionarios de prisiones en su generalidad se vea perjudicado por el comportamiento ilegal y delictivo de algunos».
Para concluir, APDH considera que este tipo de hechos no hace sino constatar que «el modelo penitenciario está agotado y que debe ser revisado en su globalidad», ya que «no cumple con el principio constitucional establecido en el artículo 25.2, en el que se apunta que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social».
