La Junta de Andalucía estará pagando una cuota de unos 9,3 millones de euros anuales durante un cuarto de siglo para sufragar el gasto de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que arrastra 7 años de retraso. El consejero del ramo, Luis Pizarro, presentó ayer a los operadores jurídicos y a los medios el faraónico proyecto, que le costará 345.601.081 euros.
La fórmula a la que ha tenido que recurrir la Administración autonómica ante la asfixiante situación de sus arcas es la colaboración público-privada que, por primera vez, se aplicará a un complejo de estas características.
Consiste, básicamente, en dejar en manos de una empresa constructora la búsqueda de financiación para acometer las obras. Parece la única solución posible, ya que, de lo contrario, la Junta tendría que solicitar un crédito superior a 80 millones de euros.
Así, con este tipo de contrato, el Gobierno andaluz cederá a la firma elegida un derecho de superficie sobre la parcela donde se ubicará el edificio. Además, la concesionaria no sólo se encargará de levantar la Ciudad de la Justicia, sino que se ocupará del mantenimiento integral, gestión y explotación del inmueble durante un periodo máximo de 25 años.
Transcurrido ese tiempo, la titularidad de la infraestructura revertirá, sin coste añadido alguno, a la Junta de Andalucía. Entonces, la empresa ya habrá recibido los citados 345,6 millones.
Pizarro destacó que, durante la vigencia de explotación del inmueble, la Administración se ahorrará 95,7 millones de euros en concepto de arrendamientos de las 11 sedes judiciales que existen en la actualidad, mantenimiento e impuestos.
Poca experiencia
Pese a que se trata de la primera vez que se emplea la colaboración público-privada en un complejo judicial y a que, en palabras de Pizarro, «existe poca experiencia» al respecto, el objetivo de la Junta es que esta fórmula sirva de modelo para el resto de sedes en otras ciudades andaluzas, que arrastran una gran demora en su construcción, como las de Jaén, Cádiz, Huelva, Sevilla, Algeciras y Jerez, entre otras. «Nuestra percepción es que hay interés por parte de las empresas», apuntó.
La inexperiencia para impulsar este proyecto ha precisado, según señaló el consejero, la elaboración por parte de la Consejería de Economía y Hacienda de entre 6 y 9 informes preceptivos para redactar el pliego de condiciones que se les exigirán a las empresas que concurran a la licitación.
En lo que respecta a los plazos, Pizarro quiso ser cauto, teniendo en cuenta que no ha acertado con ninguna de las fechas que ha dado hasta el momento. Así, apuntó que la Junta quiere sacar a concurso la Ciudad de la Justicia el próximo mes de abril, cuando la convocatoria se mande a publicar en los boletines oficiales de la Unión Europea, el Estado y la Junta (DOUE, BOE y BOJA). Con suerte, podrá adjudicar la obra en septiembre u octubre. A partir de ahí, la firma agraciada tendrá cuatro meses para ajustar el proyecto técnico, con lo que la primera piedra podría colocarse en febrero de 2012.
Como máximo, la constructora contará con 3 años para levantar la infraestructura y dos meses más para su puesta en funcionamiento. Si se cumplen las previsiones, el complejo judicial podría abrir sus puertas para principios de 2015. Pizarro se mostró satisfecho por el paso que se ha dado, con el que «se puede decir que hoy empieza a ser ya una realidad la Ciudad de la Justicia de Córdoba».
Por su parte, la Junta de Personal de los órganos de representación de Justicia, compuesta por las centrales sindicales CSIF, SPJ-USO, UGT, STAJ y CC.OO., criticó ayer que el consejero no la invitara a la presentación del proyecto.
