Pudo haber sido un mero Pleno de trámite el que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Córdoba —penúltimo antes de las municipales del 22 de mayo y con la gran mayoría de sus puntos aprobados por unanimidad— si no fuera porque tropezó con tres temas que rompieron con la pacífica atonía de la sesión plenaria.
El primero aludía a un informe de control financiero de las sociedades municipales referido a datos del ejercicio 2008, elaborado por la Intervención General, y que se incluye dentro del plan de auditoría aprobado en acuerdo plenario de 3 de diciembre de 2009. Se trataba de una urgencia de tan última hora, entregada ayer mismo, que la portavoz socialista, María Ángeles Luna, reconoció que ni siquiera había tenido tiempo para poder ojearlo. Quien sí lo hizo fue el portavoz popular, José Antonio Nieto. El tambié alcaldable intentó, sin éxito, abrir un debate en la sesión para «conocer un poco lo que pensaban los demás grupos», si bien el alcalde, Andrés Ocaña, prefirió que todo se quedara en que cada grupo tuviera la libertad de opinar al respecto, pero en un ámbito privado.
Según Nieto, hay en el informe una serie de «advertencias» sobre la forma en que se han gestionado las empresas públicas que, «como mínimo, generan bastantes dudas». Así, se solicita que se haga una autoría mucho más a fondo de lo que hasta ahora se venía haciendo y que se eleven los controles que se están teniendo tanto en la contratación de personal como en la de suministros y de empresas que colaboran y trabajan con las firmas municipales.
«Se apunta que eso está provocando situaciones irregulares que no casan con las condiciones de contratación que debe de tener un ente público y que estas empresas, aunque su régimen jurídico es el mercantil, han de respetar esos criterios», abundó Nieto, quien avanzó que tras un estudio «más a fondo» del informe «haremos público nuestro análisis».
El segundo escollo del Pleno se refería a la aprobación definitiva del plan especial para la Torre de Poniente, que se ubicará en el antiguo solar de Noreña, tendrá un coste de 75 millones de euros para 16 plantas repartidas en 65 metros de altura y al que la propia secretaria de Consistorio planteó un inconveniente que el PP recogió e hizo suyo. Y es que este proyecto promovido por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta carece de un plan de movilidad.
Según expuso Nieto, se trata de un «documento básico», puesto que la zona donde irá ubicada la torre cuenta ya con una movilidad de tráfico muy elevada, se espera que por allí se lleven a cabo varios proyectos más de infraestructuras y en ese edificio singular, que albergará cinco delegaciones de la Administración autonómica y un centro de especialidades médicas, trabajarán unas 1.600 personas, con lo que el nivel de vehículos será todavía mayor. «Ese documento es necesario para establecer un número de plazas de aparcamiento, que la Junta ya ha reducido a la mitad», advirtió el alcaldable del PP.
Garantías jurídicas
Por ello, su partido, por voz de Luis Martín, planteó que ese punto se quedara sobre la mesa a la espera de que se incluyera el plan de movilidad y tuviera «todas las garantías jurídicas» para su puesta en marcha.
No obstante, el segundo teniente de alcalde y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Francisco Tejada, rechazó esa posibilidad y acusó al PP de «querer bloquear cualquier iniciativa que suponga el desarrollo de Córdoba». Finalmente, los votos de IU y PSOE sacaron adelante la propuesta.
Finalmente, se dio conocimiento al Pleno de la sentencia del Tribunal Supremo anulando la resolución de Obras Públicas que aprueba el plan especial de sistema general del Centro de Transportes Intermodal del Higuerón. Según el líder del PP, esto supone que en fecha actual «no hay planeamiento sobre esa zona, por lo que habrá que iniciar uno nuevo». En su opinión, además del retraso que supone, «demuestra que las cosas no se han hecho bien y al Consistorio le supondrá problemas de gestión y de credibilidad por no saber tramitar bien los expedientes más serios».
Entre los puntos aprobados, destacaron la aportación de 6.000 euros para la Fundación Los Patios de Córdoba, así como la modificación del plan parcial «Camino de Turruñuelos» donde se erigirá el Hipercor, amén del plan especial Club de Golf Los Villares y la declaración de especial interés social el proyecto de ETEA de desarrollar el nuevo aulario y las instalaciones deportivas de la Universidad Loyola.
