Junto a las menos conocidas, esto es, las pymes que han tenido que echar el cierre y despedir a sus empleados para salir a flote, figuran otras empresas de mayor calado en la provincia que han protagonizado —y lo siguen haciendo— titulares por el elevado número de trabajadores en la cuerda floja y ante el abismo de los ERE.
Entre ellas, destaca la entidad Cajasur. En los dos últimos años, su plantilla ha tenido que soportar la dura negociación para la frustrada fusión con Unicaja, la intervención por el Banco de España y el periodo de espera hasta que se adjudicó a BBK.
El 11 de enero tuvieron conocimiento del ajuste laboral inminente. La negativa situación de Cajasur ponía en peligro la viabilidad de la empresa, por lo que debían adoptarse medidas. Había que reducir la plantilla en 668 personas de las más de 2.800 que había.
Según el acuerdo firmado entre BBK y los sindicatos de Cajasur, debían producirse 428 prejubilaciones —al final fueron 415 y se cubrió el cupo sin problemas—, así como 130 bajas incentivadas y 110 suspensiones de contrato, estructuradas en un ERE. Cumplido el plazo el 21 de marzo para adherirse voluntariamente,sólo 75 empleados pidieron dejar el banco y 14 «congelar» su vinculación laboral. Ante esa situación, la dirección de la entidad dio un ultimátum: los 151 trabajadores —se quedaron en 144— que faltaban hasta 240 los designaría ella y debían acogerse a las medidas «voluntarias».
El pasado ejercicio tampoco fue un buen año para el Grupo Sánchez-Ramade. En noviembre, el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba aceptaba el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) para cinco sociedades pertenecientes a Noriega. La firma constructora era incapaz de hacer frente a una deuda que podría llegar, según los últimos datos conocidos del proceso concursal, hasta los 1.551 millones. El número de acreedores rondaría los 2.300. A finales de diciembre, la empresa presentó un ERE, que afectaba a 120 de sus trabajadores.
Más firmas en apuros
En la larga lista de damnificados por la crisis ocupa un lugar Laboratorios Pérez Giménez. En verano de 2010 se supo que la farmacéutica, ubicada en Almodóvar del Río, tenía una deuda de 49 millones que ponía en jaque su viabilidad. Surgió entonces un grupo inversor (Tecris) formado por varios empresarios de distintos puntos de España interesado en hacerse con las riendas de la firma, en la que trabajan más de 200 personas. Tras arduas negociaciones, Tecris compró el 96% de las acciones a finales de julio, iniciándose una etapa de aparente tranquilidad que se ha visto interrumpida con la negativa de los nuevos propietarios a llevar a cabo una ampliación de capital que estaba prevista.
De hecho, los empleados anunciaron ayer que se encerrarán el próximo lunes en la fábrica porque no han cobrado todavía la nómina del mes de marzo.
En el candelero también está Laminados Oviedo Córdoba (Locsa) tras el anuncio oficial en Múnich —sede de la multinacional italo-alemana KME— de la intención de dar por finiquitada la actividad o, como mucho vender lo traspasar la fundición.
La plantilla está perfilando una serie de acciones reivindicativas. La primera intervención tendrá como escenario el estadio de El Arcángel, ya que en el partido de hoy entre el Córdoba CF y el Granada se desplegará una pancarta de apoyo a Locsa.
El lunes, los empleados recibirán en la factoría a una delegación del PP y por la tarde está programada una asamblea de trabajadores para seguir confeccionando sus medidas de presión.
