Con una deuda financiera que a finales de 2010 resultó ser la segunda más elevada de España, por valor de 199,8 millones de euros, y sólo superada por la valenciana (236 millones), la situación con la que se va a encontrar el PP en la Diputación Provincial de Córdoba a partir del próximo día 23 dista mucho de ser desahogada, económicamente hablando, ni distendida, a nivel anímico, para el futuro responsable de Hacienda y Relaciones Laborales, Salvador Fuentes.
Así, de la liquidación del pasado curso se desprende que, a pesar de existir un remanente de tesorería de más de 10,9 millones de euros y un superávit final de más de un millón, también es verdad que las obligaciones pendientes de pago por parte de la institución provincial superan los 16,5 millones, de los que 12,8 corresponden al presupuesto de ese año; otros 3,6, a operaciones no incluidas en las cuentas, mientras que 159.000 euros implican tanto pagos pendientes de aplicación como deuda de otros balances presupuestarios ya cerrados.
Se trata, por tanto, de otra carga que tendrán que echarse a los hombros los populares, sobre todo cuando los ingresos pendientes de cobro en 2010 ascienden a más de 10,3 millones, mientras que hay otros 4,9 que se vienen arrastrando de años anteriores y que todavía no han aterrizado en las arcas provinciales.
Y eso no es todo. Echándole un buen vistazo al estado de ejecución del actual presupuesto de 2011 hasta el pasado 15 de mayo, en materia de ingresos corrientes se han recogido ya 57,3 millones de euros; es decir, el 19,8 por ciento de las previsiones iniciales cifradas en algo más de 200,5 millones de euros.
Ejecución de 2011
En este caso, destaca el dinero todavía pendiente de pago por parte de la Administración andaluza y que supera los 7 millones de euros, de los que 759.000 euros corresponden al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), así como de los consistorios cuya deuda con el «Ayuntamiento de los ayuntamientos» asciende a 6,1 millones de euros (de los que 4,1 pertenecen a los Planes Provinciales de Obras y Servicios). Desde la UE faltan por percibir aún otros 5,1 millones.
Ya como anécdota, hay 10.000 euros en concepto de multas impuestas directamente por el presidente en funciones, Francisco Pulido, que tampoco se han ejecutado.
En el otro lado de la balanza, el de los gastos corrientes, se han ordenado ya pagos por valor de 102,1 millones de euros, lo que supone casi un tercio de los 288,8 millones de los créditos totales consignados, en los que ya se han producido modificaciones de créditos por valor de 88,2 millones. En este área se incluye la deuda financiera, que en mayo alcanzaba los 24,3 millones de euros contraída con siete entidades bancarias.
