La Diputación de Córdoba ya cuenta con un organigrama desde el que poder empezar a trabajar, tras más de una semana de encuentros, planteamientos y negociaciones entre la presidenta, María Luisa Ceballos, con sus 13 diputados, cada uno de los cuales contará con una parcela de poder y su responsabilidad ejecutiva.
Tal y como avanzó en su día este diario, prácticamente se mantiene el mismo esquema que el que dejaron los socialistas antes de su marcha, con cinco grandes áreas, de las que tres estarán en manos de los tres vicepresidentes, Salvador fuentes, Rosario Alarcón y Manuel Gutiérrez, y el resto corresponderán a dos delegados generales, es decir con capacidad resolutiva en todos los expedientes desde su inicio hasta el final. Igualmente, habrá 13 diputados-delegados, de los que ocho tendrán carácter general y los demás serán especiales y cuyo cometido tendrá que recibir siempre el visto bueno de su delegado superior.
Pero, a tenor de lo expuesto ayer por Ceballos, el llamado «núcleo duro», por su mayor peso específico estará conformado por el tándem Salvador Fuentes-Andrés Lorite. Así, el primero concentra en su persona el Área de Hacienda y Cooperación al Desarrollo, la Delegación de Hacienda y Recursos Humanos, así como las presidencias de la empresa pública Aguas de Córdoba (antigua Emproacsa) y del Instituto de Cooperación con la hacienda ocal (ICHL). Si bien la que tendrá que bregar con lo sindicatos, y muy pronto, será Pilar Gracia, a la que ha correspondido Recursos Humanos y Cooperación al Desarrollo.
El hombre político
Por su parte, Lorite, el hombre político de la institución provincial, será el portavoz del equipo de gobierno en los plenos, responsable del Área de Infraestructuras y Cooperación y de la Delegación de Infraestructuras y Desarrollo Sostenible, amén de la presidencia de la Agencia de la Energía.
Siguiendo con el reparto de poder, el trío conformado por Rosario Alarcón, Manuel Gutiérrez y Dolores Sánchez cuenta con una responsabilidad de importancia. La primera se podría considerar como el rostro de la Diputación de cara al exterior, puesto que llevará el Área de Promoción y Desarrollo Económico, la Delegación de Promoción, Desarrollo Económico y Turismo y ostentará la presidencia del Consorcio de Desarrollo Económico.
Por contra, el lucentino Gutiérrez tendrá esa misma responsabilidad de puertas para adentro, con el Área de Presidencia y Gobierno Interior, la Delegación del mismo nombre y la presidencia del Consorcio de bomberos. Para la exalcaldesa de Villanueva se ha dejado en sus manos el Área de Igualdad y Políticas Sociales, la Delegación con la misma denominación y el Instituto de Bienestar Social.
Algo por debajo de ellos se sitúan Antonio Pineda y el alcalde de Espiel, José Antonio Fernández. El pontanés llevará exclusivamente Cultura y la presidencia de la Fundación Botí, pero es que, tal y como señaló Ceballos, es una parcela «que, por su importancia, requiere de su dedicación exclusiva, se consiga o no la Capitalidad de 2016». El guadiateño, entre tanto, se encargará de Carreteras y Vivienda (teniendo en cuenta que Córdoba es una de las provincias españolas con más kilómetros de vías dependientes de una Diputación), amén de la presidencia de Provicosa.
El resto representa básicamente a los más jóvenes del gobierno provincial, con Julio Criado como el principal de los menores (Agricultura y Medio Ambiente y también la presidencia de Epremasa, uno de los huesos más duros de roer, ya que esta empresa pública está en entredicho); la alcaldesa de Cardeña, Trinidad Moreno, llevará Igualdad y Mujer; Rocío Soriano, Consumo y Participación Ciudadana; Agustín Palomares, Juventud y Deportes, y Adolfo Molina, Comunicación y Nuevas Tecnologías.
«Es un reparto equilibrado, porque exigiremos mucho más a los que parecen tener menos y es nuestra idea de una estructura más operativa, eficaz, eficiente y austera», comentó Ceballos, quien añadió que todavía no se podrá saber el recorte en cargos de designación, que «no serán los 30 del PSOE ni seguramente tampoco la mitad»; las auditorías se harán todas a través de la Intervención General, mientras que «de privatizaciones no es el momento de hablar, aunque las empresas que vayan mal tendrán que cambiar».
