Los proveedores del Ayuntamiento de Córdoba tienen motivos suficientes para empezar a pensar en los tribunales para reclamar las deudas acumuladas y que según los últimos datos que maneja la Tesorería municipal se acerca a los 70 millones de euros. La situación que se ha encontrado el PP a su llegada a los despachos de Capitulares es peor de la que se iban teniendo datos, hasta el punto de que como avanzó ayer este diario peligran todos los pagos municipales a partir de octubre (nóminas, proveedores, amortizaciones préstamos y otros gastos corrientes de funcionamiento como las transferencias a las empresas municipales).
El panorama, que se ha querido mantener en absoluto silencio durante los días de euforia y decepción de la Capitalidad Cultural, es crítico. No entra suficiente dinero al Ayuntamiento que sumado a las existencias que hay en caja pueda afrontar el volumen de pagos (obligaciones) que se mantiene cada mes. Por eso capítulo aparte son los proveedores, cuyo plazo medio de abono por la prestación de sus servicios se ha disparado a 180 días (seis meses, cuando la ley establece un tope máximo de 90 días, la mitad). Una rémora que gran parte de estos proveedores, microempresas o pymes de menor tamaño, no pueden soportar por lo que se ven abocados al cierre o a una situación extrema. Prueba de ello es que, según fuentes municipales, se están incrementando las reclamaciones administrativas que pronto enfilarán el camino hacia los tribunales.
A falta de algún fleco por cerrar con alguna empresa municipal, los datos desagregados que maneja la tesorería municipal señalan que el Ayuntamiento, la casa matriz, debe a proveedores 22 millones de euros. El resto, entre 40 y 50 millones de euros, lo acumulan los diferentes organismos y empresas municipales hasta completar quince entes. Hasta el momento, el volumen de dinero destinado cada mes a pagar a proveedores en Capitulares asciende a unos 3,5 millones de euros, cantidad insuficiente para cubrir este agujero.
Con los nubarrones que se aproximan sobre el Ayuntamiento, el Área de Hacienda ha comenzado ya a buscar soluciones de emergencia para todos sus pagos entre las que destaca la petición de anticipos a la Junta, la suspensión de contratos menores de libre disposición por parte de los concejales (de hasta 18.000 euros) y su centralización en Hacienda y el ajuste pendiente en el sector local público de la ciudad. Hay que recordar que sólo seis de las siete empresas municipales (Mercacórdoba tiene capital compartido entre el Ayuntamiento y Mercasa) acumulan más de 110 millones de euros de deuda. Según datos del Ministerio de Economía, la deuda financiera total de Capitulares a finales de 2010 ascendía a 315 millones de euros. Si a ese dato se le sumara la deuda comercial con proveedores, se podría hablar de un volumen de 400 millones de pasivo.
En ese paquete de medidas que el PP tendrá que activar de aquí a diciembre está la nueva línea de crédito del ICO que el Gobierno quiere habilitar precisamente para que los consistorios paguen deudas de proveedores. El decreto que lo regula establece un importe máximo de los créditos a a devolver en tres años del 25% de la Participación por Ingresos del Estado (PIE). En el caso de Córdoba, la PIE deja al mes unos 5,7 millones de euros lo que equivale a unos ingresos anuales de 68,4 millones. Esto significa que el Ayuntamiento podría aspirar a un crédito por 17 millones de euros para pagar a proveedores, siempre que las facturas estén fechadas con anterioridad al 31 de abril de 2011 y con preferencia en el cobro para los casos de empresas más pequeñas (con menos de 250 trabajadores). La propia PIE servirá de garantía para estos créditos.
De hacerse efectivos esos 17 millones supondrán un balón de oxígeno para la tesorería, cuya previsión técnica apunta a que en octubre aflorarán los números rojos y se habrán consumido recursos como el cobro del IBI de junio, que ha podido dejar unos 51 millones de euros, más los ingresos ordinarios procedentes de la PIE (unos 5,7 millones al mes) y la actividad económica que genere la ciudad y que se ve traducida en impuestos y tasas relacionadas con la misma. En lo que va de año el porcentaje de recaudación prevista en muchos de estos tributos está por los suelos.
El Ayuntamiento tiene que hacer frente cada mes a 20 millones de euros para pagar las nóminas de toda la plantilla consolidada, las transferencias corrientes a organismos y empresas y el pago a proveedores, sin contar la amortización de préstamos. En octubre la tesorería prevé ya un registro negativo de 14,1 millones.
