Una bronca merecida

El nuevo gobierno municipal de Córdoba ha conseguido que la semifinal de la Copa Davis se celebre en Córdoba. Competirán los equipos de Francia y España el próximo mes de septiembre en la plaza de toros, debidamente acondicionada al efecto.

Es éste un acontecimiento de repercusión internacional con incidencia directa en el prestigio y proyección turística de la ciudad. Su coste para las arcas municipales será de unos 700.000 euros, estimándose su repercusión directa e inmediata en la economía de la ciudad en diez veces la cifra citada.

Conocida la noticia, la Junta de Andalucía ha declarado ser ajena al evento y que no participará en los costes que origine, lo que ha causado perplejidad en unos, indignación en otros y sensación de injusticia en la mayoría de los cordobeses.

Perplejidad, porque se trata de un acontecimiento que, como se ha indicado, repercutirá favorablemente en la actividad turística de la ciudad y por ende de la región. Y como es sabido, el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía señala en su apartado número 14 que corresponde a la Junta de Andalucía «el fomento de los sectores turístico y agroalimentario como elementos estratégicos de Andalucía».

Indignación, porque vemos a diario cómo la Junta despilfarra el dinero público en campañas publicitarias, turísticas y de cualquier clase, de muy dudosa rentabilidad —recuérdese la denominada «Andalucía imparable»— y se escatiman recursos a un acontecimiento promovido por el Ayuntamiento de la ciudad, que va a tener gran incidencia y repercusión internacional mucho más allá de los tres días de celebración de los partidos.

Injusticia, en fin, porque son muchos los años que llevamos viendo que la Junta patrocina acá y acullá acontecimientos de todas clases y géneros, y cuando en Córdoba se organiza un evento de repercusión mundial, el Gobierno de Sevilla niega el pan y la sal. ¿Recuerdan ustedes que la final de la Copa Davis de 2004 se celebró en Sevilla?

¿Saben que la Junta financió tal acontecimiento, participando, al igual que el Ayuntamiento y la Diputación, en la tercera parte de todos sus gastos, incluso en el coste de la cubierta provisional del recinto que costó casi dos millones de euros? ¿Conocen, además, que tal cubierta desapareció sin que se declarase responsabilidad penal o administrativa alguna por tal pérdida?

Es tan inexplicable este proceder del Gobierno de Sevilla, que hay quien lo ha atribuido a celos de tipo político, al ser de signo distinto los gobiernos regional y municipal; otros se preguntan si tan delicada es la situación financiera de la Comunidad que no se puede permitir un gasto así; hay, en fin, quien ha afirmado que, si se tratase de un gasto de promoción de la igualdad de género, la Junta hubiese estado presta a cooperar. Sean las causas que fueren, lo que está fuera de cuestión es que no nos hayamos ante conductas inspiradas en la excelencia política, sino, más bien, en comportamientos propios de aquellos caciques que denostaba Arniches en su celebrada obra.

Muchos hemos visto en todo esto una agresión más del gobierno regional a los cordobeses. En este caso, dada la magnitud de la arbitrariedad, es una maniobra que puede ser peligrosa, pues afecta a la sensibilidad de los habitantes de una urbe de más de trescientos mil habitantes, o lo que es lo mismo, en los cálculos que únicamente les preocupan: de más de 250.000 votantes.

Al haberse declarado el gobierno de la Junta ajeno a la organización de los actos que nos ocupan, esperamos que ningún representante del mismo asista a la semifinal. En otro supuesto, se exponen a sufrir una bronca merecida.