—¿Cómo calificaría la situación del sector farmacéutico cordobés?
—La situación es muy difícil, ya que no somos ajenos a la realidad económica del país.
—¿Se puede llegar incluso a que haya cierres de establecimientos?
—No queremos ser victimistas, pero lo que es cierto es que los farmacéuticos tenemos que hacer frente a una serie de gastos para el sostenimiento del sistema sanitario andaluz desde hace mucho tiempo. La normativa nos obliga a pagar una cantidad fija mensual en función de la facturación, además de lo que nos corresponde por el IRPF. En algunas zonas rurales hay farmacias que tienen problemas para seguir adelante. La Junta reconoce esta situación en un decreto que establece subvenciones para las farmacias con más problemas. No obstante, son ayudas pequeñas que solo podrían beneficiar a 16 establecimientos de los 396 en la provincia.
—¿Es comparable la situación que se vive en Castilla La Mancha con la de Córdoba en cuanto a la deuda que arrastra la Administración con las farmacias?
—Hasta la presente, la Junta está haciendo efectivo el pago de los medicamentos suministrados con receta en un plazo de 45 días, tal y como se acordó el pasado mes de julio.
—¿Eso quiere decir que no hay deuda del SAS con las farmacias?
—En la actualidad no hay ninguna cantidad pendiente. Lo que sí teníamos eran ciertas discrepancias con la Junta en otros asuntos que nos llevó en su momento a denunciar el concierto, una situación complicada que se mantuvo durante un mes. Posteriormente, hubo un acercamiento y se acordó renovar por cuatro años.
—¿El sector confía en que los próximos meses se mantenga el compromiso de pago, dadas las dificultades de las administraciones?
—Las administraciones pasan por momentos complicados. Lo que sí hay que remarcar es que el Gobierno central designa a través de los presupuestos cada mes una cantidad destinada a las comunidades autónomas para este fin. Si se produjera un impago, estaría claro que se utiliza ese dinero para otros menesteres.
—¿Las farmacias están de acuerdo con la prescripción por principio activo?
—En Andalucía se lleva haciendo desde hace 10 años y el sector farmacéutico ha hecho un gran esfuerzo para que sea un éxito, lo que ha permitido un importante ahorro económico. Sin embargo, la nueva normativa andaluza nos obliga a dispensar el medicamento más barato. Antes, la Junta daba libertad para que diésemos a los pacientes los productos genéricos que estimáramos oportunos, aunque el SAS nos pagaba el más barato. Nosotros podríamos elegir porque negociábamos descuentos con nuestros proveedores. Con este cambio se están produciendo desabastecimientos de determinados medicamentos y se está desorientando al usuario. Esta inflexibilidad por parte de la Junta le ha provocado hasta ahora un sobrecoste de 45.000 euros en Córdoba.
—¿La receta electrónica se está aplicando adecuadamente?
—Me parece que es un instrumento fabuloso con el que Andalucía ha conseguido ser un referente en España. Sin embargo, creo que es un sistema infrautilizado por la Administración y no entiendo que se nos limite el acceso a la información en relación a la historia clínica de los usuarios.
