Soluciones más drásticas

La decisión del Ministerio Público de endurecer la cuantía de las multas solicitadas ante delitos contra la ordenación del territorio ha sido recibida con distinto ánimo entre los colectivos afectados de alguna manera por la medida.

Así, Ecologistas en Acción aplaude el aumento de las sanciones que se piden, aunque «hay que partir de la base de que la Fiscalía sólo actúa en la zonas de especial protección, por lo que el derecho penal no es el idóneo para perseguir la mayoría de estos delitos», manifestó el portavoz de la agrupación en Córdoba, Juan Escribano.

No obstante, quiso dejar clara su «satisfacción» ante la medida: «Siempre es positivo comprobar que el Ministerio Público no sólo ejerce un papel represivo, sino también preventivo. Y estamos comprobando que de un tiempo a esta parte ya no se construye tan alegremente», recalcó Escribano.

En cualquier caso, el representante de Ecologistas destacó que «la solución a esta realidad no pasa por condenar a prisión a los acusados ni imponerles una multa. La única forma de restituir la legalidad es la demolición».

La única vía

En la misma línea se pronunció el abogado experto en Derecho Urbanístico Carlos Vallejo, que tiene su despacho en Gran Capitán. «Por el momento, el Ministerio Fiscal aún no ha demostrado gran cosa al efecto de paralizar de lleno las infracciones urbanísticas. Sin duda, poco a poco está encontrando su sitio a la hora de equiparar las multas administrativas con la petición de pena de multa, pero entiendo que esta medida no es suficiente». En este sentido, este letrado cordobés explicó que en la inmensa mayoría de las sentencias condenatorias, los infractores, al no tener antecedentes, obtienen el beneficio de la suspensión de la condena.

Respecto a la multa, muchos no hace frente a la misma porque «cuentan con unos ingresos igual o inferiores al salario mínimo interprofesional, el cual es inembargable y no disponen de más bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad a los cuales se le pueda practicar la orden de embargo».

Por ello, desde su punto de vista, la verdadera «mano dura» que la Fiscalía debe de emplear, además de elevar la cuantía de la petición de la pena, «es ordenar la demolición de lo construido ilegalmente sin la preceptiva licencia municipal habilitante para tal acto, con la única excepción de que lo edificado se pueda ajustar a la normativa mediante proyecto de legalización inmediato».

Finalmente, entre los parcelistas, la medida no ha sido bien recibida. La consideran injusta por cargar las tintas contra ellos, «a pesar de que las administraciones y, más concretamente, el Ayuntamiento, en su día nos dejaron construir y, en nuestro caso, hasta promovieron que levantásemos las viviendas», apuntó el presidente de la urbanización La Altea, Julio Cortés.

En este sentido, este vecino insistió en que «si nos han permitido edificar, ahora les toca a ellos arreglarlo revisando el Plan General de Ordenación Urbana; tienen que darnos una solución», concluyó.