Se notaba en el ambiente que podía ser claramente la «estrella» de la sesión de ayer y Rafael Gómez no defraudó en ese sentido. Ni por sus declaraciones previas a la comisión de licencias y al posterior Consejo de Gerencia ni por la expectación suscitada entre los trabajadores de la casa, puesto que el personaje más señalado en materia urbanística de Córdoba —con su imputación en el Caso Malaya y por las famosas naves de Colecor— se estrenaba en el consejo rector.
Y lo hizo volviendo a reclamar, «como un ciudadano más que soy», su multa por las infracciones urbanísticas cometidas en la capital. Una sanción que él llegó a cifrar «en más de 40 millones de euros», ya que el polémico constructor añadió a los 24,6 millones que se le reclaman desde el Ayuntamiento una cantidad similar por los anunciados embargos de cuatro inmuebles de su propiedad.
Semejante baile de cifras en su boca obligó a los periodistas a preguntarle si conocía exactamente lo que le debía al Ayuntamiento por ese concepto. «La cantidad no la conozco en realidad —respondió—, pero por lo que dicen ellos hablamos de cuarenta y tantos millones, casi 50; pues que sigan poniendo multas a ver si llegan a los mil, porque a mí me da igual y no le tengo apego al dinero».
Situación «especial»
El tema salió a colación, curiosamente, porque se le recordó que por su situación «especial» en más de una sesión plenaria tendrá que salirse a la hora de votar, a lo que respondió que «yo de eso, paso», amén de que como consejero podría tener acceso a información privilegiada para su actividad profesional. «No, en eso no», consideró, «pero si tengo que pedir la multa, como llevo haciendo desde hace tres meses, para conocer lo que se dice en ella, tengo derecho a hacerlo y quiero verla».
Sin embargo, Gómez, que no cobrará las dietas por asistir a las sesiones del consejo durante el presente mandato (5.000 euros si va a todas), ya que éstas se le retendrán a modo de pago de las deudas contraídas con el Consistorio, sí podrá acceder a expedientes urbanísticos y a otro tipo de información de empresas que se vayan a implantar en la capital cordobesa. A pesar de ello, el empresario insistió en varias ocasiones que él no había llegado a la Gerencia de Urbanismo «para defender los intereses de Rafael Gómez, que a mí me traen sin cuidado, sino para velar por los problemas de los cordobeses».
No en balde, consciente de que «he tenido que echar leche por los ojos para conseguir mis cinco concejales», señaló que, desde el primer día, «dije que venía a trabajar». Y eso significa solicitar información sobre muchos proyectos de ciudad que ya ha pedido. Como aviso a navegantes, advirtió de que «quiero ver lo que ha pasado en Urbanismo en los últimos 15 años, porque como ciudadano que soy tengo derecho a cerciorarme si de verdad se ha hecho todo lo que se ha hecho, y espero por el bien de Córdoba y todos los cordobeses que las cosas se hayan hecho bien». Su advertencia fue más allá cuando comentó que «tengo muchas cosas que contar y cuando llegue el momento, lo haré».
En lo que sí insistió el líder de Unión Cordobesa es que la decisión de sustituir en la Gerencia a Juan Miguel Alburquerque, portavoz de UCOR en el Ayuntamiento, se hizo «en el seno del partido por el bien de todos los cordobeses».
Por ello, frente a la reacción del alcalde, José Antonio Nieto, sobre esta llamativa sustitución en Urbanismo poco antes de que se celebraran dos de las subastas previstas por sus bienes embargados, quien llegó a decir que no tenía miedo de su presencia amparado por su mayoría absoluta, Gómez le respondió: «¿Pero a qué tiene que tener miedo? ¿A qué? Eso sí, quien se pica, ajos come».
Al finalizar la comisión, que se desarrolló en un ambiente de normalidad absoluta (con la aprobación por unanimidad de todos los puntos, salvo uno), Gómez, que sólo habló en el turno de ruegos y preguntas, negó que él hubiera sido el protagonista del día. «He sido un humanoide más».
Una presencia que llegó a resultar un tanto molesta para el portavoz de IU, Francisco Tejada, quien consideró que se había «puesto al zorro para vigilar las gallinas» por sus amplios intereses urbanísticos en la ciudad a través de sus múltiples empresas y que el gobierno municipal «debería de tomar medidas al respecto».
