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Asaja cuestiona el momento elegido para el almacenamiento

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La patronal cree que la solución a la caída de precios pasa por una reforma del sector

Día 03/10/2011 - 08.59h

La autorización por parte de Bruselas el pasado jueves de permitir el almacenamiento privado de aceite, con el objetivo de incidir en el mercado y que los precios inviertan su caída en picado, llega en un mal momento a juicio de Asaja Córdoba, que lleva desde primeros de año reclamando a la Unión Europea que activase este mecanismo para evitar las pérdidas del sector. Al final, Bruselas ha tenido que ceder ante los hechos y la situación que presenta el mercado del aceite, con precios por debajo del límite fijado para activar el almacenamiento. Pero la medida, no por mucho deseada, satisface a Asaja Córdoba, que cuestiona el momento de su activación. Así, según explicó ayer el secretario general de la citada asociación, Carlos Molina, «aún no sabemos el tiempo que va a durar el almacenamiento, que puede ser de unos seis meses». En cualquier caso, desde la patronal se teme que la medida va a ser contraproducente debido a la cercanía de la próxima campaña aceitunera, cuando más aceite se pone en el mercado, con lo cual, si los precios están bajos, «cuando se levante la medida y tenga que salir todo el producto almacenado se saturará el mercado y los precios volverán a caer al haber un exceso», explicó Molina.

En este sentido, indicó que la activación del almacenamiento «no es la solución a los problemas que tienen los olivareros». A juicio de Asaja, «todo pasa por una reconversión integral del sector, pero no la que están promoviendo desde la Junta de Andalucía con la Ley del Olivar, que se hace de espaldas a los olivareros y que no aporta ninguna solución».

En cuanto al porcentaje de producción que se retirará del mercado procedente de cooperativas y almazaras de la provincia, Molina señaló que «aún es pronto para hacer estimaciones, ya que todavía no tenemos el reglamento ni las indicaciones sobre cómos se va a proceder con la retirada». Indicó que una vez lleguen las instrucciones a los afectados, cada cooperativa o almazara «hará su oferta, como si de una subasta se tratara y será el Ministerio de Medio Ambiente el que se pronuncie y decida el almacenamiento».

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