El Consistorio abona a colectivos 855.000 euros de pagos atrasados

El gobierno municipal se ha topado con el rechazo definitivo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la solicitud que le había hecho el Ayuntamiento de incluir los pagos pendientes a asociaciones en la línea de crédito que éste abrió para que los municipios españoles afrontaran el pago a proveedores.

El Consistorio realizó una primera intentona cuando formalizó su petición de fondos. Además de los 13,7 millones que le fueron concedidos como préstamo para el abono de en torno a 6.000 facturas atrasadas —debían corresponder como máximo a abril del presente ejercicio y las más antiguas eran de septiembre de 2010—, demandó sin éxito 855.000 euros para pagar a asociaciones con las que tenía débitos pendientes. Por ello, se volvió a solicitar la concesión de dicha cantidad al ICO.

El edil de Hacienda, José María Bellido, explicó que Capitulares argumentó ante el Instituto de Crédito que se trataba de afrontar facturas pendientes con colectivos que desarrollan «muchos contratos de servicios sociales, se presentan a concursos públicos en igualdad de condiciones con empresas y los ganan». La postura del Consistorio es que, aunque no fueran negocios, sí son contratistas de una Administración, proveedores como cualquier otro.

«Confirming»

Sin embargo, explicó Bellido, la contestación del ICO fue que entendían el razonamiento que se les formulaba desde Capitulares, pero que la literalidad del acuerdo por el que se habilitó esta línea de préstamos para los consistorios señalaba que sus beneficiarios finales debían ser empresas y autónomos. Por ello, confirmaba su rechazo inicial.

Ante esa negativa, el edil de Hacienda aclaró que esa cantidad pendiente con las asociaciones se está saldando por una doble vía: por pagos directos del Ayuntamiento y por el mecanismo del «confirming». Este último consiste en que el Consistorio, desde el pasado mandato, tiene abierta una línea de financiación, de hasta seis millones, con un banco. A través de ella, puede remitir una factura a la entidad financiera, que ofrecerá al proveedor pagársela inmediatamente con una quita —es lo habitual, ya que el proveedor suele ser el que ha pedido acogerse a la fórmula— o esperar cuatro meses para percibirla.

En cuanto a la operación que sí fue aprobada por el ICO, el crédito de 13,7 millones, hay que reseñar que finalmente, del dinero que obtuvo el Ayuntamiento, destinó 1,5 millones para el abono de facturas que tenía pendientes la Gerencia de Urbanismo, un organismo autónomo municipal. El resto fue para pagos pendientes del Consistorio como tal.

Este préstamo debe devolverlo el Ayuntamiento en tres años y se concedió a un tipo de interés del 6,5%.

Eso sí, aunque ayudó a dejar muy saneada la deuda con proveedores, el Consistorio no pudo introducir en esta línea de crédito las facturas que no cumplían la Ley de Contratos. Eso dejó fuera el paquete de las que se topó el PP al llegar al Consistorio (1,4 millones) y que no estaban registradas en la contabilidad.