La polución visual nace muchas veces de la promoción privada, desde los aparatos de aire acondicionado hasta los luminosos y las antenas de los bloques, pero las Administraciones, y en concreto el Ayuntamiento, no tienen las manos limpias. Por acción o por omisión, los datos apuntan que los sucesivos gobiernos municipales han tenido una significativa cuota de responsabilidad. Así lo asegura Antonio Delgado en su libro, cuando afirma que «el Ayuntamiento de Córdoba, como tantos otros es protagonista de agresiones visuales».
Lo hace, dice, «cuando a través de sus servicios municipales instalan los cables del alumbrado público en los bienes protegidos» o cuando el mobiliario urbano se dispone sin tener en cuenta las características de los lugares en que se va a colocar. El recorrido gráfico de la obra da varios ejemplos de actuaciones públicas que según Antonio Delgado suponen una alteración de la percepción de la zona histórica.
No es una asunto que se acabe de descubrir. La Ley Andaluza de Patrimonio Histórico, aprobada en 2007, establece en el párrafo primero que en el plazo de tres años, a contar desde la entrada en vigor de este texto, los municipios tienen que elaborar «un plan de descontaminación visual o perceptiva» que la Consejería de Cultura tenía que aprobar después.
El autor del libro asegura que, al menos hasta el pasado abril, cuando culminó el proceso de redacción de su obra, el Ayuntamiento no había redactado plan alguno. Así lo comprobó, insiste, al preguntar en el propio Consistorio en aquel momento, antes de las elecciones municipales del 22 de mayo.
La Ley de Patrimonio Histórico entró en vigor en enero de 2008, con lo que el plazo para redactar este plan estaba cumplido desde principios de este mismo año. «Se desaprovecha una magnífica oportunidad para que, haciendo valer la ley y saliendo de su inercia, imprimiera un cambio más que radical que hiciera desaparecer de la vista un buen número de elementos o instalaciones contaminantes», se lamenta Antonio Delgado en su libro. De haberse realizado el plan, el Ayuntamiento se habría visto obligado a retirar los elementos que alterasen la percepción de los monumentos y zonas protegidas, en consonancia con lo que marca la Ley aprobada por el Parlamento.
Obligados a retirar
Es más, la misma norma dice que los titulares de instalaciones o elementos que causen contaminación visual de acuerdo con la definición que se ofrece en la propia ley, estarán obligados a retirarlos en el plazo de tres años. El amplio recorrido por el casco histórico de Córdoba constata que no se ha realizado nada.
Para Antonio Delgado, los Ayuntamientos tienen, además de una responsabilidad legal y de competencias, una autoridad moral que podría servir para dar ejemplo a la sociedad. No sucede así, como dice en el libro: «Mientras no adquieran un mínimo de sensibilidad y adopten decisiones efectivas para poner fin a las continuas agresiones que perpetran contra su propio patrimonio, muy difícilmente podrán exigir con un mínimo de fuerza moral que los particulares respeten las normas que aquellos son los primeros en infringir».
