Siete trabajadores para una fundación artística cuyo presupuesto en 2011 supera los 586.000 euros puede parecer una cifra exigua y llamativa, tanto en volumen de carga de trabajo como en coste de personal. Sin embargo, al menos por este último concepto, nada más lejos de la realidad. La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí desarrolló durante el año 2010, bajo el control del PSOE, una política de contratación de servicios que mereció la denuncia de la Intervención General, tanto por su falta de justificación como por el hecho de hacerlo siempre con las mismas personas o entidades y sin abrirlo a concurso público.
El informe de fiscalización sobre las actividades de esta entidad de la Diputación da la voz de alarma sobre las comilonas que se realizaban en prestigiosos restaurantes y de las que ayer informó ABC, pero contiene muchos datos jugosos más. Uno de ellos tiene que ver con la contratación de comisarios y coordinadores para las muestras, que a lo largo de 2010 supuso un gasto de 68.020 euros, no siempre bien empleados, según el texto.
Los decretos
Los responsables de las exposiciones se contrataban por decreto del vicepresidente de la Fundación y diputado de Cultura, que en 2010 era el socialista José Mariscal. La falta de personal de una entidad con una plantilla de apenas siete personas y la falta de adecuación justifica esta contratación «a dedo». Los decretos, dice Intervención, definen el trabajo que tendrá que realizar el comisario o coordinador: definir intelectualmente el proyecto, redactar textos, editar el catálogo y coordinar el montaje, además de participar en ruedas de prensa. Nada distinto a lo que sucede con cualquier otra muestra.
Sin embargo, Intervención considera «insuficiente» la justificación de la necesidad que ahora se hace, sobre todo teniendo en cuenta el elevado gasto. El informe reprocha a la Fundación Botí precisamente el que los comisarios se designaran a dedo: «No existen criterios definidos para la selección, no se justifica de ningún modo la elección». Es decir, simplemente se toma a una persona y se le nombra para un puesto, generalmente con una generosa dotación económica.
No sólo eso, sino que teniendo en cuenta que los honorarios eran muchas veces superiores a los 9.000 euros, debían «solicitarse al menos tres candidatas o realizar una convocatoria pública para que puedan presentarse más aspirantes y poder elegir la opción más ventajosa para la Fundación». En lugar de eso, los responsables socialistas de la institución de la Diputación preferían contratar directamente ahorrándose los trámites. El comisario, además, debía recibir unos honorarios, que aparecen reflejados, aunque «no su desglose ni su justificación». Esto es necesario para determinar si la contraprestación que se da a los comisarios es la adecuada para todos los servicios que prestan.
Es más, incluso recuerda que algunos de los puntos del decreto no se pueden admitir. Es decir, cuando se establece en el nombramiento que la organización de la muestra correrá con los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.
Eso sólo sería posible si fuera personal al servicio de la Fundación. Para pagar estos gastos, «se tendrían que incrementar los horarios de antemano». Este no era el procedimiento: tal y como ABC publicaba en su edición de ayer, la preparación de las exposiciones y las reuniones para dar forma a las muestras se coronaban con banquetes por todo lo alto que se intentaban hacer pasar como atenciones protocolarias o citas de trabajo, y en las que muchas veces tomaban parte los coordinadores y comisarios.
Un desglose previo de los honorarios de estos profesionales podría evitar que el concepto de manutención se disparase hasta las cifras que tuvo en el año 2010. La Fundación Botí desarrollaba su trabajo mediante estas jugosas contrataciones mientras que tenía en su nómina a sólo siete trabajadores de un perfil profesional medio (FP II o FP I) e incluso bajo en tres de ellos, mientras tenía las manos libres, o al menos actuaba así, para poder desviar el dinero hacia terceros sin necesidad de ningún control previo.
La contratación de comisarios o coordinadores para las exposiciones realizadas por la Diputación Provincial arroja duplicidades y situaciones sobre las que la Intervención General llama la atención. Una de ellas es «Paradeisos. Culturas del aceite y arte contemporáneo», una muestra que estaba destinada a recorrer varios lugares y sin una cuantía presupuestada para las labores de comisariado.
Intervención estudió con detenimiento los expedientes de gastos correspondientes a esta muestra y concluye que tuvo dos comisarios y un coordinador. Los primeros cobraron 9.000 euros por cabeza y el segundo 6.000 euros, con lo que el gasto total ascendió a 24.000 euros.
Eso sin contar los gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención, que el equipo dirigido por José Mariscal intentaba hacer pasar, aunque Intervención General insiste en que deberían haberse incluido dentro de los honorarios.
La actuación en este caso, donde no se saben las funciones de los contratados, impide conocer «si es realmente necesario realizar ese gasto». En el futuro, insiste el informe de la Intervención General de la Diputación, «se debe hacer una relación detallada de las tareas de cada uno y justificar la necesidad de contratar todos estos servicios de forma externa» y con personal de la propia Fundación Botí.
Se evitarían así situaciones como la de contratar a dos personas para redactar los textos del catálogo de una misma exposición, por importe de 960 euros cada una, y sin comprobar que tiene la habilitación profesional necesaria para llevar a cabo la labor que se le pide.
