LA polémica Ley de Acceso a la Abogacía, que entró en vigor el pasado mes de noviembre,ha dado un paso más que calmará los ánimos de los estudiantes que cursa la carrera de Derecho. El Ministerio de Justicia ha publicado recientemente una guía formativa de carácter práctico sobre la prueba a la que deberán enfrentarse abogados y procuradores después de la carrera y del máster, tal y como exige la normativa.
Las pruebas piloto y sus correspondientes respuestas pueden consultarse en la página web de Justicia, en el apartado «Servicios al ciudadano-Trámites y gestiones personales».
El examen consistirá en un test de 50 preguntas, con un tiempo de una hora y media, seguido de un descanso de una hora y, finalmente, un caso práctico a responder en cuatro horas. La evaluación deberá realizarse en enero o febrero de cada año.
En el test, 25 preguntas serán sobre aspectos como la deontología profesional, las responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional o el funcionamiento de la justicia gratuita. Las otras 25 preguntas serán más técnicas, con el fin de evaluar la capacidad para aplicar conocimientos jurídicos básicos para el ejercicio de la abogacía y la procura.
La nueva normativa ha generado el descontento generalizado, sobre todo, de los alumnos que se preparan para abogados, que en Córdoba ascienden en la actualidad a 647, según datos de la Universidad.
De hecho, los estudiantes de la facultad cordobesa han protagonizado diversas protestas para manifestar su descontento con la Ley.
El presidente del Consejo de Estudiantes de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Germán Martínez, declaró en su día a ABC que los alumnos rechazan esta nueva ley porque, entre otras cuestiones, permite el intrusismo profesional, ya que no especifica la obligación de ser titulado en Derecho para ejercer la profesión.
Además, los estudiantes piden a Justicia que rectifique y adapte la Ley al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, el plan Bolonia, creando un máster de 60 créditos y un año de duración obligatorio sólo para los alumnos que cursen el Grado de Derecho, mientras que los licenciados seguirían accediendo a las profesiones de abogacía y procurador por el sistema actual.
La entrada en vigor de la normativa también ha provocado un aumento de las colegiaciones ante las nuevas exigencias que instaura. De hecho, el Colegio de Abogados cuenta en la actualidad con 2.000 asociados.
