La Junta afirmó después en una nota que llegará «hasta el fondo» del asunto
Día 10/01/2012 - 09.07h
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, eludió ayer pronunciarse sobre las declaraciones del chófer del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en las que afirmaba que usó dinero procedente del denominado «fondo de reptiles» de la Consejería de Empleo —con el que se pagaron los ERE fraudulentos—, para comprar cocaína e «irse de fiesta» con su jefe.
El presidente no se refirió a esta cuestión en todo el día, a pesar de que durante la mañana de ayer, cuando la noticia ya había sido desvelada por ABC, mantuviera una entrevista en un programa de radio de Canal Sur. El director del programa, Tom Martín Benítez, sorprendentemente no preguntó a Griñán por una información que ha sido considerada por el resto de medios de comunicación como uno de los asuntos del día en política nacional. Por ello, el PP-A acusó a ese programa de practicar «sectarismo y partidismo».
Al menos, Canal Sur informó sobre este asunto en su telediario de mediodía, aunque a las 14:58, cuando la mayor parte de su audiencia se suele pasar a los telediarios de las cadenas nacionales de televisión.
Sonoro silencio
El mutismo de Griñánse hizo extensible al Ejecutivo, que mantuvo buena parte del día un sonoro silencio, a pesar de que algunos consejeros estuvieran ayer muy activos en Twitter, como Manuel Recio, Micaela Navarro o María Jesús Montero, aunque comentando otros asuntos.
El pronunciamiento de la Junta se produjo, finalmente, casi a las siete de la tarde. No hubo comparecencia del presidente ni de ningún consejero, sino un breve comunicado, donde el Gobierno andaluz insistía en los argumentos que ha mantenido hasta ahora para afirmar su colaboración con la justicia en este caso.
De entrada, que el Ejecutivo regional es el más interesado en llegar «hasta el fondo» del asunto, por lo que colabora con todas los requerimientos del juzgado número seis, a pesar de que su titular, Mercedes Alaya, haya tenido que recurrir al Tribunal Supremo para obligar a la Junta a enviarle información. Y, en segundo lugar, que fue la Junta «la primera» en comunicar al juzgado las irregularidades en esa Dirección General, cuando lo cierto que el origen de este caso es una denuncia del PP por el «caso Mercasevilla».
Con todo, la Junta insistió en que está personada en el caso como «parte acusadora» y que mantiene la «voluntad» de esclarecer este asunto y recuperar todos los fondos públicos. Para ello, asegura la nota, se han puesto «todos los medios humanos y técnicos necesarios para colaborar en la investigación». Además, desde el Ejecutivo se afirmó que Guerrero «no ocupa ningún puesto de responsabilidad en el Gobierno andaluz desde 2008» y que su exchófer tampoco está vinculado con la Junta.
Antes de se hiciera pública esta nota de prensa, sólo se había pronunciado el PSOE-A. La primera que lo hizo, por la mañana y a preguntas de los periodistas, fue la «número dos» del partido, Susana Díaz, quien, no obstante, tiró de manual para comentar las afirmaciones del chófer de Guerrero. De un lado, trató de negar cualquier responsabilidad del Gobierno andaluz para limitarla al ex director general de Trabajo; y, de otro, cargó las tintas contra el PP, al que acusó de tener información sobre posibles hechos delictivos y, en lugar de ponerlos en conocimiento de la justicia, usarlos con cuentagotas para generar alarma social.
«Espectáculo mediático»
Estos dos fueron los ejes de las respuestas de la dirigente socialista. Así, consideró que «si eso es así», es decir, que se pagara cocaína con dinero de la Junta, eso es «gravísimo», por lo que «cuanto antes» el «peso de la Ley debería de caer sobre esa persona». Y hasta ahí quiso llegar Susana Díaz, ya que se negó a valorar dos de las cuestiones más importantes de esta trama que deja abiertas el asunto de la cocaína.
En primer lugar, el hecho de que Guerrero fuera director general de Empleo desde 1999 y a 2008 y ninguno de los tres consejeros —Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernánez— que fueron sus superiores se diera cuenta de ninguno de sus manejos. Y, en segundo, la absoluta libertad de este alto cargo de la Junta para dar subvenciones de un fondo de 648 millones de euros sin control administrativo alguno.
Díaz se resistió a entrar en estas cuestiones para criticar, en cambio, duramente al presidente del PP-A, Javier Arenas, que, en su opinión, está convirtiendo este caso en un «espectáculo mediático». Por ello, considera «gravísimo» que Arenas realizara una «acusación velada» el domingo sobre este asunto y ayer se conozca esa información.
