La Junta de Andalucía no considera, al menos de momento, que la imputación de su director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera Gómez, en la trama de ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos sea un motivo lo suficientemente grave como para destituirlo. No sólo lo mantiene en el cargo, sino que defiende sus gestiones al frente de la Dirección General de Trabajo después de verse implicado por medio de un contundente auto comunicado ayer a las partes personadas por la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya.
En un comunicado remitido anoche a este periódico, la Oficina de la Portavoz del Gobierno de la Consejería de Presidencia muestra su «sorpresa» por la imputación, a su juicio «infundada», de este alto cargo de Empleo, puesto que «los hechos investigados tienen su origen mucho antes de su nombramiento» (abril de 2010). Sin perjuicio de un análisis a fondo de la resolución judicial, el Gobierno andaluz «lamenta que resulte imputado un responsable político que viene dedicando buena parte de sus esfuerzos desde su nombramiento a esclarecer el caso».
De nuevo, la Junta vuelve a discrepar de la magistrada y califica de «poco sostenible y escasamente fundada dicha imputación». En concreto, Alaya justifica su imputación por firmar una resolución el 3 de septiembre de 2010 relativa a la minuta de un despacho de abogados correspondiente a una prejubilación pagada con fondos de la Junta a una intrusa incluida en un ERE de la empresa Acyco. A este respecto, la Junta dice que Rivera «no tiene la menor responsabilidad en la inclusión de dicho expediente de personas que no tuvieran derecho a ello».
En el comunicado, la Oficina del Portavoz señala que «la póliza de referencia fue tramitada cuatro años antes de que fuera nombrado este director general, que firma la resolución de pago cuando no había ningún indicio de irregularidad». «De hecho —continúa la nota—, fue Daniel Alberto Rivera Gómez el responsable político que adoptó las primeras decisiones de paralización de pagos en el expediente de Mercasevilla en cuanto surgieron las primeras informaciones de irregularidades, meses después del acto administrativo por el que se le imputa».
En declaraciones a Europa Press, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, criticó ayer que Griñán «está planteando a diario un reto a la Justicia», sobre todo cuando, desde su perspectiva, «lo que parece absolutamente infundado es querer hacer ver que Guerrero era el único implicado y responsable». «La responsabilidad de este caso alcanza desde la cabeza a los pies del Gobierno andaluz», afirmó Sanz durante un acto celebrado en La Línea de la Concepción (Cádiz).
