Los servicios jurídicos municipales frenan la remisión a la Fiscalía de las irregularidades

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento han emitido un informe, a propuesta del delegado de Personal, Rafael Navas, que arroja aún más dudas al ya de por sí complejo proceso del expediente sancionador contra la exjefa del departamento de Servicios Generales del Instituto Municipal de Empleo de Córdoba (Imdeec) por su presunta participación en la alteración, en beneficio propio, de la Relación de Puestos de Trabajo de 2010, que no se llegó a aprobar, en el organismo municipal. El informe de los letrados municipales cuestiona muy seriamente «la claridad, el principio de certeza y vinculación de causa y efecto entre la conducta desarrollada y la presunta finalidad de beneficio propio perseguida». Por ello se considera «apresurado la remisión al Ministerio Fiscal» de este expediente.

Vuelta a empezar

Pero no sólo se pone en entredicho esta presunta falta de claridad y de pruebas que certifiquen un posible delito, sino que el informe va más allá al asegurar que el expediente «desde un principio se encuentra orientado a una determinada conclusión, como es su remisión al Ministerio Fiscal, pero sin contener con la precisión y claridad debida los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan aplicarse».

Junto a esto, los letrados municipales estiman que «apenas ha existido una tramitación del expediente disciplinario» y que tampoco se ha cumplido con su «obligado traslado para alegaciones a la parte expedientada», señala. Este último punto atiende la queja presentada en su día por la exjefa del Imdeec que denunció «irregularidades» en la tramitación de su expediente y de sufrir una «vulneración» de su derecho de defensa, pidiendo la recusación de su instructor.

El informe recomienda dos vías de actuación, siempre y cuando se certifique que el expediente no ha caducado. En caso de que esto haya ocurrido, iniciar un nuevo expediente sancionador que cambie al instructor. En caso negativo que se formule un nuevo pliego de cargos «con la debida claridad y precisión».

Precisamente sobre este tema, habló ayer el responsable de Hacienda y Gestión, José María Bellido que respondió a las acusaciones vertidas en su día por IU y PSOE que le señalan como el responsable del ascenso de la exjefa de Servicios Generales del Imdeec al cargo de subdirectora general de Gestión del Consistorio. Bellido defendió la decisión e indicó que el criterio del PP es que cuando hay «personas que están relacionadas con unos hechos, los cuales se denuncian para llevar a la Fiscalía, no deben tener responsabilidad directiva», algo que, aseguró, no ocurría en la anterior gobierno de IU-PSOE, que mantuvo en el cargo al que entonces era director general de Infraestructuras tras un expediente por la gestión de las facturas de las últimas inundaciones en la capital, que la Intervención del Estado remitió a la Fiscalía por presuntas irregularidades.

El PSOE abandona

Mientras tanto, la comisión de investigación celebró ayer una nueva reunión en la que se produjo el abandono del representante socialista, Francisco Alcalde. El PSOE, que apoyó la creación de esta comisión, entiende ahora que no está asegurado el marco jurídico en las investigaciones y más si el asunto acaba en la Fiscalía. Ante esto, pidió paralizar la comisión y, ante la negativa del resto de grupos, la abandonó.

El portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, calificó esta decisión de «irresponsable» e indicó que «esta postura denota el nerviosismo en el PSOE ante los datos que van surgiendo. Parece que temen a las conclusiones sobre su gestión». La comisión recogió la solicitud de la exjefa de Servicios Generales del Imdeec de declarar en persona, hecho que casi con toda probabilidad sucederá la próxima semana.