CÓRDOBA
A punto de finalizar sus trabajos, si algo parece haber quedado claro en la comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en el Instituto de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) es que no hay mucho en claro. Media docena de reuniones, cientos de papeles, decenas de expedientes, informes, contrainformes, y ¿para qué...?
Un mes y medio después de su constitución, poco queda de aquellos iniciales bríos de «levantar alfombras y abrir ventanas, caiga quien caiga». Mucho menos de los anuncios de llevar a la Fiscalía el expediente disciplinario de la exjefa del Imdeec o las graves irregularidades detectadas en la auditoría. Nada queda de aquellos indicios de falsedad documental o manipulación de documentos en beneficio propio. Todos ellos, hechos graves de cuyo reparo o castigo poco o nada se sabe.
Por el momento, la única conclusión es que el PP, con mayoría absoluta en la comisión gracias a sus cinco representantes, va a remitir a la Fiscalía la auditoría que detectó la presuntas irregularidades. La decisión estaba clara de antemano, pero ahora se inscribe más en el ámbito político que en el penal.
Así lo pone de manifiesto la propia Asesoría Jurídica Municipal que, aunque entiende que existe «una inadecuada gestión de los procedimientos» relacionados con las retribuciones, no considera que haya responsabilidades penales ni contables en la política de personal del Imdeec.
Este informe deja también en entredicho el anuncio del gobierno local, que cuando desveló la auditoría aseguró que la remitirá al Tribunal de Cuentas ante la gravedad de los hechos que refleja el informe sobre la política retributiva en el Imdeec, y de la que ha venido dando cuenta ABC.
La amenaza de la Fiscalía también ha estado presente en el expediente abierto a la exjefa de gestión del organismo y que le costó el puesto como subdirectora general de Gestión en el Consistorio. Finalmente esta opción también se deshecha con otro informe de los letrados municipales que aseguran que faltan pruebas y datos concluyentes para dar traslado al fiscal, una conclusión a la que el expediente asegura «parece orientada desde el principio».
Responsabilidades
A esto hay que unirle que los expedientes disciplinarios que en su día se instruyeron contra otros dos empleados del Imdeec, el responsable de las nóminas y un administrativo, fueron sobreseídos antes de que se conformara la propia comisión.
Y es que reunión tras reunión, el globo resolutorio del caso Imdeec ha ido perdiendo aire de manera progresiva mientras se mantenía el peso de unos hechos que llevaron a cobrar miles y miles de euros de manera irregular sin que se sepa cómo retornarán a las arcas municipales.
Primero fue la decisión de que los exresponsables políticos y de la gestión pudieran responder por escrito. Difícilmente se pueden determinar responsabilidades políticas o de cualquier otra índole a través de un cuestionario cerrado que, en algunos casos como el del expresidente Valentín Priego, acaba por convertirse en un ejercicio de retórica que no responde a ninguna de las cuestiones planteadas ni entra en el fondo.
Junto a esto, cabe preguntarse qué ha aportado, aparte de más papeles, la decisión del equipo de Gobierno de ampliar el plazo de investigación a la constitución del Imdeec, en 2004, en vez de al periodo en el que la auditoría detecta las irregularidades, 2006. ¿Qué puede aportar una exresponsable política sobre las irregularidades detectadas en el mandato de otra persona...?
Todo ello aderezado por el análisis de pagos a proveedores en los que tampoco se detectan irregularidades, declaraciones sobre la conveniencia de mantener un órgano como el Imdeec, justo antes de una de las sesiones de la comisión; abandono de los socialistas por las supuestas filtraciones a Prensa y la falta de sustento jurídico de las reuniones...
De lo que se ha hablado muy poco ha sido del fondo técnico de la cuestión: la presunta manipulación de la Relación de Puestos de Trabajo o del cobro indebido de pluses. Mucho menos de los mecanismos que se pondrán en marcha para la devolución de esas cantidades. Ya lo avisó el propio alcalde el mismo día del arranque de la comisión: «Temo que no va haber ninguna explicación razonable».
