El expresidente de la Diputación, el exalcalde de Bujalance, la regidora de Moriles y un edil carloteño, bajo sospecha
Día 03/04/2012 - 10.02h
Las irregularidades en el Consorcio de Bomberos no son flor de un día, sino que se han venido produciendo a lo largo de los últimos ocho años, concretamente desde 2003, que es cuando empiezan a desviarse las partidas destinadas al pago de la Seguridad Social a otros fines, como gasto corriente o regalos. Este escándalo, destapado tras el cambio de gobierno y la llegada del PP, que se topó con un agujero económico que rondaba los 10 millones, apunta directamente al exgerente del Consorcio Antonio Navarrete y a cuatro altos cargos del PSOE.
El primero de ellos es Francisco Pulido, el que fuera presidente de la Diputación durante los años en que se cometieron los presuntos desvíos de partidas, impagos «encubiertos», así con irregularidades en la ampliación de las obras del parque de bomberos de La Carlota. Es posible que tenga que responder si en algún momento fue consciente de este tipo de irregularidades. Y habrá que ver en qué situación queda su gestión tras la investigación de los hechos.
El otro cargo político implicado es Rafael Cañete, exalcalde de Bujalance y presidente del Consorcio entre 1999 y 2003. El fin de su mandato en la empresa provincial de extinción de incendios es el inicio de las irregularidades detectadas.
Quien sí ejerce en la actualidad un cargo público es Francisca Carmona, alcaldesa de Moriles, y que relevó a Cañete de 2003 a 2007 al frente del Consorcio. Durante su mandato empezaron a acumularse las irregularidades, sin que nada aflorase ni hubiese voz de alarma alguna.
El último cargo político implicado es el actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Carlota y último presidente socialista del Consorcio, Fernando Expósito. Bajo su mandato, a parte de irse acumulando los impagos a la Seguridad Social, se detectó una contratación irregular en las obras del parque de bomberos de La Carlota, contratadas sin expediente alguno y encima al hermano de un edil carloteño. Sobre esto tendrán que responder si prospera la denuncia ante el fiscal.
Y la última pieza del rompecabezas la conforma el gerente desde 1996 hasta el pasado febrero, Antonio Navarrete, que según fuentes consultadas por ABC, era «quien realmente lo controlaba todo», lo que no exime de su responsabilidad a los dintos presidentes y responsables políticos del Consorcio.
El PSOE, hasta el final
Por otro lado, el portavoz del PSOE en la Diputación, Salvador Blanco, dejó claro ayer que su grupo «apoya las decisiones que ha adoptado hoy el consejo rector» del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la institución provincial, que ha determinado remitir a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas las supuestas irregularidades detectadas en el propio Consorcio, algo que el PSOE ha respaldado «para que se aclare lo sucedido».