El «tijeretazo» que la Junta quiere darle a los sueldos de los cerca de 28.000 trabajadores que tiene en la provincia —último dato facilitado por el Ministerio de Hacienda— supondría que dejaran de percibir 42,1 millones anuales en sus nóminas. Ésa es la estimación «provisional» del sindicato CSI-F de Córdoba y que aporta Rafael Herrera, su secretario de Acción Sindical. «La cifra podría ser mayor», matiza.
Otro duro golpe para la economía de este colectivo. En este caso, son los de la Junta, pero en general los ingresos de los empleados del sector público llevan dos años de via crucis. Y es que fue en mayo de 2010 cuando el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asediado ya por la crisis, decidió recortar un 5% de media los emolumentos de los trabajadores de las Administraciones. Además, se congelaban para 2011.
Al llegar el PP al Ejecutivo, apostó igualmente por dicha congelación para el presente ejercicio, dada la necesidad de contener el gasto en un escenario crítico.
La pérdida de poder adquisitivo de este colectivo es fácil de constatar. Mientras ellos soportaban, primero, una reducción y, luego, la estabilización de sus ingresos, el coste de la vida subió en la provincia un 6%. Ése fue el incremento del IPC desde junio de 2010 hasta abril de 2012 —último dato disponible—.
Con el agravante para los empleados públicos cordobeses de que por estos lares la inflación creció más en el periodo analizado que en España (5,5%) y Andalucía (5,4%).
A esto hay que sumar que los trabajadores de las Administraciones, como los del sector privado, vieron encogerse su nómina desde febrero de 2012 por la subida del IRPF. El incremento se movió en un alza que fue del 0,75% en los ingresos inferiores a 17.707 euros al 7% para los que perciben más de 300.000. Ese esfuerzo se mantendrá en 2013.
El secretario de Acción Sindical de CSI-F de Córdoba señala que teniendo en cuenta la evolución de los sueldos, el alza del coste de la vida y el incremento del IRPF los empleados de Ayuntamientos, Diputación y Gobierno han sufrido un 15% de pérdida de poder adquisitivo en los dos últimos años. En el caso de los trabajadores de la Junta, incluida Universidad, sumándole el «tijeretazo», dicha pérdida de poder adquisitivo es del 21%.
Y con el recorte o la congelación de las nóminas de los empleados públicos no sólo sufren ellos. Es dinero que deja de fluir en la economía provincial, correspondiente a un grupo muy importante en el mercado de trabajo de Córdoba.
Según el último «Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones» del Ministerio de Hacienda, a fecha del arranque de julio de 2011, Gobierno, Junta, Ayuntamientos, Diputación y Universidad aglutinaban en la provincia 48.824 trabajadores —de todo tipo de personal de la función pública: funcionarios de carrera, personal laboral, eventuales o interinos—. Si se cruza esa cifra de empleados con el total de ocupados del segundo trimestre de 2011, se aprecia que golpear el bolsillo de este colectivo tiene más incidencia sobre la economía cordobesa que en la nacional. Y es que esos 48.824 empleados de las Administraciones supondrían el 19,1% del total de ocupados que había en la provincia entre abril y junio del pasado año, que eran 256.100. El peso del sector público en España era menor: el 14,7% de las personas con un trabajo.
67 millones menos
Por su parte, el profesor de Macroeconomía de ETEA-Universidad Loyola Andalucía, Pedro Pablo Pérez, estima que el recorte en gastos de personal del plan de ajustes de la Junta supondrá que en Córdoba sus empleados dejen de percibir 67 millones aproximadamente. Eso sí, en su cálculo incluye, además de la merma salarial, otra medida del «tijeretazo»: la suspensión de distintos beneficios del personal de la Junta, como ayudas sociales, para alquiler, transporte o estudios.
Pérez incidió en que esto supondrá caída en la renta de varios miles de familias. Este ajuste, siguió este experto, «afectará, sin duda, al consumo» en Córdoba por un doble efecto: el del descenso real de la renta de muchas personas más un efecto psicológico de contención del gasto que se da al sufrir un recorte en los ingresos.
