APDH critica a la Junta por falta de coherencia en sus desahucios

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) denunció ayer la falta de coherencia que la Junta de Andalucía está manteniendo en política de desahucios administrativos en la comunidad autónoma. El delegado del colectivo, Valentín Aguilar, que presentó un informe sobre la situación de la vivienda social en Córdoba, criticó que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, «haga declaraciones en contra de los desahucios que las entidades financieras están llevando a cabo en el mercado libre, cuando su Administración está haciendo exactamente lo mismo en los casos de vivienda social».

Y es que a día de hoy, según manifestó Carlos Arce, abogado de APDH-A, «los expedientes abiertos se siguen tramitando, no hay ninguna orden en contra dada después de estas declaraciones», como avanzó ABC.

Los casos de desahucio de la Junta que han llegado a la asesoría jurídica de APDH-A en los dos últimos años suman un total de 40 expedientes en Córdoba. «Muchos se han llevado a término y otros están en proceso», manifestó Arce, quien señaló que la principal causa de desahucio administrativo es la falta de pago de las rentas.

Deuda de 3.000 euros

En este sentido, la Asociación Pro Derecho Humanos de Andalucía aseguró que la Junta está tomando como primera opción el desahucio, obligando al pago íntegro de la deuda, de unos 3.000 euros de media, en el plazo de 15 días, sin posibilidad de fraccionamiento, lo que «no soluciona nada, puesto que las personas desahuciadas volverán a llamar a la puerta de la Administración solicitando acceder a otra vivienda», afirmó Aguilar.

En el estudio realizado sobre vivienda social, centrado en los barrios de Las Moreras, Las Palmeras y Guadalquivir, APDH-A señala que el stock de vivienda social, es decir, aquella destinada a las familias con rentas más bajas y por debajo del Iprem (Indicador Público de Renta), es de unas 20.000, lo que representa un 7 por ciento en el total de viviendas programadas por el Pacto Andaluz por la Vivienda para el periodo 2008-2017.

Un porcentaje totalmente insuficiente si se tiene en cuenta que en Córdoba hay más de 27.000 personas que no reciben ningún recurso público, 17.500 de ellas residen en los barrios de Las Moreras, Las Palmeras y el Guadalquivir, donde la tasa del paro es del 70 por ciento. Otra de las conclusiones del estudio es la falta de transparencia en la adjudicación de este tipo de viviendas: «Los principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia brillan por su ausencia, y las adjudicaciones se llevan a cabo de un modo aparentemente arbitrario». Entre otras cosas porque es EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía, perteneciente a la Junta) la que resuelve los procedimientos, cuando «sólo es competente para la tramitación administrativa y el mantenimiento de las viviendas», según la normativa.

Carlos Arce manifestó que desde la Consejería de Fomento y Vivienda se les reconoció que la titularidad de la competencia de adjudicación de viviendas sociales la ostentan los ayuntamientos a través de los registros públicos municipales, por lo que espera que «se acabe pronto con la actual confusión administrativa y se adopten baremos a través de informes de los servicios sociales», que acreditarán los requisitos exigidos para obtener una vivienda de estas características.

Para esta asociación es fundamental que en este periodo de crisis se desvincule la vivienda con el concepto de propiedad y se impulse el derecho al uso con políticas que fomenten el alquiler y se garantice el acceso. Para APDH-A, es «absurdo que haya viviendas vacías por desahucios y personas en la calle demandado una».