Han pasado tres años desde que las obras de ampliación de la pista del Aeropuerto de Córdoba obligaran a AENA a expropiar un centenar de parcelas y miles de metros cuadrados de terreno de regadío. Desde entonces, paradojas de la vida, «aún no se ha visto despegar ni aterrizar ningún avión, ni siquiera las habituales avionetas lo han usado», señaló Yolanda Roda, una de las expropiadas. En total, AENA se hizo con casi un millón de metros cuadrados de suelo, lo que conllevó derribar más de un centenar de viviendas ilegales que habían ido proliferando a lo largo de 20 años. Ninguno de los gobiernos municipales pisó el freno de forma contundente a esta actividad. Los parcelistas eran multados, pero continuaban construyendo y las parcelaciones, creciendo. Las obras para la ampliación de pista van a suponer a las administraciones competentes -Ministerio de Fomento y Ayuntamiento- un desembolso millonario en indemnizaciones. Hasta ahora, el ente público de Aeropuertos Españoles ya ha pagado 38 millones de euros y continúa haciendo cuentas. Este dinero parece que caerá en saco roto por culpa de la crisis, puesto que lejos de aumentar su operatividad, el Aeropuerto de Córdoba, incluido en el plan de viabilidad de AENA para los aeródromos con menos actividad, pasará a estar activo sólo por la mañana, es decir, bajará su actividad un 60%.
Córdoba tiene un Aeropuerto carísimo, parado y que sólo ha servido para que los expropiados de casas ilegales hicieran negocio. Los vecinos, lejos de sentir que lograron hacer la venta de su vida, señalaron a ABC que «su capital se ha quedado en la mitad», además de perder «20 años de vida», apuntó Araceli Luque, quien señaló que su casa fue derribada por el protocolo de seguridad que tenía que tener la pista. Con el dinero que le dieron por un terreno de 2.500 metros cuadrados y una casa de 300 metros se compró un piso de 4 dormitorios en el Tablero Bajo. Ella no siente haber ganado nada, al contrario, «volvería a mi casa».
Luque consideró que la ampliación del Aeropuerto «ha sido un despilfarro que no va a servir para nada». Y es eso lo que más siente, que su pérdida al final caiga en saco roto. Lo mismo le ocurre a Yolanda Roda. Su familia recibió por un terreno de 2.000 metros con una casa de 500 metros y otra parcela con una nave de 1.100 metros 1,2 millones de euros. Su tasador lo cifró que valía 2 millones si hubiera estado en suelo legal. Y a eso es a lo que se agarran todos los parcelistas. Creen que al pagar en su día una multa, esto les hacía «legales» y, por tanto, consideran que han perdido el 50% de su patrimonio.
La familia de Yolanda no quiso marcharse de la zona y volvió a comprar otra parcela y construir otra casa por la que ha vuelto a recibir una multa de 78.000 euros. «Hemos vivido aquí toda la vida y no queríamos irnos», manifestó. Su padre construyó su casa con sus propias manos. «Era albañil y lo hizo todo a su gusto. Cada vez que pasaba por allí después del derribo lloraba, mi padre pasó mucho», señaló recordando a su padre ya fallecido. Luque afirmó que «los parcelistas no somos entendidos por el resto de la ciudad», y es cierto. Desde fuera son unos afortunados porque hicieron un negocio redondo, pero desde dentro el dinero no lo es todo, sobre todo cuando «la ampliación parece haber sido un capricho político. Córdoba no necesitaba ampliar el Aeropuerto y no lo recomendaban. ¿Para qué perdí mi casa?», sentenció Luque.
