Durante 2011 elaboró 307 informes de protección, un 17% más que el ejercicio anterior
Día 27/08/2012
El hogar no siempre es el lugar más seguro para sus moradores. A veces, incluso, algunos de sus miembros pueden convertirse en la pesadilla de los integrantes más indefensos del núcleo familiar. Sin embargo, la maquinaria de protección del menor cuenta con diversos mecanismos que permiten, en la mayoría de los casos, sacar de la boca del lobo a un pequeño en situación de riesgo. Entre las herramientas de las que se vale la Administración andaluza para salvaguardar la vida de los niños, se encuentran los efectivos de la Policía Autonómica, que actúa como eslabón entre la autoridad judicial y la administrativa.
El Área de Protección al Menor de este Cuerpo ha retirado de sus familias a 164 menores en los últimos cinco años, según datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. No obstante, como dato positivo destaca el hecho de que la cifra ha ido decreciendo. Así, frente a los 39 infantes retirados en 2007 de su ámbito familiar por encontrarse en situación de riesgo, el año pasado descendieron hasta 28, lo que supone un 39 por ciento menos.
Eso sí, durante 2011, la Policía Autonómica elaboró la friolera de 307 informes de protección de menores, un 17% más que un año antes, cuando la cifra se quedó en 261 documentos entregados a Bienestar Social.
En la mayoría de los casos, la Administración decreta el desamparo del niño. Las causas son variopintas. Así, se puede tomar esa decisión motivada por el abandono voluntario del menor por parte de su familia, la ausencia de escolarización habitual del menor, la existencia de malos tratos físicos o psíquicos o de abusos sexuales por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de éstas; la inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación económica del menor de análoga naturaleza; la drogadicción o el alcoholismo habitual del menor con el consentimiento o la tolerancia de los padres o guardadores; o el trastorno mental grave de los padres o guardadores que impida el normal ejercicio de la patria potestad o la guarda.
Si bien la Policía Autonómica no llevó a cabo ninguna intervención el año pasado en la capital motivada por inducción a la mendicidad, sí es cierto que el fenómeno preocupa por tratarse de una realidad, sobre todo, entre colectivos de nacionalidad rumana en los que, además, la situación de los menores es más que complicada.
Así, la Fiscalía cordobesa pone de manifiesto en su Memoria de 2011 su «preocupación» por estos niños, que viven en asentamientos «hacinados y en condiciones infrahumanas, mucho peores a las de otros menores que se declaran en desamparo».
De hecho, en febrero del pasado ejercicio se localizaron 15 asentamientos con un total de 69 familias y 91 menores. «Se tienen localizadas e identificadas a las mujeres que se dedican a la mendicidad con sus hijos, que suele ser el 30 por ciento de las féminas rumanas», reza el informe.
En estos casos, «la intervención se complica mucho, dada la escasa colaboración de las madres, rechazo de recursos y una presencia continuada de indicadores de riesgo que por su frecuencia y prolongación en el tiempo puede repercutir de manera negativa en el desarrollo adecuado de los menores».
El pasado año se facilitó la incorporación de los menores pertenecientes a estos colectivos a colegios, estando escolarizados el 66 por ciento de ellos. «Un alto porcentaje de chicas de entre 13 y 15 años asumen responsabilidades de adultas o incluso ya son madres», recoge la Memoria de la Fiscalía.
El Ministerio Público llevó a cabo a lo largo del pasado año diversas diligencias de investigación, cuatro por supuesto delito de abusos sexuales en que las víctimas eran menores.
