La información que adelantó ayer ABC Córdoba y que desveló que el administrador concursal del Córdoba CF, Daniel Pastor, defensor principal de los derechos de los acreedores, tiene una empresa (Expertos Administradores Concursales) con la abogada del club en el proceso concursal, Elena Ros, que asesora a la entidad blanquiverde en intereses contrapuestos a los de los acreedores, produjo ayer un reguero de reacciones de sorpresa por la información e indignación por esta situación para los exconsejeros de la etapa de la presidencia de José Miguel Salinas. Una sensación que contrasta con el mutismo absoluto de Pastor y de los dirigentes del Córdoba CF, tras publicarse esta situación.
Los exconsejeros de la era Salinas han sido demandados, precisamente, por la administración concursal del club (Pastor y Alberto Escudero) por la calificación como «culpable» de su gestión en el Córdoba en los dos años previos hasta la declaración del concurso de acreedores. Por este motivo, Pastor y Escudero han solicitado inhabilitaciones de hasta cuatro años para los 15 exconsejeros y una indemnización global para los gestores de la entidad y Prasa de 8,5 millones.
Las reacciones a la información de este diario no se quedaron en simples palabras. Antonio Prieto, vicepresidente del Córdoba, vive junto a Francisco Herrera, secretario del Consejo, una situación peculiar, ya que son los únicos que siguen en el órgano de administración actual y que estaban en la etapa de Salinas. Por tanto, señalados por la demanda de los administradores concursales. El número dos del Córdoba CF pidió ayer de inmediato explicaciones oficiales al presidente del club, Carlos González, y ya se plantea abiertamente la salida del Consejo mediante su dimisión irrevocable si éstas no se producen o no le convencen jurídicamente.
Prieto ha sido el primero en mover pieza para conocer realmente el alcance de la relación empresarial de Pastor y Ros, es decir, entre la administración concursal y el club. El vicepresidente se mostró «sorprendido por la información que habéis publicado» y aclaró que «estaba en total desconocimiento de esa vinculación societaria entre el administrador concursal y la abogada del club». No quiso entrar en detalles jurídicos hasta recibir una explicación formal del resto de dirigentes de la entidad, pero avanzó que «no me parece ético esa confusión de intereses» entre Pastor y Ros, que representa al Córdoba CF, y fue nombrada por el actual propietario del club, Carlos González.
El vicepresidente explicó a este diario cuáles han sido los pasos inmediatos que se han producido para tener conocimiento de la vinculación societaria entre el administrador concursal Pastor y la letrada del club Ros, y, por tanto, la posible confusión de intereses entre la administración concursal y los dirigentes del Córdoba, que fueron quienes contrataron a la abogada malagueña para asesorarle en el concurso.
Prieto expuso que «tras ver la información he pedido de inmediato explicaciones dentro del club sobre lo que se ha publicado, y de esas explicaciones dependerá mi continuidad o no en el Consejo de Administración», dejando claro que se plantea su salida del Córdoba CF, mediante la presentación de su dimisión, ante el cariz que están tomando los acontecimientos. Incluso, no se descarta que pudiera usarse la vía judicial si fuera necesario para recibir las pertinentes explicaciones.
Prieto fue más comedido cuando se le cuestionó qué le parecía el cese de Pastor por la jueza Nuria Orellana, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, del concurso del Grupo Jale por el «percibo de cantidades superiores a las autorizadas por el juzgado», según dicta la jueza en su auto. Además, les solicitó a Pastor y a los otros dos administradores el reintegro «de los cerca de tres millones» recibidos por encima de lo autorizado. Prieto aseguró que «en este momento del procedimiento judicial que ellos han abierto con nosotros, no hago valoraciones que se puedan interpretar como parciales o subjetivas» y añadió que «seré respetuoso con el procedimiento como me hubiera gustado que ellos lo hubiesen hecho conmigo».
Al fondo de este nuevo espacio de batalla abierto entre los anteriores dirigentes, los actuales y los administradores concursales, más la judicialización del procedimiento, el punto clave para desatascar este polémico asunto está en el «Pacto Segundo» del contrato de compraventa de las acciones del Córdoba CF entre Prasa y Ecco Documática, empresa de Carlos González. En él, se expresa literalmente que «Ecco Documática asume el pago, a sus expensas, de las deudas» generadas hasta entonces por el club y que, a su vez, «asume la responsabilidad» en las hubiesen podido incurrir «los administradores actuales y los anteriores», e incluso «los que se mantengan de forma transitoria».
En este sentido, Prieto apuntó que «no tengo ninguna duda de que Carlos González va a cumplir lo pactado y firmado en el contrato de compraventa», es decir, «el pago íntegro de la deuda que tenía el club» en el momento de la compra, ya que «si ese contrato se cumple, el pago de la deuda iría íntegramente a satisfacer los derechos de crédito de los acreedores y no existirá ninguna responsabilidad ni tendrá sentido lo que se nos exige a los antiguos consejeros durante la etapa de Salinas».
Pastor guarda silencio
ABC intentó de nuevo ayer ponerse en contacto telefónicamente con Daniel Pastor, administrador concursal del Córdoba CF, para que expresara su posición respecto de la información publicada por este diario, pero tampoco atendió a este medio.
Pastor, que tiene una dilatada trayectoria profesional, actualmente es el supervisor imparcial designado por la entidad blanquiverde para fiscalizar el cumplimiento por el club del convenio concursal que aprobaron los acreedores en mayo.
González: «No opino de nada»
El presidente del Córdoba CF, Carlos González, también mantiene la línea de hermetismo absoluto en sus declaraciones públicas que se ha autoimpuesto desde que se destapase la calificación como «culpable» la gestión de los exconsejeros de la etapa de Salinas por el informe de calificación de los administradores concursales del Córdoba, Pastor y Escudero.
Este diario contactó con el máximo rector blanquiverde, pero González contestó con reiteración a las preguntas con un «no opino de nada». El empresario canario afincado en Madrid contestó así cuando se le cuestionó si habían recibido ya el informe concursal, qué opinión le merecía que Pastor y la abogada que contrató el club para el concurso compartan una sociedad dedicada a ellos, precisamente, o si conocía esa vinculación profesional entre ambos, entre otras cuestiones.
