La legalidad del acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos se decidirá el día 29
El TUE dictaminará si el envío de productos agrícolas entre los dos territorios es legal o se debe anular por incluir al Sáhara Occidental
El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) dictaminará si el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos que incluye el Sáhara Occidental es legal o, como defiende el Frente Polisario, se debe anular por ser contrario al Derecho Internacional al incluir un territorio pendiente de descolonización.
La sentencia podrá ser recurrida por cualquiera de las partes en un plazo de dos meses y diez días, amenaza con abrir una nueva fricción entre Bruselas y Rabat si la Justicia europea tumba ambos acuerdos tras superar la crisis surgida en mayo por el paso de miles de migrantes a España en Ceuta.
El tribunal de Luxemburgo declaró en diciembre de 2016 que los acuerdos entre la UE y el Reino de Marruecos no pueden incluir el Sáhara Occidental por tratarse de un territorio no autónomo. Este hecho obligó a ambas partes a renovar el pacto agrícola para que pudiera incluir productos alimentarios procedentes de la antigua colonia española.
El Frente Polisario ha pedido a la Justicia europea la anulación de este acuerdo por estas modificaciones, pero la Comisión Europea y los gobiernos del bloque consideran que es válido porque la población local ha sido consultada y, a juicio de las instituciones comunitarias, tendrá un impacto positivo sobre la economía.
Importancia de este acuerdo para el campo andaluz
La decisión que tome el TUE será de gran importancia para el campo andaluz. De hecho, las organizaciones agrarias han mostrado en numerosas ocasiones la preocupación del sector por las repercusiones que está teniendo el acuerdo comercial con Marruecos en las producciones hortofrutícolas españolas, y que, como detalla Asaja Almería, «está provocando la desaparición del tomate y genera unas pérdidas de 750 millones de euros anuales».
Además, la presencia de los productos procedentes de Marruecos en el mercado nacional no ha parado de crecer, y los productores hortícolas almerienses son los principales afectados, por lo que han decidido manifestarse el próximo 8 de octubre para reclamar a las administraciones públicas un mayor control aduanero a las exportaciones procedentes de terceros países, así como la modificación de los acuerdos de asociación para que se garantice una competencia en igualdad de condiciones.
Los argumentos de la UE
La evaluación europea con respecto al impacto del acuerdo agrícola sobre el Sáhara Occidental concluyó que las ventajas arancelarias para productos saharauis supondrán un «fuerte impulso» para el crecimiento económico y el desarrollo social. También que promoverá, según este análisis, unas «condiciones de inversión favorables» y «contribuirá a una expansión rápida y significativa que permitirá el desarrollo del empleo local».
En este caso, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) realizó «amplias consultas» en las que «la mayoría de los actores socioeconómicos y políticos que participaron en ellas se mostró a favor» de ampliar las ventajas arancelarias a productos saharauis.
El Frente Polisario y «otras partes», sin embargo, se negaron a participar en ellas porque entiende que el acuerdo implica un reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y sus recursos, algo que niega la UE.
El polisario pide la anulación
Así, el Polisario pidió al TUE que evaluase la legalidad del acuerdo y ha fundamentado su posición en una decena de motivos, el primero de los cuales señala que la UE y Marruecos carecen de competencias para negociar acuerdos internacionales que sean aplicables al Sáhara Occidental en nombre de la población afectada.
Por otro lado, denuncia que antes de celebrar el acuerdo no se ha evaluado el respeto de los derechos fundamentales y el Derecho internacional humanitario, así como que «niegan la existencia del pueblo saharaui como sujeto de Derecho sustituyéndolo por la expresión ‘poblaciones afectadas’» .
También argumenta el Polisario que el acuerdo agrícola «vulnera el derecho del pueblo saharaui de disponer libremente de sus recursos naturales» y organiza «sin su consentimiento» la exportación de sus productos a la UE y la explotación de sus recursos pesqueros por buques europeos.