El acuerdo de la PAC en Bruselas admite el modelo que defiende el campo andaluz
Cerrados los flecos en los reglamentos europeos, la patata caliente de la PAC vuelve al Ministerio de Agricultura
Después de tres años de negociaciones, el Consejo de Agricultura ha dado el visto bueno a un acuerdo para la futura PAC. Aunque debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, se da ya por definitivo, por lo que no se esperan sustos de última hora.
Un alivio para países como España, ya que un nuevo retraso por falta de acuerdo vendría a constreñir más el apretado calendario previsto, complicando sobremanera al Ministerio de Agricultura el cumplir sus plazos respecto al Plan Estratégico Nacional. Yes que, cabe recordar que, el ministro Planas ha anunciado su intención de presentar el primer borrador del Plan Estratégico -donde se decidirá la aplicación de la PAC a nivel nacional- en el mes de julio, con el objetivo de ir depurándolo y a finales de año presentar el documento definitivo y someterlo a la evaluación de la Comisión Europea, con objeto de tenerlo aprobado en primavera de 2022.
Una vez despejados los flecos pendientes en Bruselas y desbloqueados los tres reglamentos de la nueva PAC, la patata caliente de la negociación vuelve a estar en el Ministerio de Agricultura, quien todavía no ha mostrado las cartas que esconde en su Plan Estratégico a las comunidades autónomas, documento que se presentará a Andalucía y al resto de las autonomías en la Conferencia Sectorial, prevista para la primera quincena del mes de julio.
Así es el acuerdo
En cuanto al acuerdo alcanzado por los negociadores del Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea (el denominado supertrílogo) contiene «luces y sombras». Así, hay unanimidad general en el sector agrícola, que valora el hecho de que haya habido acuerdo como «la mejor noticia» y que éste haya llegado en la presidencia de Portugal, que hasta el 30 de junio actúa en representación de los Veintisiete.
Luego, también hay consenso en que será una PAC «más verde», algo que ya se sabía, gracias al empeño del presidente de la Comisión, Frans Timmermans, padre del Pacto Verde Europeo. De hecho, «si las anteriores reformas siempre han llevado el nombre del comisario de Agricultura, ésta (2021-2027) puede que sea la primera que lleve el nombre del presidente de la Comisión», bromea el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro.
Un «reverdecimiento» que supondrá, según apunta Caro, que «prácticas como la rotación de cultivo y la retirada por las que un agricultor viene cobrando un 33% de los pagos actuales, en concepto de pago verde, a partir de 2023 los tendrá que cumplir sin recibir nada a cambio».
Pero además, Asaja Sevilla destaca que será una PAC «bastante más complicada que la actual», entre otras cosas, por la «carga burocrática extra» que supondrá para los agricultores la condicionalidad social.
No obstante, desde Andalucía, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, valora que el acuerdo de la PAC «no exige cambios bruscos sobre el modelo actual» eso sí, con un incremento de requisitos ambientales y con la novedad de los ecoesquemas, pero subraya que «permite el modelo agrario propuesto para el periodo 2023-2027 en la declaración institucional apoyada por todo el sector andaluz», basado en la regionalización de las ayudas como el pago básico a la la renta y a los ecoesquemas y en el sistema de derechos. «Estos son elementos esenciales para el reconocimiento de la diversidad de nuestra agricultura», añade. Por tanto, la última palabra sobre las regiones y los derechos en la nueva reforma la tiene el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Sistema de derechos
Respecto al sistema de derechos, el texto aprobado en Bruselas se ajusta al periodo de convergencia paulatino propuesto por Andalucía, que fija el objetivo de alcanzar el 85% en 2026 e introduciendo un mecanismo de limitación de pérdidas para aquellos que tengan un mayor valor.
«Desde Andalucía consideramos que la convergencia debe realizarse de una forma paulatina que permita la adaptación de los agricultores y ganaderos a la nueva situación. La convergencia intrarregional del 85% debe alcanzarse al final del periodo, tal y como se establece en el acuerdo», señala Crespo.
También es fundamental la limitación de las pérdidas que se puedan producir por la aplicación de esta convergencia en aquellos sectores especialmente afectados, «como puedan ser los sectores ganaderos de poca base territorial y los de cultivos industriales», ya que, de otra forma, estos agricultores y ganaderos se verían muy perjudicados haciendo inviable el mantenimiento de su actividad.
Igualmente, se respeta la pluriactividad dentro de la definición de agricultor genuino, incluyendo a aquellos que reciben menos de 5.000 euros de ayudas directas. «Ésta es una pieza clave para el mantenimiento de la actividad económica, el empleo y la fijación de la población en las zonas rurales», declara Crespo.
Agricultor genuino
En cuanto al agricultor genuino, Asaja Sevilla recuerda que de cómo quede esta definición, dependerán buena parte de las ayudas y del número de perceptores que las reciban. Así, explica que Bruselas indica que la definición debe ser «obligaroria, flexible y sencilla», y por los derroteros que parece está yendo España, proponiendo para ser agricultor genuino cumplir un porcentaje significativo de ingresos agrarios respecto a sus ingresos totales, «no es ni flexible ni sencilla» y «ningún otro país lo va a aplicar así».
Por tanto, la incógnita a desvelar sigue estando en cuál será definitivamente ese porcentaje agrario que exigirá España, ya que se baraja un 20%, un 30% ó incluso un 50% como piden algunas autonomías. La decisión será determinante, ya que «entre 54.000 y 120.000 agricultores y ganaderos andaluces pueden quedar fuera del sistema de ayudas», alerta el técnico de Asaja Sevilla.
Ecoesquemas
Tanto desde la Consejería de Agricultura andaluza como desde la patronal agraria Asaja Sevilla lamentan que el acuerdo definitivo «contiene algunas sombras», como destinar un 25% de los pagos directos a los ecoesquemas. Andalucía considera «excesivo» condicionar ese porcentaje de los pagos directos a ecoesquemas, al superarse el 20% inicialmente planteado por los estados miembros.
En el mismo sentido se pronuncia Asaja, posicionada «en contra de los ecoesquemas», ya que «no es necesario restar un 25% de los ingresos que recibe el agricultor, porque la cuota de la agricultura verde ya la tiene más que demostrada», apunta Antonio Caro. No obstante, valora que haya un periodo de dos años de aprendizaje (2023 y 2024) en el que se puede aplicar un techo del 20% en lugar del 25%, aunque «el temor sigue siendo a que ese dinero de los ecoesquemas se pierda si al agricultor le resulta imposible cumplir con los requisitos o no los considera atractivos».
Luego, otro aspecto que incluye el acuerdo provisional y que de aplicarse en España sería una novedad, gira entorno a una ayuda redistributiva de como mínimo el 10% del sobre de los pagos para favorecer a los pequeños agricultores. Se trata de una de las reivindicaciones de UPA Andalucía, que entiende esta demanda como clave para proteger la agricultura familiar frente a modelos superintensivos y de gran dimensión.
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