Andalucía acelera la ejecución de los fondos de desarrollo rural y alcanza la media nacional
El gasto público declarado en el mes de diciembre alcanza los 1.052 millones de euros, el 43,46% de la programación para el periodo actual
En la última reunión del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía para el marco actual 2014-2020, celebrada el pasado 18 de diciembre, se pusieron sobre la mesa los datos de ejecución de dicho programa a fecha de este último mes del año.
Datos que hablan tanto del gasto público comprometido (es decir, cuando hay convocatoria de ayudas); como del gasto ejecutado (cuando ya hay resolución de dichas ayudas), así como del gasto público declarado (que es cuando el dinero está pagado y en manos de los agricultores y ganaderos).
Así, al cierre nominal del periodo actual, el gasto público comprometido es de 1.565,4 millones de euros, lo que supone el 64,66% del gasto público total programado, que alcanza los 2.421 millones de euros, con un nivel de ejecución de ese montante de 1.091,1 millones de euros, un 45,06%.
Por su parte, el gasto público declarado (estando por tanto en el bolsillo de los productores andaluces) es de 1.052,3 millones de euros, el 43,46% del total de esos 2.421 millones disponibles para las políticas de desarrollo rural en este marco.
Asaja Andalucía valora positivamente el impulso que el Gobierno actual ha dado a la ejecución de los fondos de desarrollo rural. A este respecto, recuerda que al cierre de 2018, la Junta de Andalucía del anterior Gobierno, presidido por Susana Díaz, tan sólo había declarado un gasto público del 20%, lo que situaba a Andalucía a la cola en la ejecución del Programa de Desarrollo Rural.
En enero de 2019 se producía el cambio político en la Junta de Andalucía, «y en sólo dos años se ha ejecutado más presupuesto que en los cuatro años anteriores», alcanzándose actualmente un nivel del 43,46%. Así, «si Andalucía iba antes a remolque de otras autonomías españolas con un peso agrícola menor, este año ha logrado equipararse a la media de ejecución del Programa de Desarrollo Rural a nivel nacional, que se sitúa entorno al 50%», declara el director general de Asaja Andalucía, Félix García de Leyaristy Benjumea.
«Ritmo lento»
No obstante, el director de la patronal agraria insiste en que «seguimos muy preocupados porque el ritmo es lento y todavía queda más del 50% de los fondos del programa por ejecutar». Así, tras valorar el impulso dado al programa en 2019, advierte que «se observa una ralentización en esa ejecución motivada por la crisis del Covid-19 en este año 2020», por lo que ha instado a «seguir pisando el acelerador con más énfasis, para que no se pierda ni un sólo euro de los fondos destinados a acciones de desarrollo rural, para no repetir lo ocurrido en el marco anterior (2007-2013), cuando se dejaron sin ejecutar 150 millones de euros de gasto público».
Entre las medidas del Programa de Desarrollo Rural andaluz que cuentan con un mayor grado de gasto público declarado destacan la Medida 13, correspondiente a pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, que alcanza el 78,37% sobre lo programado. Algo por debajo estaría la Medida 11, correspondiente a la agricultura ecológica, con el 75,6%. Le siguen la Medida 6, correspondiente a la creación de empresas para jóvenes agricultores, que alcanza el 74,81% así como la Medida 10, donde se incluyen las ayudas agroambientales, con un gasto declarado del 69,59%.
«Entendemos que en estas medidas la Consejería de Agricultura ha fijado sus prioridades en desarrollo rural, a tenor del nivel de ejecución y de agilidad a la hora de la tramitación de estos fondos», señala la regional de Asaja.
Ayudas forestales
En situación inversa se sitúa la Medida 8, correspondiente al paquete de las ayudas forestales, «de las más rezagadas en el programa, pese a su importancia», critica García de Leyaristy.
Así, tras siete años de espera, en octubre de 2019 se publicaba en el BOJA la orden de convocatoria de las «Ayudas para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los sistemas forestales (Operación 8.5.1)», dotadas con un presupuesto de 106 millones de euros.
En marzo de este año llegaba la resolución provisional de estas ayudas, pero la irrupción de la pandemia y sus restricciones dejó su tramitación en el limbo, y en diciembre aún no tienen resolución definitiva.
Tampoco se ha avanzado en lo que respecta a las ayudas correspondientes a la Operación 8.3.1, para la prevención de daños causados a los bosques por incendios, convocada en 2018 con un presupuesto de 14,5 millones de euros. «Aún quedan expedientes pendientes de resolución definitiva de la convocatoria de hace dos años y no se han abierto nuevas convocatorias ni en 2019 ni en 2020», critica el director de Asaja Andalucía.
La desidia de la Junta con las ayudas forestales es tal que «ni siquiera aparecían en el orden del día del pleno del Consejo Andaluz de Medio Ambiente, celebrado el pasado 21 de diciembre, siendo el primero convocado por este Gobierno y estando presidido por la consejera del área, Carmen Crespo».
No obstante, ante la pregunta elevada por Asaja Andalucía, el secretario general de Medio Ambiente, Francisco Gutiérrez, informó en dicho órgano a los presentes que «no descarto que enviemos las resoluciones definitivas de las forestales a Intervención antes del 31 de diciembre».
Eso significaría, según Félix García de Leyaristy que «como muy pronto nos iríamos a febrero de 2021 para tener las resoluciones definitivas en la calle» y, a este respecto, lamenta que no hubiese «un compromiso en firme» para que estos fondos «lleguen a la mayor brevedad posible a los beneficiarios definitivos».
Plazos extra
Aunque el programa 2014-2020 está a cuatro días de su término anual, la Consejería de Agricultura cuenta con un plazo extra por aplicación de la regla N+3, lo que le permite seguir ejecutando gasto tres años más.
No obstante, para poder cumplir esta regla, la Junta está obligada a declarar un objetivo de gasto de 264,5 millones de euros en este ejercicio 2020. Si no se alcanza dicha cifra, a la Junta le quedaría todavía un as en la manga: justificar que por motivo de fuerza mayor (en este caso, por la pandemia del Covid-19) ha sido imposible alcanzar dicho gasto en Andalucía, acogiéndose así al artículo 38 del apartado 1 y 5 del Reglamento UE 1306/2013.
El Covid-19 también ha impactado en el desarrollo del PDR andaluz en este ejercicio, recuerda Asaja Andalucía. Así, gracias a una modificación del Reglamento del Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (Feader) a propuesta de Andalucía, se reprogramaron (Medida 21) 50,6 millones de euros de gasto público, que fueron a sectores como el de la flor cortada, la ganadería extensiva y el sector vitivinícola, los que en mayor medida han sufrido las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria del Coronavirus.
Nuevos fondos para el PDR
Llegan fondos nuevos al desarrollo rural tanto por parte del Feader transitorio como de los fondos de recuperación «EU Next Generation». El importe adicional Next Generation quedó fijado en torno a 8.000 millones de euros para el conjunto de la UE -27, de los cuales a España le corresponderán 717,7 millones para paliar los efectos del Covid-19.
De este montante presupuestario, al PDR de Andalucía 2014-2020 le corresponden 165,25 millones que los pone al 100% Bruselas, con una distribución del 30% (48,89 millones) en 2021 y del 70% (116,36 millones) en 2022.
En lo que respecta al Feader transitorio para los dos próximos años, a Andalucía le corresponden 552,55 millones, con una distribución de 303,79 millones en 2021 y 248,76 millones en 2022. «Esta reprogramación supondrá la prórroga de la gestión del PDR andaluz 2014-2020 dos años más, finalizando totalmente el marco (tras el N+3) el 31 de diciembre de 2025». Por tanto, «hay que seguir apretando porque hay más tiempo pero también más dinero que hay que ejecutar», por lo que es necesario «priorizarlo donde de verdad hace falta», enfatiza García de Leyaristy.
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