Andalucía enfrenta un debate clave sobre el futuro de sus vías pecuarias
Asaja Sevilla exige una reforma profunda del marco legal y una gestión más ágil, útil y respetuosa con la realidad rural
El nuevo «Plan de Infraestructuras Verdes para la Conectividad de Andalucía», lanzado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha abierto un intenso debate sobre la gestión de las vías pecuarias en la comunidad. Asaja Sevilla ha anunciado que presentará alegaciones antes del 25 de junio y ha difundido un decálogo en el que expone una crítica frontal al enfoque de la actualidad.
La organización agraria reclama una reforma urgente de la normativa, tanto nacional como autonómica, para dejar atrás lo que considera una visión ambientalista sin base práctica. Exige facilitar trámites como la ocupación temporal y la venta de tramos inservibles, además de exigir un uso más racional de estos caminos históricos.
Uno de los puntos más polémicos es el cuestionamiento de los deslindes realizados en Andalucía, que Asaja denuncia como arbitrarios y mal fundamentados. Solicitan su anulación en amplias zonas del antiguo Reino de Sevilla, como Huelva, Cádiz, parte de Córdoba y Badajoz, proponiendo una nueva clasificación basada en estudios históricos rigurosos. Según la organización, «es inaceptable que se actúe como si las clasificaciones antiguas fuesen simples propuestas y no resoluciones firmes».
Además, plantean que los tramos sobrantes se vendan a propietarios colindantes y que esos fondos se destinen a mantener las vías útiles, mejorar su limpieza y aplicar planes de prevención de incendios. También rechazan los deslindes «de facto» basados en estimaciones técnicas sin procedimiento legal, y piden que se respete la inscripción registral y la posesión de los terrenos. «No se puede permitir que un cálculo de un funcionario sustituya un deslinde formal ni que se ignoren derechos inscritos en el Registro de la Propiedad», advierten.
Otro de los puntos clave del decálogo es la parálisis administrativa. Asaja denuncia que muchos expedientes tardan más de ocho años en resolverse, mientras otros avanzan rápido por razones políticas o sociales. También exige el fin de sanciones en vías no deslindadas y que se cumplan las sentencias judiciales firmes que anulan deslindes anteriores. «Es intolerable que se sigan aplicando resoluciones anuladas por los tribunales como si estuvieran vigentes», afirman.
Advierten del uso descontrolado de estas vías por vehículos a motor, especialmente en zonas protegidas, lo que las convierte en accesos para robos o actividades ilegales. «En muchos casos no se exige el permiso previo obligatorio para el uso público ni se controla el acceso motorizado, a pesar de que está prohibido». También denuncian que las Delegaciones Territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente carecen de medios suficientes para aplicar cualquier política eficaz. «Su situación en cuanto a personal y recursos es terrible», afirman desde la organización. Asaja plantea así un modelo alternativo, basado en la utilidad real, la legalidad y el respeto al medio rural. Reclama que las vías pecuarias dejen de ser un obstáculo burocrático y vuelvan a ser caminos vivos, útiles y gestionados con rigor.
Desde el punto de vista de la organización agraria, el plan presentado por la Junta ignora la realidad del territorio y prioriza objetivos teóricos por encima de las necesidades del campo andaluz. Critican que se impulse un discurso de ‘infraestructura verde’ mientras las vías pecuarias reales están, en muchos casos, degradadas, invadidas de maleza o convertidas en vertederos, sin un plan efectivo de mantenimiento o recuperación. Para Asaja, «la protección del dominio público no puede servir de excusa para bloquear el desarrollo rural ni para castigar a quienes han sido sus verdaderos custodios: tanto los agricultores como los ganaderos».
En ese sentido, subrayan que cualquier política de conservación o puesta en valor de estas vías debe contar con el sector agrario como aliado, no como adversario. Reclaman diálogo real, soluciones prácticas y seguridad jurídica. Aseguran que el problema no es la existencia de vías pecuarias, sino su gestión alejada de la función para la que fueron concebidas: servir como caminos de tránsito ganadero, conexión entre fincas y soporte de actividad rural. «Transformarlas en corredores ecológicos de papel, sin utilidad real, es condenarlas al abandono o al conflicto», concluyen.
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