«Andalucía necesita una política agraria útil para quien vertebra el territorio», por Jaime Martínez-Conradi

A las puertas de las elecciones al Parlamento de Andalucía el próximo 17 de mayo, el campo andaluz afronta una etapa decisiva. En un contexto marcado por la incertidumbre climática, la inestabilidad geopolítica, la presión regulatoria y la creciente competencia internacional, Andalucía necesita que el debate público sitúe la política agraria e industrial en el lugar que le corresponde: como una prioridad estratégica, útil y centrada en resolver problemas reales. Una política que acompañe a quienes producen, transforman y comercializan desde el territorio, y centrada en fortalecer un modelo empresarial que ha demostrado sobradamente su capacidad de generar riqueza, empleo, cohesión social y estabilidad económica: el cooperativismo agroalimentario.

Las cooperativas agroalimentarias andaluzas no son una pieza accesoria del sistema productivo. Son una de sus columnas vertebrales. Ordenan la producción, concentran oferta, asesoran y profesionalizan las explotaciones, aportan dimensión empresarial, invierten en transformación y comercialización, sostienen la actividad en el medio rural y, además, lo hacen desde un rasgo diferencial de enorme relevancia pública: no se deslocalizan. Su base social está en el territorio. Su capital, su gobernanza y su compromiso, también.

Por eso, cuando hablamos de política agraria, no hablamos de ayudas, ni de regulación, ni de marcos administrativos. Hablamos de que queremos una Andalucía con capacidad de decidir sobre su producción, de generar valor añadido en origen y de sostener un tejido económico arraigado.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía venimos defendiendo que la política pública debe orientarse a prioridades muy concretas: seguridad hídrica, impulso a la agroindustria, simplificación administrativa real, apoyo a la integración empresarial, apertura de mercados, disponibilidad de mano de obra, competitividad energética y relevo generacional. No se trata de un catálogo abstracto de reivindicaciones. Se trata de una agenda de gestión imprescindible para la viabilidad del campo andaluz y, por tanto, de cuestiones que deben formar parte central del debate electoral.

Y en ese contexto preelectoral, conviene decir algo que, a nuestro juicio, merece ser reconocido. En los últimos tiempos, el sector ha encontrado en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía una interlocución permanente que queremos poner en valor. No porque todos los problemas estén resueltos, que no lo están. No porque no sigan existiendo expedientes atascados, rigideces normativas o necesidades pendientes. Sino porque, al menos, ha existido una disposición cierta a escuchar, a entender la dimensión de los problemas y a trabajar desde el conocimiento de la realidad productiva andaluza.

Por ello, ante la cita electoral del 17 de mayo, esperamos que esa interlocución siga siendo igual en la próxima legislatura, sea quien sea quien ocupe la cartera de Agricultura. Porque el sector necesita apoyo institucional, capacidad de escucha y voluntad de trabajo compartido, porque las necesidades del campo andaluz no terminan con una convocatoria electoral. Y está demostrado que las políticas públicas son más eficaces cuando se construyen atendiendo al sector y contrastando sobre el terreno la realidad de agricultores, ganaderos y cooperativas.

Una política de interés general

Andalucía necesita una política útil. Y ésta empieza por reconocer que, sin perjuicio del valor que todos los modelos empresariales aportan al desarrollo económico y social de Andalucía, el modelo cooperativo merece un reconocimiento sin complejos. Pues no todas las estructuras empresariales tienen el mismo efecto sobre el territorio.

La agroindustria cooperativa merece un tratamiento preferente no por una razón ideológica, sino por una razón de eficacia económica y de interés general. Cuando una cooperativa crece, se moderniza o internacionaliza, no solo mejora la cuenta de resultados de unas siglas en concreto. Mejora la posición de miles de agricultores y ganaderos, concentra oferta, profesionaliza decisiones, estabiliza cadenas de suministro y multiplica el retorno territorial de la inversión pública.

Ese reconocimiento debe traducirse en políticas concretas. En primer lugar, en materia de agua. Andalucía no puede seguir gestionando este asunto como si fuera una controversia sectorial más. El agua es una condición estructural de competitividad, cohesión territorial y seguridad alimentaria. El problema no es solo de disponibilidad, sino también de rigidez normativa, fragmentación competencial y lentitud en la ejecución de soluciones. La política hidráulica debe dejar de ser un espacio de bloqueo y convertirse en una herramienta de desarrollo.

Simplificación administrativa

En segundo lugar, hace falta una apuesta decidida por la simplificación administrativa. No es razonable exigir al sector más dimensión, más sostenibilidad, más innovación y más capacidad exportadora mientras se le somete a procedimientos largos, duplicidades, informes redundantes e incertidumbre jurídica. La competitividad también se juega en los plazos de resolución, en la claridad de los criterios y en la previsibilidad regulatoria. El productor y la cooperativa no pueden planificar inversiones estratégicas sobre la base de calendarios administrativos inciertos.

En tercer lugar, hay que acompañar de verdad los procesos de integración cooperativa. Si queremos entidades con mayor músculo comercial, mayor capacidad transformadora y mejor posicionamiento internacional, no basta con exhortar al sector a ganar dimensión. Hay que dotarlo de instrumentos adecuados. Las fusiones e integraciones entre grandes estructuras cooperativas requieren apoyo específico, financiación suficiente y una visión política que entienda que ahí se juega buena parte de la competitividad futura del sistema agroalimentario andaluz.

También es imprescindible reforzar la apertura de mercados. En un escenario internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, la presión sobre precios, la competencia de terceros países y la continua reordenación de los flujos comerciales, producir bien ya no es suficiente. Hay que saber vender mejor, diversificar destinos, construir marca y posicionarse en canales de mayor valor añadido. El sector cooperativo está haciendo ese esfuerzo, pero necesita una política pública que lo acompañe con inteligencia comercial y vocación estratégica. Porque la promoción va a ser clave de aquí a futuro.

Mano de obra

Igualmente decisivo es abordar el problema de la mano de obra en el campo y en la industria agroalimentaria. La disponibilidad de trabajadores se ha convertido en un factor crítico para el desarrollo de las campañas y para la viabilidad de muchas producciones. Aquí también hace falta más coordinación administrativa, más agilidad en los procedimientos y más adaptación normativa a la realidad estacional del campo andaluz. Garantizar mano de obra suficiente y jurídicamente bien encauzada no es una concesión al sector: es una exigencia de competitividad.

A ello se suma la cuestión energética. Regadío, transformación, frío industrial, almacenamiento y logística dependen de costes energéticos cada vez más determinantes. Si Andalucía quiere una agroindustria potente, debe incorporar la energía como un vector central de política económica, facilitando el autoconsumo, la eficiencia, la tramitación de proyectos y la reducción de costes en las explotaciones, en las comunidades de regantes y en las cooperativas. Por no hablar de que hay que facilitar el acceso en cualquier punto de la Andalucía rural.

Relevo generacional

Y, por supuesto, ninguna estrategia será suficiente si no somos capaces de asegurar el relevo generacional. Sin jóvenes, sin acceso viable a la actividad agraria, sin formación, sin financiación, sin tierra, sin agua y sin estructuras empresariales que reduzcan el riesgo de entrada, no habrá continuidad posible.

Las cooperativas son, también aquí, una herramienta esencial de incorporación y permanencia. Porque permiten integrarse en un modelo organizado, con asistencia técnica, mercado, transformación y vocación de futuro. En definitiva, el debate de fondo es muy sencillo: si queremos de verdad defender al campo andaluz, especialmente en un momento en el que Andalucía decide su próximo horizonte político, hay que gobernar escuchando al sector no como un actor meramente consultivo, sino como un interlocutor con experiencia, legitimidad y propuestas concretas.

Las de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han quedado reflejadas en estas líneas. Apuntan a priorizar aquellas inversiones que generan más valor estable, más empleo, más cohesión territorial y más capacidad de competir sin deslocalización. Papel que desempeña, de forma inequívoca, el modelo cooperativo agroalimentario andaluz.