Un año de las históricas tractoradas, ¿qué ha cambiado en el campo andaluz?

Hace justo un año, pocas jornadas antes de que el Covid-19 llegase para arrasarlo todo, los agricultores y ganaderos de toda España, y gran parte de Europa, salían a la calle a protestar. Bajo el hashtag #AgricultoresAlLímite, medio centenar de manifestaciones recorrieron España, incluidas todas las provincias andaluzas.

En Sevilla, la principal movilización consistió en una tractorada convocada conjuntamente por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias que cortó el tráfico en tres autovías y una autopista y que fue, en palabras de los participantes, «una manifestación histórica». En cifras, salieron a protestar más de 16.000 agricultores y ganaderos, con hasta 5.000 tractores.

Se manifestaron, recuerda Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, por el «hundimiento generalizado de los precios de todas las producciones y por la persecución que sentían los agricultores y ganaderos, tanto del ámbito normativo como social, las trabas eran constantes».

365 días después de aquello, toca hacer balance de lo que se consiguió, o se pudo llegar a conseguir. «Nuestra sensación principal es que el Gobierno se ha escudado en el Covid-19 para justificar su parálisis», asegura Martín. «Comprendemos que la pandemia lo ha cambiado todo, pero eso no es excusa para que no se haya avanzado en la mayoría de las demandas que presentó el campo andaluz, porque nosotros sí hemos seguido trabajando», ha insistido.

Tras aquellas movilizaciones, al Gobierno se le arrancó el compromiso de plantear unas mesas de diálogo agrario, con los principales actores del sector que, sin embargo, apenas se han llegado a convocar un puñado de veces y, alguna de ellas, ni siquiera eso. Su objetivo era tratar los siguientes temas: seguros agrarios; fiscalidad, empleo y energía; la cadena alimentaria y, por último, los acuerdos internacionales.

Empleo y salario mínimo

Respecto al empleo, el secretario general de Asaja Sevilla lo tiene claro: «la única alegría es que se ha logrado parar este año el incremento del salario mínimo». Y es que la subida acumulada del Salario Mínimo Interprofesional de un 40% en los últimos años ha dinamitado, asegura, los convenios colectivos, y ha hecho que muchas fincas, «ya en números rojos», se hayan hundido. «A pesar del Covid, somos un sector que ha creado y mantenido empleo y, sin embargo, se nos está castigando», insiste.

Fiscalidad agraria

En materia de fiscalidad, lo «único» que se ha conseguido es el mantenimiento de los límites de permanencia para la estimación objetiva, el sistema por el que tributan más del 90% de los agricultores. Ni bonificaciones a la Seguridad Social, ni modificaciones del IVA, o reducciones fiscales como la deducción de un porcentaje del gasóleo, o de la factura de los plásticos y fertilizantes, todas ellas solicitadas insistentemente por el sector agrario, han tenido lugar.

Doble potencia eléctrica

Por otro lado, en lo concerniente a la energía, sigue en el aire una de las medidas más demandadas durante años: la posibilidad de contratar una doble potencia eléctrica para las fincas de regadío, que les permita aliviar el gasto energético en los meses en los que no se necesita regar los cultivos.

A pesar de que ha llegado al Congreso, a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado recientemente que se «está trabajando en ello», por lo que no se sabe cómo y cuándo se va a materializar para los agricultores.

Acuerdos y aranceles

En cuanto a los acuerdos internacionales, Eduardo Martín, en representación de Asaja Sevilla, no duda en mostrarse contundente: «a España le ha faltado liderazgo», reprocha. «Es increíble que tengamos aranceles estadounidenses, por ejemplo, desde 2018, y que no hayamos sido capaz de revertirlos», afirma. De hecho, y a pesar de considerar que los acuerdos  comerciales son «beneficiosos y necesarios» para un país netamente exportador como es España, pide que se utilice siempre al sector agrario «como moneda de cambio».

Ante las últimas declaraciones de Planas, en las que el ministro aseguraba que «se trabajará para revertir los aranceles de aquí a la próxima revisión de EEUU, en agosto», Martín reprocha que «ya no hay más paciencia» en el sector olivarero. «Un mercado se gana con mucha constancia y esfuerzo, pero se pierde en un minuto, como ya nos está pasando con el mercado estadounidense».

Seguros agrarios

A pesar de la aportación adicional que el Gobierno ha realizado al sistema de seguros agrarios combinados (de 24,6 millones), los agricultores dudan de que esto vaya a mejorar las primas, por lo que exigen «incrementar el nivel de subvenciones» para avanzar hacia la universalización de su contratación, y adecuarlo a la nueva realidad, marcada por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos.

Ley de la Cadena Alimentaria

Aunque en este punto sí ha habido avances, publicándose el Real Decreto que ha modificado la Ley de la Cadena de 2013, el sector asegura que no ha supuesto una ayuda, sino que «está compuesta de ecuaciones indescifrables y no es efectiva». Dicha reforma obliga a incluir en los contratos la indicación expresa de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción.

El problema, detalla Martín, es que calcular ese coste efectivo de producción no es ni fácil ni homogéneo. «En vez de resolver los equilibrios existentes en la cadena, crea obstáculos nuevos y nos coloca al borde de la ilegalidad, porque los contratos se siguen haciendo igual», asegura.

A todas estas demandas, aún por solucionar, se une ahora la batalla contra la reforma de la nueva PAC, en la que Andalucía se ha posicionado claramente a favor de mantener algunos elementos de la PAC actual, como las regiones y los derechos. Por todo ello, y para defender el «status quo» del campo andaluz, el sector ya ha avisado: volverán a salir a la calle en cuanto la pandemia lo permita.