Manual para arruinar al campo andaluz en tan sólo diez pasos
La sequía, el incremento de los inputs, la nueva PAC o la reforma laboral son algunos de los frentes en contra
Ser agricultor o ganadero actualmente se ha convertido en una profesión de riesgo. Riesgo severo a quedar en la ruina tras una campaña de dedicación completa, pues ya se sabe que el campo requiere una atención 24/7 (24 horas los siete días de la semana).
Es verdad que los productores agrarios tienen fama de «quejicas» y se les acusa de «estar siempre llorando». Críticas que suelen venir de colectivos que normalmente suelen pisar poco la tierra, y que ante las manifestaciones que tiene en cartel el campo no ven más allá de las posibles molestias que puedan ocasionar unas horas de cortes de tráfico.
Por eso, conviene recordar que el sector agrario y ganadero andaluz es la despensa de Europa y uno de los motores económicos más potentes que tiene Andalucía. Y se está desangrando, pues no paran de clavarle puñales al campo.
Hay que volver a insistir en que el que se asfixia es el sector del que depende la producción de alimentos, (¿Hay algo más esencial para la sociedad que la alimentación?), debido a una crisis muy ramificada en la que inciden factores meteorológicos y de mercado, más difíciles de corregir, pero también muchas políticas, actualmente de espaldas al campo y que sí tienen fácil margen de mejora.
Por ello, este viernes, hay convocado un paro general agrario en Andalucía y una gran manifestación en Sevilla, antesala de la que se celebrará en Madrid a nivel nacional el 20 de marzo. Tras esta intensificación de las movilizaciones hay un decálogo de motivos, que mantiene en una situación límite a las explotaciones agrarias. He aquí las razones que explican las protestas:
1. Sequía prolongada
Los agricultores y ganaderos exigen una política de ayudas e inversiones que palien los nefastos efectos de la sequía. El campo asume la quinta anualidad más seca de los últimos 25 años, y si en primavera no llueve, la campaña de riego 2022 prevé sólo una dotación en torno a 1.000 metros cúbicos por hectárea, un 83% menos de la dotación máxima cifrada en 6.000 metros cúbicos por hectárea. Con esta disponibilidad, todos los cultivos están en riesgo, por lo que el sector se enfrenta a una amenaza grave de ruina económica y desempleo generalizado.
2. Incremento de costes
Los costes de producción se han disparado a niveles nunca vistos, lastrando la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la comunidad. Los piensos para el ganado se han encarecido un 30% en el último año. También son más caras las semillas (+20%); los abonos (+150%); el agua (+33%) o los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero (+46%).
Pero las subidas más espectaculares son las que afectan al gasóleo que usan los tractores (+73%) y a la energía eléctrica (+270%). Esto provoca que los alimentos estén encareciéndose en la cesta de la compra para los consumidores, que pagan más por los productos que adquieren. Un aumento de precios que, sin embargo, no repercute en los agricultores y ganaderos andaluces.
3. Competencia desleal
La Unión Europea mantiene un importante número de acuerdos comerciales con países terceros, además de un tratamiento preferente a otros muchos países productores. El sector agrario exige un control exhaustivo de las importaciones de terceros países, ante la entrada masiva de productos que no cumplen con las medidas sanitarias, laborales, fitosanitarias, ambientales o de bienestar animal que sí se exige a los agricultores y ganaderos andaluces y españoles para poder cultivar y exportar sus productos. El campo exige competir «en las mismas condiciones».
4. Aranceles y vetos
Las trabas comerciales impuesta por algunos países a la exportación de productos agroalimentarios andaluces y españoles, caso de la aceituna negra a Estados Unidos, sobre el que pesa un arancel del 35% desde agosto de 2018; o de las frutas y hortalizas y carnes a Rusia (por el veto ruso, impuesto en agosto de 2014), siguen provocando pérdidas a un sector con un fuerte carácter exportador. Sólo en el sector de la aceituna de mesa negra, las pérdidas se elevan a 150 millones de euros.
5. Ley de la Cadena vacía
La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria se presenta por parte del Gobierno español como una de las grandes gestas de esta Legislatura. Sin embargo, en el campo la visión es distinta y mantienen que no sirve para asegurar unos precios justos para los productores. De hecho, no está cumpliendo su objetivo de garantizar precios por encima de los costes de producción, como así lo demuestran los contratos en el sector lácteo o en el de los cítricos. De hecho, los productores de naranjas critican que la norma consiente contratos de compraventa de naranjas a unos precios ruinosos, que solo cubren la tercera parte de los costes del cultivo.
6. Sector envejecido
Sólo con lo que ya está encima de la mesa, expuesto en los apartados 1 a 5, no es de extrañar que los jóvenes vean la agricultura y la ganadería como un sector poco atractivo y no quieran dar el paso. Pero es que a esto, que ya es una realidad, se sumará lo que está por venir (y que se explica en los apartados del 7 al 10): una reforma agraria muy perjudicial para Andalucía y una reforma laboral hecha de espaldas a las características intrínsecas al empleo agrario.
Todas estas circunstancias están hiriendo de muerte al tejido productivo andaluz y está haciendo inviable la subsistencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas, abocando en muchos casos al abandono de una actividad que es clave para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, ya que crea empleo, fija población al territorio, cuida el medio ambiente y da vida al medio rural. Se trata de un sector muy envejecido, donde el 60% de los titulares de las explotaciones agrarias tiene 54 años o más. Y sin relevo generacional, la agricultura se muere.
7. Recortes en la nueva PAC
La reforma agraria que entrará en vigor en 2023 será muy perjudicial para Andalucía si no se corrige el Plan Estratégico de la PAC elaborado por el Gobierno central. Se trata del documento que establece cómo se aplicará la Política Agraria Común en España, y trae un recorte severo de fondos para el campo andaluz. En concreto, los agricultores y ganaderos andaluces verán mermada sus rentas, pues perderán hasta 450 millones de euros en el periodo (2023-2027), casi 100 millones de euros anuales, como consecuencia de la reducción de las regiones productivas y su agrupación, así como por el modelo de ecoesquemas diseñado.
Todo ello, sin olvidar, que agricultores y ganaderos deberán asumir mayores compromisos y requisitos medioambientales con un menor presupuesto. Según la Junta de Andalucía, en el caso de la provincia de Sevilla, el porcentaje de agricultores y ganaderos que perderán ayudas supone el 60% del total.
8. Trabas al empleo agrario
En materia laboral tampoco soplan buenos vientos para el campo. Así, la propuesta de la reforma laboral, publicada en el BOE y en tramitación parlamentaria, se ha hecho de espaldas al campo, que tiene como condición intrínseca la temporalidad de las campañas agrícolas. Sin embargo, la reforma elimina el contrato por obra y servicio, el más utilizado para los trabajos de campaña, (como por ejemplo la recogida de la fruta).
Además, el contrato temporal se limita a circunstancias de la producción (hasta seis meses, ampliables por otros seis) o por sustitución de la persona trabajadora. Para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, el contrato temporal podrá utilizarse durante un total de 90 días al año y nunca de manera continuada. Para los trabajos puntuales (como talas, podas, riegos o limpieza de fincas) o las campañas agrícolas que superen esos 90 días, se deberá recurrir al contrato fijo discontinuo.
Esta nueva modalidad de contratos «no se adapta a la realidad del sector», donde el trabajo se hace a la intemperie y los trabajadores circulan por diferentes explotaciones. Por ello, los empresarios agrarios vaticinan que la norma «agudizará la crisis del campo con la destrucción de empleos» y piden cambios en su trámite parlamentario.
9. Salario Mínimo
El Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 29,7% en los últimos tres años. En este año 2022, la nueva subida salarial (que va alcanzar los 1.000 euros) pactada por el Gobierno de España con los sindicatos y a espaldas de los representantes de los empresarios, situará «al borde la desaparición» a cientos de explotaciones agrarias y va a terminar «por no dejar a ningún trabajador en el campo».
10. Autónomos agrarios
En este incremento de los costes sociales, impacta también la última propuesta para reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) del Gobierno. El mecanismo de cotización planteado para que entre en vigor a partir de 2023 supone, en primer lugar, un incremento en los costes sociales para los autónomos agrarios de cerca del 40% y, además, no tiene en cuenta las características fiscales específicas del sector agrario. El resultado es que se pone de nuevo en jaque al campo andaluz.
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