Asaja Huelva pide ayudas «rápidas» tras los incendios del Andévalo: «Es injusto que la reparación la paguen los propios afectados»

Asaja Huelva ha vuelto a reclamar a las administraciones públicas una respuesta «rápida, comprensible y suficientemente dotada» para paliar los graves daños económicos provocados por los últimos temporales climáticos y los incendios forestales sufridos en la comarca del Andévalo. Durante la celebración de su Asamblea General Ordinaria, celebrada ante más de 200 socios en la sede de la FOE, la organización ha exigido que la tramitación de estas ayudas de emergencia no termine «convirtiendo a agricultores y ganaderos en gestores administrativos».

«Cuando una explotación sufre daños, la respuesta institucional no puede perderse en procedimientos farragosos, plazos estrechos o requisitos imposibles de cumplir que dejen fuera a quienes realmente necesitan apoyo», ha advertido García-Palacios, presidente de la organización.

Y es que los incendios que han devastado miles de hectáreas de dehesas y explotaciones agroforestales en el Andévalo. Desde Asaja han calificado de «absolutamente injusta y contraria al sentido común» la aplicación automática y rígida de las obligaciones contempladas en la Ley de Montes, rechazando que las víctimas del fuego tengan que asumir en solitario los costes económicos de la restauración medioambiental.

«Sería un sinsentido que, después de perderlo todo, tanto lo material como los años de trabajo, se pretendiera que los propios afectados cargaran además con una restauración integral del territorio como si hubieran sido responsables del siniestro», ha enfatizado el presidente, quien ha urgido al Gobierno central a decretar formalmente la comarca como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para habilitar partidas directas destinadas a alimentación animal, reposición de cerramientos y arreglo de caminos.

Una regulación propia para la dehesa

En el plano normativo, la organización agraria ha vuelto a situar sobre la mesa la necesidad histórica de articular una Ley de la Dehesa. Según argumentan, la singularidad de este ecosistema (donde conviven la ganadería extensiva, el porcino ibérico y el sector forestal) requiere herramientas específicas para ordenar las ayudas, potenciar la investigación aplicada y combatir de forma decidida la enfermedad de la seca que amenaza a encinas y alcornoques.

Respecto a la gestión del agua y el entorno de Doñana, el sindicato agropecuario ha advertido de que el alivio coyuntural de las últimas lluvias no resuelve el déficit estructural de la provincia. En este sentido, han vuelto a defender la vigencia del «agua legal y controlada», rechazando de manera tajante la «criminalización del agricultor que cumple» y exigiendo una planificación hídrica estable que garantice la compatibilidad real entre la conservación del parque nacional y la viabilidad del sector de los frutos rojos.

Panorama laboral en la provincia

La Asamblea también ha abordado los retos sociolaborales del campo onubense. El secretario general de la entidad, Félix Sanz, ha desgranado en su informe sectorial la importancia de agilizar los trámites de la contratación en origen para asegurar el desarrollo de las campañas agrarias, instando a las administraciones a asumir una mayor corresponsabilidad pública en el sistema de gestión. Asimismo, en el marco del Convenio Provincial del Campo, Sanz ha apostado por mantener una negociación seria basada en el equilibrio entre unos salarios dignos y la competitividad de unas empresas asfixiadas por el encarecimiento de los costes de producción.

Competencia desleal

Por último, Asaja-Huelva ha cerrado filas en torno a la defensa de los productores locales frente a la competencia de terceros países. La organización ha reiterado su exigencia ante las instituciones de la Unión Europea para que se impongan «cláusulas de espejo» que obliguen a las importaciones extracomunitarias a cumplir las mismas exigencias sanitarias, laborales y ambientales que soportan los profesionales europeos. «No pedimos proteccionismo; exigimos estricta igualdad de condiciones», han concluido.