Un tercio de las ayudas al campo sale del bolsillo de los propios agricultores y ganaderos

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha destacado que las comunidades autónomas valoran «positivamente» la aprobación «de un paquete potente de medidas de ayuda al sector agrario y ganadero para hacer frente a las dificultades derivadas de la guerra en Ucrania», aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de marzo.

No es el caso de Andalucía, que si bien es cierto que recibe con los brazos abiertos la llegada de ayudas al sector, reprueba el contenido y la cuantía de las mismas, e incluso considera que el reparto de fondos que hace el Ministerio (como en el paquete lácteo) es perjudicial para las explotaciones andaluzas.

Cabe recordar que las medidas del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (publicadas en el Real Decreto-ley 6/2022) incluye una cuantía de 430 millones de euros para el sector primario, de los que 193,47 millones son para el sector agrario y ganadero, 169 millones de euros para el sector productor de leche y 68,18 millones para la pesca.

Reserva de crisis

Del presupuesto para el sector agrario y ganadero (193,47 millones de euros), «lo primero que hay que aclarar es que un tercio de esa cuantía (64,5 millones de euros) sale del propio bolsillo de los agricultores y ganaderos», enfatiza el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.

En este sentido, explica que, por primera vez, Bruselas ha activado la reserva de crisis, una herramienta que siempre ha contado con la negativa de los agricultores europeos —representados en el Copa-Cogeca—, ya que «se nutre de la deducción de un porcentaje de los pagos del Primer Pilar de la PAC, que cada año se le quita a los agricultores y ganaderos, y si no se usa (como había pasado hasta ahora) se devolvía a los beneficiarios de la PAC».

Sin embargo, «ese dinero que nos han quitado y que sale de sectores muy afectados por la crisis no se nos va a devolver este año, siendo los agricultores y ganaderos españoles los que vamos a pagar parte de las ayudas por la guerra de Ucrania», critica Martín, que subraya que «mal empezamos si el dinero para ayudar al campo no es presupuesto adicional que entra al sector».

En concreto, esos 64,5 millones de euros de la reserva de crisis que salen de las deducciones de la PAC son los que se asignan a España, dando Bruselas potestad a los Estados miembros de completar esta cuantía, hasta en un 200%, con ayudas adicionales del Estado. Por tanto, el Gobierno aporta 128,1 millones de euros, tras el intento fallido de cofinanciar el 50% de su aportación con las comunidades autónomas.

Para decidir a qué sectores se va a destinar este presupuesto total de 193,47 millones de euros, el Ministerio se ha reunido con las comunidades autónomas, y «por consenso se ha optado que la inversión se destine al sector ganadero, tanto intensivo como extensivo», señala el directivo de Asaja Sevilla, pues «la ayuda es tan justa que si se abre a más sectores prácticamente desaparece».

La elección de la ganadería (vacuno, ovino-caprino de carne, porcino ibérico, porcino intensivo, equino y avícola, excluyendo integradoras avícolas), no es baladí, ya que «a los ganaderos no sólo les ha afectado la crisis de Ucrania por la escasez de materias primas, sino también la permanente sequía y el incremento de los costes de producción». Por ello, Asaja Sevilla insiste en que «estas ayudas deben diseñarse de forma sencilla y cuanto antes, y deben llegar a los productores en base a la cabeza de ganado declarado».

Por otra parte, desde la Consejería de Agricultura se ha pedido que de esos 193 millones de euros del fondo de crisis, a Andalucía le llegue el 29,5% del presupuesto (es decir, unos 57 millones de euros), atendiendo a un reparto similar al que ha hecho la Unión Europea con los Estados miembros.

Y es que «no se trata sólo de paliar los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino de dar una respuesta a la crisis por una subida desorbitada de los costes de producción y por la sequía que castiga de forma especial a Andalucía», ha declarado la consejera, Carmen Crespo.

Paquete lácteo

El Plan Nacional incluye un paquete de 169 millones de euros en ayudas directas para el sector productor de leche. Se trata de unas ayudas que beneficiarán a ganaderos de vacuno, ovino y caprino de leche, que se repartirán de la siguiente manera: 124 millones para la leche de vaca; 32,3 millones para la leche de oveja y 12,7 millones para el caprino de leche.

Estas ayudas «no han sido consensuadas con el sector ni con las comunidades autónomas», que han conocido su detalle una vez publicadas, lamenta Asaja Sevilla. Así, la letra pequeña de estas ayudas establece un reparto de 210 euros por vaca para las primeras 40 vacas, 145 euros por cabeza a partir de la vaca 41 y hasta la 180, y 80 euros por animal a partir de la vaca 181. «¿Es que acaso creen que en una explotación la vaca número 42 come menos pienso que la vaca número 40?», ironiza Eduardo Martín. «¿O es que la subida de los costes de la alimentación y la energía sólo afecta a las primeras vacas y no a las últimas?», recalca el secretario general, que afirma no entender este reparto «injusto».

Un reparto que, además, «castiga a Andalucía, donde la explotación media es de 101 vacas, mientras que en la cornisa cantábrica es de menos de 40 vacas», por lo que «se está favoreciendo a otras comunidades autónomas frente a Andalucía», apunta Eduardo Martín.

Para los productores de leche de oveja las ayudas establecen un pago de 15 euros por animal, y de 10 euros por cabeza en el caso de la leche de cabra. Este aspecto también es criticado por la patronal agraria y por el Gobierno andaluz, ya que «no se entiende que se establezcan dos valores distintos de pago cuando en el Plan Estratégico nacional de la PAC presentado a Bruselas la prima del ovino y el caprino está igualada».

Además, «Andalucía es la que tiene la cabaña ganadera más grande de cabras respecto al resto de autonomías, por lo que también resulta desfavorecida», destaca Martín. Con esta modulación que pretende el Ministerio «se penalizará a los ganaderos de vacuno de Andalucía con 3.900 euros por explotación, y con 1.000 euros por explotación a los ganaderos andaluces de caprino de leche».

Combustible

El Gobierno ha aprobado también en el Real Decreto la reducción de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio para toda la sociedad. «No entendemos cómo esa medida no tiene una consideración para los sectores productivos», critica Asaja Sevilla, que demanda «una bonificación para el combustible profesional».

Asaja reprocha al Gobierno que «lo que está devolviendo al ciudadano no es ni una quinta parte de lo que ya ha recaudado en el último año vía impuestos», y exige la puesta en marcha de otras medidas fiscales no contempladas, como: «la reducción del IVA de los carburantes, la reducción del impuesto de hidrocarburos, o la reducción de los impuestos de fertilizantes y del plástico», medidas éstas dos últimas «que están reguladas y publicadas en la disposición adicional primera de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria», donde se recoge «la bonificación de hasta un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente». Al igual que ocurre con la doble potencia eléctrica para el regadío.

Medidas no económicas

Hasta aquí llega todo el apoyo presupuestario para el sector agrario y ganadero, un apoyo que Asaja Sevilla califica como «cicatero» y «rácano». No obstante, el Plan nacional incluye otra serie de medidas no económicas, alguna muy aplaudida como la posibilidad de cultivar los barbechos (sin afectar al cobro del pago verde de la PAC), que España aplica tras la luz verde de Bruselas con el objetivo de mejorar el suministro de cereales y oleaginosas en el país.

Bajo esta necesidad de producir más alimentos, las organizaciones agrarias representativas del campo andaluz, en consenso con la Junta de Andalucía, piden al Ministerio «modificar el Plan Estratégico nacional de la PAC y adaptarlo a la actual situación de excepcionalidad, en especial, en lo que a aplicación de los ecoesquemas y composición de las regiones productivas se refiere, ya que «se está penalizando a los sectores y las tierras que son más productivas, en un contexto en el que se hace vital producir más para evitar desabastecimientos», subraya Eduardo Martín.

Igualmente, el sector demanda retrasar la implantación de las estrategias del Pacto Verde (De la Granja a la Mesa y Biodiversidad), ya que supondría «recortar en un 10% la competitividad del sector».

Una petición a la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, no se ha mostrado muy receptivo, declarando que pese a la situación de guerra, «es un falso debate plantear cambiar el rumbo de la PAC». «El rumbo tiene que ser el mismo», ha sostenido, aunque «si hay una tormenta en el camino, se puede buscar un ligero desvío», ha precisado.

Otras ayudas: Sequía

A las ayudas nacionales para contrarrestar los efectos de la guerra de Ucrania se suman las medidas urgentes que el Gobierno incluyó en el Real Decreto para paliar los efectos de la sequía, publicadas el pasado 15 de marzo (RD 4/2022), con un impacto estimado de 450 millones de euros.

Un paquete que tampoco convence del todo a Asaja Sevilla, que critica que «en materia de Seguridad Social sólo se conceden moratorias, y el sector no está para moratorias», critica el secretario general.
En cuanto a las medidas fiscales, se reduce para 2021 un 20% el rendimiento neto en estimación objetiva (sistema de módulos), pese a que Andalucía pedía una bajada del 50%.

También se exime del IBI rústico a aquellas explotaciones que hayan sufrido una disminución de más de un 30% en los rendimientos agrarios o ganaderos, aunque «por su complejo planteamiento tememos que no se acogerá casi nadie», apunta Eduardo Martín.

Entre las medidas más celebradas está la reducción de las cuotas del canon y las tarifas de utilización del agua en la cuenca del Guadalquivir debido a restricciones durante las campañas 2021 y 2022, así como la realización de obras hidráulicas de emergencia por 9,65 millones de euros.