El campo pide medidas «inmediatas» que impacten en la reducción de los costes
Se valoran los cambios aprobados en la Ley de la Cadena Alimentaria en relación a la formación de los precios, pero éstos «generan muchas dudas» y su aplicación tardará
Empezar la casa por el tejado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía en su mano aprobar medidas de carácter inmediato para mejorar la situación de asfixia que vive el campo, razón por la que, día sí y otro también, el sector agrario está saliendo a la calle desde hace algo más de un mes.
Sin embargo, el primer paso dado por el ministro Planas para aplacar las protestas agrarias ha sido publicar el Real Decreto-Ley 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que incluye la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, metiendo al campo en un jardín que va a tener difícil salida. Al menos, a corto plazo.
Así, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las explotaciones y lograr unos precios justos, la nueva norma introduce, como cláusula obligatoria en los contratos, la indicación expresa de que el precio pactado entre agricultores y ganaderos y su primer comprador cubre los costes de producción. Pero, «¿cómo se calculan los costes de producción?», se pregunta el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.
A este respecto añade: «Cuando un mismo cultivo, como por ejemplo el olivar, tiene distintos costes de producción (en función de si hablamos de una plantación de olivos tradicional, intensiva o superintensiva), ¿qué cuantía habría que reflejar?». Asaja insiste en que la medida «genera dudas al sector», pues «los costes de obtención de un producto no son iguales en todos los casos, pueden variar dependiendo de la competitividad de cada agricultor o ganadero incluso de un mismo sector». Por lo tanto, «habrá que esperar a ver el desarrollo y la transposición a la directiva comunitaria para ver la efectividad práctica de esta medida, pues sabemos que no se pueden fijar precios mínimos porque vulneraría las normas de la Competencia».
Un primer paso
Las organizaciones agrarias coinciden en señalar que el Real Decreto tiene «aspectos positivos» y que es «un primer paso», pero desconocen a día de hoy «cómo habrá que reflejar el coste productivo para que se aplique de una manera clara y transparente».
El ministro Luis Planas, por su parte, ha explicado que los costes de producción los determinarán libremente «entre comprador y vendedor». Por tanto, dependerá de la capacidad de negociación de las partes. No obstante, para dotar de una referencia a los productores, «se publicarán unos índices oficiales con los costes por sectores, aunque no serán de obligado cumplimiento». Para ello, el Ministerio ha encargado al observatorio de la cadena un estudio sobre los costes en los sectores.
La propia consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, ha lamentado que las medidas incluidas en el Real Decreto Ley del Gobierno central para responder a la crisis de precios en el sector agrario «son insuficientes y llegan tarde», recordando que ya en febrero de 2019 el sector de los cítricos de Andalucía reclamaba una nueva Ley de Cadena Alimentaria. Asimismo, ha apuntado que el objetivo de las medidas adoptadas «parecen estar dirigidas a frenar las movilizaciones del sector», al tiempo que ha hecho hincapié en que para poder evaluar su impacto «habrá que esperar al menos un año».
Por otro lado, también ha criticado que el Gobierno central no ponga «recursos económicos encima de la mesa» para paliar la situación que viven los productores, como sí se han hecho en otros países como Francia o Alemania.
Respuestas «ya»
El sector agrario demanda medidas «de carácter inmediato» y con un «reflejo real en las explotaciones». No quiere esperar «un año» -como apuntaba Carmen Crespo- para desenmarañar un Real Decreto que, además, podría chocar de frente con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Por eso, antes de empezar la casa por el tejado, las organizaciones agrarias hubieran agradecido que el foco del Gobierno apuntase también «a aquellas medidas con un impacto directo e inminente en la reducción de los costes productivos», apunta el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.
La agricultura sevillana es de la que más riqueza crea, unos 2.500 millones de euros que generan 100.000 puestos de trabajo. La provincia es la principal productora de aceituna de mesa del mundo -producto herido de muerte por los aranceles de Estados Unidos- y la primera en España en arroz, algodón o trigo duro. «La situación no se puede soportar, estamos con precios de hace 25 años, pero en ese tiempo el ‘input’ agrícola como los costes laborales, los abonos o el combustible ha crecido de forma exponencial. Cualquier agricultor está con unos costes de producción por encima del precio de sus productos, perdiendo dinero», recalca Eduardo Martín.
Por ello, Asaja Sevilla vuelve a insistir en la necesidad de la doble potencia eléctrica, «una demanda histórica de los regantes que quedó recogida en la Ley de Medidas Urgentes para la Sequía aprobada en marzo de 2018». Ya está, por tanto, «aprobada y publicada en el BOE, pero precisa de un desarrollo reglamentario para poder aplicarse», recuerda. No obstante, «en lugar de eso, el Gobierno ofrece dos líneas de ayuda, por importe de 60 millones de euros, para la instalación de fuentes de energía renovables, que bienvenidas sean, pero realmente lo que nos interesa a los agricultores es tener la doble potencia eléctrica», enfatiza.
Medidas fiscales
En cuanto al amplio paquete de fiscalidad demandado por los agricultores al Gobierno, «la única medida positiva ha sido la mejora de la tributación de los jóvenes agricultores, que podrán imputar en cuatro años los importes de las ayudas a la primera instalación». Pero, «se quedan en el tintero los cambios en el IVA para los agricultores y ganaderos, la reducción del 35% en la factura del gasóleo y de un 15% en la factura de plásticos y fertilizantes, ambas en el régimen de Estimación Objetiva; la aplicación del índice corrector por contratación de mano de obra, o que en el caso de cesiones de derechos entre familiares de primer grado tengan el mismo trato fiscal que las cesiones con tierras». Se trata de «medidas que años atrás disfrutaba el sector y que en 2003 se eliminaron».
El secretario general de la organización agraria recuerda que «la fiscalidad se lleva el 40% del coste un producto a lo largo de toda la cadena agroalimentaria», y demanda también «compensaciones por el incremento del coste del empleo en las explotaciones agrarias motivado, en parte, por la subida del salario mínimo interprofesional en dos años».
Por contra, el Gobierno central responde con una reducción del número de jornadas cotizadas para acceder al subsidio por desempleo «que supondrá más dificultad para contratar» e incentivos para la conversión de contratos de trabajadores eventuales en indefinidos cuando «por definición, en el campo se trabaja por campañas y el empleo mayoritario es de temporada». Por ello, la patronal agraria concluye que las medidas puestas en marcha hasta la fecha son «insuficientes».
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