Carmen Crespo: «Si la nueva PAC resulta mala para Andalucía, será mala para España»
Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía

Carmen Crespo: «Si la nueva PAC resulta mala para Andalucía, será mala para España»

La Junta afirma que seguirá negociando el Plan Estratégico «hasta el final», con el foco principal en los ecoesquemas. Además, advierte al ministro Planas que la pelota está en su tejado y que será «el único responsable» si hay pérdida de ayudas

13/10/2021 Actualizado a las 07:54

Aunque aún no hay convocatoria oficial, entre el 20 y el 30 de octubre está previsto que se celebre la conferencia sectorial definitiva, en la que los consejeros de Agricultura de las distintas comunidades autónomas volverán a debatir sobre el Plan Estratégico Nacional, esperando el Ministerio de Agricultura obtener la bendición a un documento que debe estar presentado en la Comisión Europea antes del 31 de diciembre.

No obstante, pese al optimismo mostrado por el propio ministro Luis Planas, el anhelado acuerdo entre las comunidades autónomas se presenta, a priori, complicado, a razón de las acciones de protesta que han emprendido en contra de la nueva reforma distintas regiones de España.

Sin ir más lejos, el campo andaluz, en unidad de acción, volverá a salir a la calle esta semana, para protestar por el recorte de las ayudas de la PAC 2023-2027, ya que aseguran que si el Gobierno de España no rectifica en su propuesta, causará daños irreversibles a Andalucía, cifrados en «pérdidas para los agricultores y ganaderos andaluces de más de 180 millones de euros anuales».

En este momento tan crucial para el campo andaluz, que se juega su presente y su futuro, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, atiende a Agrónoma. Su primer mensaje es de apoyo y aliento para las organizaciones profesionales agrarias, señalando que la Junta camina de la mano del sector, y que apoya la tabla de reivindicaciones que Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía defenderán este jueves día 14.

Las organizaciones y cooperativas han anunciado el calendario de protestas de manera conjunta / Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Unas demandas «que han sido redactadas en común, pues la gran fortaleza de Andalucía radica, por un lado, en la férrea unión de las organizaciones agrarias y del Gobierno regional y, por otro, en el peso del campo andaluz en el conjunto de España».

Pese a estar en la recta final de la negociación, la Junta manifiesta que no flaquearán sus fuerzas: «Estamos negociando hasta la saciedad, y lo seguiremos haciendo hasta el último minuto, pues el objetivo es lograr un Plan Estratégico acorde a la realidad y la diversidad productiva del campo andaluz, pues si la nueva PAC es mala para Andalucía, lo será para España», sentencia Carmen Crespo.

No obstante, la titular de Agricultura sabe que el mango de la sartén lo tiene el Ministerio, y avisa que «será responsabilidad exclusiva del Gobierno de España y del propio ministro, Luis Planas, si finalmente se producen pérdidas millonarias en la PAC de importantes comarcas de Andalucía» comunidad que supone «el 36% de la renta agraria nacional y el 33% de los perceptores de la PAC». «Somos la gran agricultura de España y eso se tiene que reflejar y respetar en el Plan Estratégico», insiste Crespo.

Menos presupuesto

Andalucía rechaza tajantemente el recorte del 10% en términos reales del presupuesto de la PAC en el nuevo marco financiero, lo que se traduciría en unos 1.200 millones de euros menos para la comunidad y 300 millones menos para la provincia de Sevilla en el periodo 2021-2027. «No se puede exigir más al sector recortando el presupuesto», pero, partiendo de esta base, «si hay menos dinero, hay menos para todos, no puede ser que unas comunidades autónomas pierdan y otras ganen en el reparto interno de los fondos europeos».

El ministro y la consejera andaluza durante su reunión previa al acuerdo PAC / MAPA

Sin embargo, el modelo de aplicación del Ministerio puede conducir «a importantes pérdidas de renta en determinados territorios y al trasvase de fondos entre agricultores y ganaderos», especialmente si el Gobierno de España se aferra «en mantener su última propuesta para la conformación de las regiones productivas y de los ecoesquemas», dos de los puntos más sangrantes para la comunidad andaluza.

Cabe recordar que el Plan Estratégico establece una reducción de las 50 regiones productivas actuales a solo 20. Andalucía ha mantenido que admitía una reducción del número de regiones siempre que «se respetaran los equilibrios territoriales y sectoriales actuales, plenamente justificados desde un punto de vista agronómico y socioeconómico». Pero «la distribución comarcal de esas 20 regiones se ha hecho de forma arbitraria, lo que provoca importantes pérdidas de dinero, y no lo vamos a permitir», declara Crespo.

Se trataría de pérdidas «superiores al 15% en zonas de gran importancia agraria como el Condado de Huelva, la campiña de Sevilla, la vega de Antequera o la Loma de Jaén, al encuadrarse en regiones que no corresponden a sus características agronómicas y socioeconómicas», alerta la consejera.

Ecoesquemas

Los ecoesquemas son la gran novedad de la PAC y su diseño ha tensionado los últimos grupos de trabajo. Se trata de instrumentos por los que los agricultores y ganaderos pueden recibir ayudas si realizan actuaciones que vayan en favor del clima y el medio ambiente. Son prácticas voluntarias pero se incluyen dentro del primer pilar, es decir, que tienen un peso muy importante en la asignación de las ayudas directas. En concreto, el 23% de la dotación total de la PAC 2023-2027.

Los ecoesquemas se dividen en dos categorías: agricultura baja en carbono y agroecología, y para aplicar estas prácticas el Ministerio ha definido ocho regiones agroecológicas. Son: pastos húmedos, mediterráneo, secano, secano con cierta pluviometría, regadío y tres categorías para cultivos permanentes según la pendiente.

«Estos ecoesquemas no pueden ser la excusa del Gobierno de España para imponer de nuevo una tasa plana o atender presiones territoriales en perjuicio de Andalucía», denuncia Carmen Crespo. A este respecto explica que «al desvincular los ecoesquemas de las 20 regiones productivas se produce una pérdida importante de ayudas».

En esta situación se encontrarían «más de 750.000 hectáreas de cultivos herbáceos de secano, que perderían entre un 30% y un 45% de las ayudas que deberían tener por ecoesquemas para mantener sus niveles actuales, y unas 250.000 hectáreas de herbáceos de regadío, con pérdidas entre el 25% y el 50%». A esto habría que añadir «amplias zonas de olivar, por encima de 700.000 hectáreas, que también perderían más del 20%». En definitiva, «una amplia superficie de Andalucía vería reducidas sus ayudas aún aumentado las exigencias de sus prácticas medioambientales», critica la consejera.

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Campo de maíz / Agrónoma

Para evitar este impacto, la titular de Agricultura insiste en que «si tenemos 20 regiones productivas habría que definir 20 regiones agroecológicas para desarrollar los ecoesquemas, porque hay que reflejar la diversidad de cultivos de Andalucía, que es mucha».

Por ello, -continúa Carmen Crespo- «al ministro, que es andaluz y conoce perfectamente la diversidad agrícola de nuestra comunidad, le pedimos que se implique directamente en la negociación de los ecoesquemas, y le decimos que no puede sucumbir a presiones territoriales de otras zonas de España». «El reparto de las ayudas de la PAC atañe a la renta de nuestros agricultores pero no deber ser una cuestión política ni territorial», enfatiza Crespo.

«Ni un paso atrás»

La consejera acentúa que «no podemos admitir desde Andalucía ni un paso atrás», porque «si otras regiones de España que son menos agrícolas no van a perder ayudas e incluso pueden ganar, ¿Por qué Andalucía, teniendo el 33% de los perceptores y habiendo aprovechado, como nadie, cada céntimo de euro que nos llega de la PAC para avanzar en innovación, competitividad y sostenibilidad, tiene que perder ni tan siquiera un euro?».

Por ello, la titular de Agricultura proclama «que aquellos agricultores andaluces que se acojan a las prácticas más exigentes mantengan sus niveles de apoyo», e insiste en que «los ecoesquemas deben ser atractivos», pues al ser voluntarios, si los productores no los ven factibles «no se acogerán a ellos, por lo que no estaríamos cumpliendo con el objetivo de sostenibilidad que nos está marcando Europa».

Además, advierte a Planas que «las ayudas del segundo pilar son para invertir en desarrollo rural, en modernización, en fomentar la incorporación de la mujer y facilitar el relevo generacional. No pueden plantearse como medidas compensatorias ante posibles pérdidas en el primer pilar».

Los consejeros de Agricultura de todas las comunidades autónomas junto al ministro / Agrónoma

Crespo asegura que la Consejería lleva desde el verano «trabajando incansablemente en el paquete de los ecoesquemas, poniendo encima de la mesa muchas opciones y muy lógicas, con total transparencia». En cambio, «el Ministerio sigue sin mostrar estudios de impacto que analicen la repercusión territorial y sectorial de sus propuestas», obligando a los consejeros a decidir en la Conferencia Sectorial «a ciegas».

Algunos ‘logros’ y muchas incógnitas pendientes

«Andalucía está haciendo una buena negociación para el reparto nacional de la PAC», asegura la consejera del ramo, Carmen Crespo, pues «cuando empezamos este proceso pintaban bastos, y gracias a la unión del sector hemos conseguido cambiar algunas premisas». Así, en la Conferencia sectorial celebrada en julio se logró acordar que las regiones productivas no bajaran estrepitosamente (se habló de fijar 4) y se establecieron en 20; se fijó el mantenimiento de los derechos y que todos los agricultores tuvieran PAC, incluyendo como perceptor al agricultor pluriactivo, así como una convergencia del 85% para 2026.

«Ahora nos quedan los ecoesquemas, donde nadie tiene que perder ni tiene que haber trasvase entre agricultores. Se puede hacer y se debe hacer», insiste la consejera. Pero además del foco puesto en el diseño de los ecoesquemas, Andalucía sigue trabajando por que la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023, contemple «una ayuda asociada a la aceituna de mesa y que se equiparen las ayudas a la remolacha en el norte y en el sur, así como que se incluyan mecanismos de mercado para responder a posibles crisis».

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