Los agricultores onubenses denuncian una nueva «subida generalizada» de los costes de producción

UPA Huelva ha denunciado que la campaña agrícola de Huelva ha comenzado con una «subida «generalizada de costes». Ante esta situación, la organización agraria ha hecho hincapié en que «los agricultores y ganaderos deben asumir la inversión y endeudarse sin saber si luego recibirán un precio justo por sus producciones».

En este marco, UPA ha recordado que desde el mes de agosto los agricultores ya están en pleno proceso de preparación del terreno e instalación de riego e infraestructuras para la fase de plantación que llegará en el mes de octubre.

Uno de los momentos de «más riesgo económico»

«Este momento es uno de los más importantes y de más riesgo económico, dado que los agricultores tienen que asumir toda la inversión con la esperanza de recuperarla a medida que transcurra la recolección hasta finalizar la campaña. Sin embargo, la subida generalizada de costes de producción frente a los bajos precios que recibe al agricultor desde hace ya demasiadas campañas está asfixiando las economías de los productores», afirma la organización agraria en un comunicado.

UPA Huelva ya viene denunciando desde hace varios años esta situación, pero «el comienzo de esta campaña está siendo especialmente sangrante en lo relativo a subida de costes imprescindibles para poder ejercer la actividad empresarial. La mayor inflación y encarecimiento de precios se está cebando con los agricultores y ganaderos y el arranque del motor agrícola de la provincia está haciendo saltar todas las voces de alarma del sector», inciden.

Al respecto, la organización agraria ha destacado que los envases afrontan subidas del 10%, los plásticos del suelo un 25%, el plástico para invernaderos un 37%, la cinta de riego tape un 21%, el flow-pack y los derivados del plástico un 40%, y las estructuras de hierro para invernaderos un 100%.

Recurren a los créditos

En la mayoría de los casos, explican desde UPA, «los agricultores los asumen a través de créditos que luego tendrán que devolver, con lo que el riesgo que se asume es alto. A la subida de costes citada previamente hay que añadir que el precio de la luz se ha multiplicado por tres en el último año y que el sueldo mínimo interprofesional subió un 5% en 2020. Esto supone que los costes de personal se han incrementado un 27% desde el año 2019».

Al respecto, la organización asegura que «estas subidas vienen argumentadas por los proveedores debido a la repercusión en la subida de materias primas, subida de luz y mano de obra, con lo que el margen de negociación es escaso. Los agricultores y ganaderos deben poder repercutir estos costes en el precio final del producto, pero en la práctica esto no es posible porque el precio final no lo pone el agricultor».

UPA Huelva quiere destacar que «todas estas subidas no serían tan traumáticas para los agricultores y ganaderos si recibieran un precio justo que asegurara la rentabilidad de las explotaciones. Esto no responde a la realidad, como ya ha sido denunciado por la organización en multitud de ocasiones».

Ley de la cadena alimentaria

Por último, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos afirman que tienen «las esperanzas puestas en que la aprobación definitiva de la Ley de la Cadena Alimentaria sirva para asegurar la rentabilidad de las producciones agrícolas y ganaderas», ya que aseguran «no existen soluciones prácticas puestas por las administraciones para abordar los precios justos para el campo».

«Los agricultores y ganaderos sacan adelante productos de primera necesidad y de calidad para la ciudadanía sufriendo continuamente presiones de la gran distribución con precios a la baja sin que sus administraciones los defiendan de forma eficiente», reiteran.

UPA Huelva va a estar «especialmente vigilante» esta campaña con los precios del campo de Huelva para denunciar públicamente a quién intente especular con los precios de los productos agrícolas y ganaderos.

«La subida generalizada de los costes de producción debe luego repercutirse en el precio final de venta. Se necesita que la nueva ley vea la luz cuanto antes y que permita denunciar y sancionar duramente a quién incumpla. Solo así se conseguirá que se respete el trabajo del campo con unos precios justos», concluyen desde la organización onubense.