«Desastre» en el inicio de la PAC: ni la herramienta para presentar la solicitud funciona

Se prevé que en Andalucía se presenten 230.000 solicitudes única de la Política Agraria Común (PAC) para este 2023. La región con más beneficiarios y, por ende, con más trabajo de gestión detrás, que corre a cargo de las entidades colaboradoras (Organizaciones Profesionales, cooperativas y el resto de entidades autorizadas).

El plazo de tramitación de la Solicitud Única comenzó el pasado 1 de marzo, un mes después que la fecha tradicional (el 1 de febrero), pero está siendo, a juicio de Asaja Andalucía, «un auténtico desastre» por una simple razón: la herramienta para gestionar las solicitudes, el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) «ni siquiera funciona».

Nueva versión

Es decir, a 13 de marzo, casi medio mes después de iniciarse el plazo, apenas hay unas decenas de solicitudes iniciadas en la aplicación. Aunque se espera que, a partir del día 15, se ponga en marcha una nueva versión de la herramienta, dependiente del FEGA, que solucione los problemas más graves, lo cierto es que tanto la presentación de las solicitudes como de la ingente información adicional que se requiere en el nuevo marco normativo, están sufriendo un retraso que, temen desde Asaja, «acabe en un problemático cuello de botella».

«Al contrario de lo que nos vendió el Ministerio de Agricultura, que aseguró que esta PAC se iba a simplificar, lo cierto es que tiene mucho más trabajo de gestión detrás, al que se suman, además, las numerosas novedades», aseguran Félix García de Leyaristy, director general de Asaja Andalucía, y Cristina Capela, coordinadora de los servicios técnicos de Asaja Andalucía.

Además, desde la organización agraria lamentan que el plazo de tramitación, que normalmente duraba del 1 de febrero al 31 de abril (con posible ampliación de plazo para modificaciones hasta el 31 de mayo), es mucho «más justo» este año, ya que el plazo se cerrará el 31 de mayo con tan solo 15 días posteriores para modificaciones a lo ya presentado.

Gestión ralentizada

«Si sumamos las dificultades que implica la implantación de un nuevo marco de la PAC a los problemas técnicos, podemos dar por seguro que no vamos a llegar a presentar todas las solicitudes, ya que se está triplicando el tiempo que se necesita para gestionarlas por los nuevos requisitos y figuras técnicas», asegura García de Leyaristy.

Por ello, la patronal agraria exige al Ministerio de Agricultura «que vaya solicitando a la Comisión Europea» una ampliación del plazo de presentación de la PAC. «Debería ir haciendo las gestiones ya con Bruselas para que no lleguemos al último día ahogados, máxime cuando la herramienta, que depende del Ministerio, lleva dos semanas sin funcionar», insisten.

De hecho, desde Asaja Andalucía han remitido una carta a la directora general de Ayudas Directas y Mercados, Raquel Espín, para mostrarle su preocupación y pedirle, que desde la Junta de Andalucía, contribuyan a seguir «presionando» al Ministerio de Agricultura para que se ponga todo en marcha y puedan empezar a gestionar con buen ritmo las ayudas PAC.

Además,, también han solicitado que la normativa dependiente de la Consejería de Agricultura, se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) «cuanto antes». Es toda la normativa autonómica referente a lo que antes se denominaba ‘segundo pilar de la PAC’, y que ahora se enmarca dentro de las ‘intervenciones del desarrollo rural’.

«Es un caldo de cultivo que, al final, lo único que hace es ralentizar la presentación de solicitudes, inquietando a los agricultores y cargando de trabajo a los técnicos de las entidades colaboradoras», se lamenta Cristina Capela.

Eco-esquemas y ayudas agro-ambientales

Por otra parte, desde Asaja Andalucía han solicitado a la Consejería de Agricultura que modifique una disposición adicional de la normativa autonómica en la que la Junta contempla como «una doble financiación» que ciertos agricultores cobren por los eco-esquemas (pertenecientes al nuevo marco normativo), cuando en el anterior marco normativo, tenían compromisos agro-ambientales que incluían las cubiertas vegetales.

Es decir, coincide en un marco temporal el todavía cumplimiento de los compromisos agro-ambientales, que no se limitan a las cubiertas, y uno de los dos eco-regímenes (P6 y P7) de cubierta vegetal. «Nosotros alegamos que en el eco-esquema la cubierta es anual, mientras que en la ayuda agro ambiental solo es hasta el 15 de marzo, por lo que los requisitos son diferentes», insiste el secretario general de Asaja Andalucía.

«En un periodo como este, con dificultades como las sobrevenidas por la guerra en Ucrania, la nueva PAC o la sequía, entendemos que la interpretación que haga la Junta debe ser flexible, teniendo en cuenta que estos agricultores pueden ver reducidas sus ayudas», asegura.

Alegaciones al Pepac

El inicio de marzo también ha estado marcado por las alegaciones conjuntas que las organizaciones agrarias, cooperativas y la Consejería de Agricultura han hecho al Plan Estratégico de la PAC, (Pepac) que aún no han obtenido respuesta.

Por ello, desde el departamento que dirige Carmen Crespo , han emitido diversas declaraciones con objeto de «presionar» al Ministerio de Agricultura.

La secretaria general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Consolación Vera, ha pedido «seriedad» al ministro Planas, y lo acusaba de «echar balones fuera con el único fin de negar las pérdidas que la nueva Política Agraria Común (PAC) trae consigo al campo andaluz, con «recortes de hasta 500 millones de euros».

Por su parte, el viceconsejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Vicente Pérez, incidía en que «nuestra comunidad autónoma aglutina el 35% de los perceptores de la PAC en España y desde el Ministerio no pueden no tener en cuenta este peso y la petición unánime del sector y el Gobierno andaluz».

Y es que se trata, aseguran desde la Consejería de Agricultura, de «correcciones lógicas y coherentes que vendrían a evitar los graves recortes de ayudas que, desde hace tiempo, viene alertando tanto el ejecutivo andaluz como el propio sector al Ministerio de Agricultura que es quien tiene que mantener las negociaciones necesarias con todas las comunidades autónomas y lograr el equilibrio territorial para que nadie pierda fondos a costa de otra».

«Tendemos la mano al gobierno de España para aclarar, justificar o explicar cualquier cuestión o duda que surja en el proceso de revisión de dichas propuestas», insisten desde la Consejería, al tiempo que recuerdan que un estudio «muy avanzado» de la Universidad de Córdoba avala técnicamente las modificaciones solicitadas por el sector andaluz al Ministerio en referencia al Plan Estratégico.