Estas son las diez soluciones que propone el sector a la crisis agraria

El martes, el campo sevillano saldrá a la calle para decir basta. Se suma así al proceso de movilizaciones emprendido por el sector agrario español el pasado 28 de enero bajo el lema #AgricultoresAlLímite.

Hacía 20 años que los agricultores de la provincia no se manifestaban bajo la unidad de acción, pero la pérdida de rentabilidad y de competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas campaña tras campaña, la falta de reconocimiento social al sector y el encarecimiento de todos los ‘inputs’ agrarios hacen insostenible la actividad a pie de campo y desincentivan el tan necesario relevo generacional. Esto hunde al sector en una profunda crisis que, de no combatirse con medidas concretas y urgentes, podría abocar a presenciar las últimas generaciones de agricultores y ganaderos andaluces.

Para que la sociedad sea consciente de lo que se juegan no sólo los productores sino en general toda la provincia, ya que la agricultura es el principal motor económico de la gran mayoría de los pueblos de Sevilla, todas las organizaciones profesionales agrarias han convocado para mañana un paro sectorial, además de tractoradas y cortes de carreteras, previstos en la A49, a la altura de Benacazón; en la A92, a la altura de Aguadulce; en la antigua AP4, entre los kilómetros 53 y 54, y en la A4 a la altura de Carmona, de 11:00 a 14:00 horas.

Será una jornada «plenamente reivindicativa en el campo de Sevilla, pues esperamos que miles de agricultores y ganaderos y cientos de tractores y maquinaria agrícola tomen las principales vías de comunicación para trasladar nuestra protesta», declara el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.

Al campo ya no le basta una declaración de intenciones, sino que precisa de medidas «urgentes y concretas», y para facilitar la labor al Gobierno central, las organizaciones convocantes han consensuado un decálogo de soluciones. Diez demandas que aportarían al sector el oxígeno que le falta y que implican a distintos ministerios. Son:

1) Precios en origen

Es la primera reivindicación del sector y debe ser la primera cuestión que aborde el Gobierno. Las organizaciones proponen la adopción de una serie de medidas legislativas en la «necesaria modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria» para adaptarla a la Directiva comunitaria de prácticas abusivas. Así, demandan que se establezca como práctica prohibida a lo largo de toda la cadena agroalimentaria la venta a pérdidas.

Igualmente, que en la identificación del precio de venta en los contratos se tenga en cuenta expresamente los costes de producción que soportan los agricultores. En cuanto a los contratos, obligatorios por ley, se apunta a la necesidad de «establecer un registro de contratos en el que figure la fecha de contratación, como forma de presionar para que el mismo se realice en su momento, y del que se proveerán tres copias: una para el comprador, otra para el vendedor y otra para la administración».

Así, el vendedor deberá depositar esta copia antes del inicio de la transacción ante una oficina de la comunidad autónoma. Este registro permitirá a las administraciones, además, tener información de primera mano de los precios cerrado en cada sector y en cada momento.

Por otra parte, señalan que «urge endurecer el régimen sancionador, permitiendo que se haga público de forma automática el resultado de las inspecciones y controles desarrolladas por la AICA». A este respecto señalan que «cuando haya una inspección por parte de la AICA no baste pedir sólo el contrato en vigor, sino también los de las tres campañas anteriores». Por otro lado, en cuanto a los productos comercializados piden «etiquetados donde sea obligatorio identificar el origen de los productos que se comercialicen en España».

2) Seguros agrarios

El presupuesto público actual de todas las administraciones destinado a los seguros agrarios ha descendido en más del 35% respecto al periodo 2007-2012. El sector pide recuperar los 420 millones de euros de apoyo público entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Además, exigen ajustar el sistema de seguro agrario a la nueva realidad de cambio climático y adecuar la fiscalidad de las indemnizaciones.

3) Futura PAC

El peso de la Política Agraria Común (PAC) en el presupuesto comunitario «no ha hecho más que reducirse en los últimos 30 años, pasando de un 70 al 39% actual». Por ello, las organizaciones agrarias coinciden en la necesidad de contar con una PAC post 2020 fuerte y común, con un mayor presupuesto para hacer frente a los nuevos objetivos y compromisos.

4) Costes energéticos

Los regantes tienen la necesidad de una elevada potencia para bombear agua durante los meses de riego, pero cuando termina su campaña siguen obligados a mantener la misma potencia contratada, pagando un coste muy alto durante los meses en que no la usan.

Que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos, quedó recogido en la Ley 1/2018 de 6 de marzo de medidas urgentes contra la sequía. Pero esta medida necesita un desarrollo reglamentario para poder aplicarse. Además, hablan del uso del agua desalada para riego, y de que su coste no exceda los 0,3 euros por metro cúbico.

5) Fiscalidad

Respecto al IRPF, los agricultores quieren el compromiso del mantenimiento del Régimen de Estimación Objetiva (o de Módulos) y del Régimen Especial de Agricultura y Ganadería del IVA, así como los límites de ingresos y de gastos de 250.000 euros para poder permanecer en ellos.

Además, una reducción del 35% en la factura del gasóleo y del 15% en factura de plásticos y fertilizantes en el Régimen de Estimación Objetiva. También piden, entre otros asuntos, un incremento de dos puntos del IVA compensatorio para el sector agrario.

6) Financiación

Los convocantes de las manifestaciones solicitan al Gobierno líneas de crédito bonificado para los sectores agrarios en crisis.

7) Subida del SMI

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es especialmente duro de asumir por las Pymes del sector agrario y deteriora aún más sus niveles de rentabilidad, según las organizaciones agrarias. Para compensar los costes laborales del incremento del SMI y de las cotizaciones de la Seguridad Social, el sector demanda una bonificación especial, de tal modo que el incremento del 34,24% en los costes salariales del sector para el periodo 2018 a 2020 sean del 14,10%.

Igualmente, solicitan una bonificación para pasar a indefinidos o fijos discontinuos los trabajadores eventuales, así como la regulación de la cotización parcial de los trabajadores en el Sistema Especial Agrario (SETA). Actualmente «es obligado cotizar por la jornada completa, independientemente de las horas trabajadas», lamentan

8) Acuerdos comerciales

El sector agrario exige que las importaciones de terceros países se sometan a los mismos requisitos fitosanitarios que en la Unión Europea, y pide establecer unas normas comunes sobre etiquetado que den seguridad y confianza a los consumidores.

Respecto a los aranceles de Estados Unidos, las asociaciones demandan al Ejecutivo trabajar junto con la Comisión para eliminarlos. Además, solicitan que se haga una evaluación de impacto real cada vez que se firman nuevos acuerdos comerciales. Por último, en el caso de crisis de mercado, quieren que se pueda activar automáticamente las cláusulas de salvaguardia de las importaciones.

9) Retos de comunicación

Se hace necesario implementar una campaña que acerque la realidad productiva del campo a los consumidores. Por ello, las organizaciones exigen adoptar medidas para explicar el modo de producción europeo, la calidad de producción y las elevadas cuotas de seguridad alimentaria. En definitiva, «poner en marcha una campaña de dignificación de la profesión del agricultor y ganadero».

10) Mejorar los regadíos

Las peticiones se encaminan a exigir que se potencie la modernización de los regadíos como forma de ser más eficientes y sostenibles en el uso del agua y en el de la energía. Igualmente, los agricultores demandan potenciar la depuración de aguas residuales e impulsar su uso como agua regenerada en los riegos de los cultivos.